Rosa Icela Rodríguez y Gobernadora prometen seguridad a familias desplazadas en Chilapa, Guerrero
El recorrido se realizó luego de una semana de ataques armados y explosivos lanzados desde drones por parte de Los Ardillos, que mantuvieron bajo asedio a diversas comunidades del municipio
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y Evelyn Salgado, Gobernadora de Guerrero, encabezaron este miércoles un recorrido por comunidades de Chilapa, en la región Montaña Baja, para dialogar con familias desplazadas por los ataques del grupo delictivo Los Ardillos que comenzaron el 6 de mayo, escuchar sus demandas y anunciar compromisos inmediatos, entre ellos el restablecimiento de las Bases de Operaciones Interinstitucionales, la instalación de un corredor seguro para el ingreso de víveres y la puesta en marcha de ferias de servicios.
De acuerdo con el comunicado difundido por la Secretaría de Gobernación, el recorrido por Alcozacán y Coatzingo tuvo como eje reiterar que el diálogo es una prioridad para el Estado mexicano.
Durante la visita, las funcionarias conversaron con las familias desplazadas y escucharon sus necesidades, particularmente en materia de seguridad, acceso a servicios básicos y apoyo humanitario.
“Desde el gobierno de México creemos firmemente que la resolución de los conflictos entre personas, comunidades y autoridades debe construirse siempre a través de la concertación, el entendimiento y la búsqueda de acuerdos”, expresó la titular de Gobernación, según el comunicado.
Anuncian corredor seguro y ferias de servicios para la población
La Segob detalló que se atenderán las demandas más urgentes mediante el establecimiento de un corredor seguro que permita el ingreso de víveres, así como la provisión de atención médica, alimentación e insumos esenciales.
También anunció la llegada de brigadas para facilitar el acceso a programas sociales de Bienestar y la realización, a partir de la próxima semana, de ferias de servicios y trámites, además de la presencia del Tianguis del Bienestar.
Cuestionan retiro del Ejército previo a los ataques
Uno de los anuncios a destacar fue el compromiso de restablecer en la región las Bases de Operaciones Interinstitucionales a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional Guardia Nacional y la Policía Estatal Policía Estatal de Guerrero.
Líderes comunitarios y organizaciones civiles han denunciado que muchos de los efectivos que integraban las tres bases de operaciones en la región salieron de sus posiciones el 6 de mayo sin explicación ni aviso previo, coincidiendo con el inicio de los ataques del grupo delictivo Los Ardillos.
Según explicó Jesús Plácido Galindo, líder de la Cipog-EZ, en entrevista publicada este miércoles en Animal Político, los ataques comenzaron después de que el gobierno retiró al Ejército de la zona.
Detalló que en la región hay tres puestos militares distribuidos en puntos estratégicos, pero muchos de sus efectivos se retiraron el 6 de mayo sin explicación, lo que dejó un vacío de vigilancia que permitió que Los Ardillos, asentados en el municipio vecino de Quechultenango, atacaran la comunidad de Tula, utilizando incluso drones para provocar el desplazamiento de la población.
La Segob informó también que se propuso instalar una mesa de diálogo entre comisarios ejidales y los gobiernos federal y estatal, con el objetivo de firmar un acuerdo que permita construir condiciones duraderas de paz y convivencia en la región.
El recorrido se realizó luego de una semana de ataques armados y explosivos lanzados desde drones por parte de Los Ardillos, que mantuvieron bajo asedio a diversas comunidades del municipio.
La Segob reportó este martes que fuerzas federales y estatales retomaron el control territorial, restablecieron los servicios de luz y telefonía y liberaron carreteras bloqueadas.
La dependencia contabilizó 120 personas desplazadas y seis lesionadas, aunque la policía comunitaria del Concejo Indígena Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ) Concejo Indígena Popular de Guerrero Emiliano Zapata elevó la cifra a más de 800 habitantes desplazados de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán.
Crisis de más de una década y señalamientos sobre narrativa oficial
Las organizaciones civiles y autoridades comunitarias han advertido que esta ofensiva representa el punto más crítico de una crisis que se arrastra desde hace más de una década, vinculada al interés del crimen organizado en controlar rutas hacia la Montaña Alta y la Costa, en un contexto en el que las guardias comunitarias han mantenido resistencia territorial.
El gobierno federal ha sostenido que la violencia deriva de una disputa entre Los Ardillos y Los Tlacos, pero líderes comunitarios rechazaron esa interpretación.
Carlos González García, integrante de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena, aseguró que “la narrativa en el sentido de que se trata de una confrontación entre Tlacos y Ardillos es totalmente nueva para nosotros. Nosotros reconocemos una confrontación y una violencia de Los Ardillos hacia las comunidades y hacia sus policías comunitarias”.
El conflicto actual, recordó el antropólogo Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, tiene raíces en 2015, cuando comunidades nahuas de Chilapa y José Joaquín de Herrera comenzaron a organizarse en defensa de su territorio frente al avance del crimen organizado.