Senadora de Morena admite que ordenó sacrificar 10 mil perros cuando fue Alcaldesa en Tecámac
Mariela Gutiérrez asegura que los animales representaban un riesgo y que las acciones se realizaron conforme a la ley; activistas exigen su separación del cargo
La Senadora Mariela Gutiérrez Escalante, integrante del Movimiento Regeneración Nacional, reconoció que durante su gestión como Alcaldesa de Tecámac de Felipe Villanueva, Estado de México, se sacrificaron 10 mil perros.
La también secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la República compareció este miércoles ante los medios de comunicación en el recinto tras la viralización de un video en redes sociales en el que se le imputaba el sacrificio de 2 mil 500 canes.
“Fueron 10 mil”, declaró Gutiérrez Escalante, y precisó que los animales fueron sacrificados conforme a las normas oficiales mexicanas y porque previamente habían agredido a personas.
“Habían mordido, habían violentado a la gente. Tengo fotografías que me enviaba la propia ciudadanía. Mi comunicación con la gente que goberné en Tecámac de Felipe Villanueva, mis conciudadanos, siempre fue muy abierta, siempre fue muy derecha”, afirmó.
La legisladora indicó que los sacrificios quedaron documentados en expedientes del Centro de Bienestar Animal de Tecámac de Felipe Villanueva y aseguró contar con evidencias fotográficas que no exhibió para preservar la privacidad de los quejosos.
Señaló que durante sus dos administraciones al frente del municipio, comprendidas entre 2019 y 2024, se realizaron más de 50 mil esterilizaciones y se atendió a más de 80 mil animales en situación de calle, además de que se impulsaron campañas de adopción.
El detonante de la controversia fue un video grabado en octubre de 2025, en el que funcionarios de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México y de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna cuestionaron a la entonces Alcaldesa por qué su administración privó de la vida a esos animales.
En la grabación, Gutiérrez Escalante argumentó que la medida se aplicó con apego a la ley y que los registros institucionales respaldaban cada decisión.
La Senadora afirmó que el video fue difundido con el propósito de obtener mayor repercusión mediática y que sus cifras fueron “descontextualizadas”.
“Cada acción que se tomó fue bajo un principio claro, reducir el sufrimiento, proteger a la población animal y actuar conforme a la ley, y sobre todo protección a la ciudadanía en general. No fueron decisiones tomadas a la ligera, fueron decisiones respaldadas por los protocolos que establece la normatividad y por una responsabilidad institucional que no podría ignorarse”, sostuvo al leer un posicionamiento formal ante el Senado.
Gutiérrez Escalante también rechazó las afirmaciones que intentan vincularla con cualquier acto de maltrato animal y encuadró el problema como un fenómeno de alcance nacional.
“Es un problema nacional, no es un problema privativo de Tecámac, de uno u otro estado de la República Mexicana”, argumentó, y subrayó que en México existe una “crisis real” de abandono masivo y reproducción sin control de animales callejeros que, afirmó, “no se puede reducir a un video simplista”.
En respuesta a las declaraciones de la Senadora, la ambientalista Zyanya Polastri, integrante de la asociación Freedom Souls Kids & Paws, presentó el mismo 15 de abril un escrito ante la Oficialía de Partes de la Mesa Directiva del Senado para solicitar la separación del cargo de Gutiérrez Escalante.
Polastri afirmó que la denuncia original proviene de ex trabajadores de la Propaem, quienes documentaron que entre 2019 y 2024 se sacrificaba un animal cada tres horas sin diagnóstico previo.
La activista estimó que la cifra real de animales sacrificados podría alcanzar los 14 mil 23, por encima de los 10 mil que la propia legisladora reconoció.
“Desde 2019 hasta 2024, se registró que ella mataba cada tres horas a un animal, sin ningún estudio previo, sin ningún diagnóstico previo. Solamente llegaban los perros y eran asesinados”, declaró Polastri.
La petición de la activista no equivale a una solicitud formal de desafuero, pues según el procedimiento legislativo vigente, dicha acción solo puede ser presentada por una fiscalía, condición que no se había cumplido hasta el cierre de esta edición.