SCJN sesionará por primera vez fuera de la Ciudad de México en casi 109 años

El encuentro se celebrará este 26 de febrero de 2026 en la explanada de la Casa de la Cultura de Tenejapa, Chiapas

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) viajarán más de 920 kilómetros desde la Ciudad de México hasta Tenejapa, Chiapas, para celebrar este 26 de febrero de 2026 su primera sesión plenaria fuera de la capital desde 1917. El encuentro, a celebrarse a las 12:00 horas en la explanada de la Casa de la Cultura de ese municipio, abordará únicamente tres asuntos relacionados con derechos indígenas y competencias constitucionales.

La sesión fue presentada por la SCJN como un hito institucional y el inicio de lo que el máximo tribunal denominó una etapa de justicia itinerante, orientada a acercar las decisiones jurisdiccionales a comunidades históricamente alejadas de los centros de poder. Sin embargo, el carácter predominantemente simbólico del encuentro quedó evidenciado en que uno de los temas a resolver no podrá concluirse sino hasta que el Congreso federal legisle en la materia, sin que exista fecha definida para ello.

La elección de Tenejapa, localidad ubicada a dos horas en automóvil de Tuxtla Gutiérrez de Cienfuegos, responde, según la propia SCJN, a “una pertinencia social y territorial”. Chiapas concentra la tercera población indígena más grande del país, con presencia de 12 de los 68 pueblos reconocidos en México, y cerca del 70 por ciento de su población vive en situación de pobreza multidimensional. La región también ha sido escenario de violencia del Cártel Jalisco Nueva Generación y del Cártel de Sinaloa: en noviembre de 2023, una emboscada perpetrada por un grupo criminal dejó un militar muerto y dos heridos, y provocó el desplazamiento de 225 personas.

El primer asunto de la agenda es un amparo en revisión promovido por la comunidad tzotzil de La Candelaria, perteneciente a San Cristóbal de las Casas, que reclama el reconocimiento formal de su gobierno comunitario. La ministra ponente, Loretta Ortiz Ahlf, propone conceder el amparo por la omisión del Congreso local de Chiapas al no crear leyes que regulen la autonomía y libre determinación de los pueblos originarios; no obstante, reconoce en el propio proyecto que esa legislación local deberá esperar a que el Congreso federal expida la nueva Ley General en la materia. El proyecto establece un plazo de 180 días naturales para que el Congreso de Chiapas subsane la omisión, contados a partir de la entrada en vigor de dicha ley general.

El segundo tema es una controversia constitucional interpuesta por la Presidencia de la República contra el Gobierno de Hidalgo, por haber declarado en 2024 a la charrería como patrimonio cultural intangible de esa entidad, acción que el Ejecutivo federal consideró una invasión de su competencia. La ministra Sara Irene Herrerías Guerra expone que Hidalgo contaba con las facultades para hacerlo. El tercer punto, a cargo del ministro Arístides Guerrero García, es un amparo en revisión promovido por la comunidad indígena rarámuri de Tehuerichi, en el municipio de Carichí, Chihuahua, que desde 2012 emite sus propias actas de nacimiento y fallecimiento ante la ausencia de documentos oficiales. Guerrero García propone reconocer al gobierno tradicional, validar los documentos emitidos por la comunidad y vincular a diversas dependencias públicas para implementar políticas interculturales.

Las sesiones fuera de la capital quedaron contempladas en el nuevo reglamento de la SCJN, publicado el 4 de septiembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), tras la toma de protesta de los nueve ministros electos mediante voto directo en junio del mismo año. Según el artículo noveno de ese reglamento, las sesiones extraordinarias en territorio podrán realizarse a petición de los propios ministros, por decisión propia o a solicitud ciudadana.

La sesión itinerante coincidió con la divulgación, este 25 de febrero de 2026, de un comunicado institucional en el que la SCJN celebró sus primeros cinco meses de trabajo y defendió su desempeño ante las críticas por la escasa generación de jurisprudencia. Entre el 1 de septiembre de 2025 y el 30 de enero de 2026, la nueva integración publicó únicamente ocho tesis de jurisprudencia en 20 ediciones del Semanario Judicial de la Federación (SJF), frente a las 126 tesis que la anterior integración difundió en el mismo periodo, 117 de ellas de carácter obligatorio.

Ante ese contraste, la SCJN argumentó que la ausencia de tesis publicadas no implica la inexistencia de precedentes obligatorios. “El verdadero contenido vinculante radica en la ejecutoria misma y en las consideraciones que sustentan la decisión”, sostuvo el tribunal. En términos cuantitativos, el Pleno resolvió 898 asuntos en 64 sesiones entre septiembre y enero, con un promedio de 14 casos por sesión, lo que, según la propia SCJN, representa una capacidad resolutiva 5.4 veces mayor por sesión respecto a la integración anterior, operando con 20 por ciento menos sesiones y 10 por ciento menos ponencias. En diciembre de 2025, el Pleno resolvió 159 asuntos en siete sesiones, cifra que la institución calificó como récord histórico.

Entre las resoluciones destacadas en ese período figuraron la invalidación del requisito de acreditar cinco años de convivencia o un hijo en común para acceder a pensión por muerte e servicios de salud en casos de concubinato en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), así como criterios para la expedición de pasaportes que garantizan la libertad religiosa y la no discriminación. Al mismo tiempo, los ministros avalaron reformas impulsadas durante la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellas la desaparición de 109 fideicomisos de ahorro, la asignación directa de plazas a egresados de normales públicas y la prohibición de servir alimentos en zonas de restaurantes destinadas a fumadores.