Sheinbaum acepta que lineamientos de audiencias deben aclararse
La Presidenta de México reiteró que en su administración no se ha ejercido censura
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aceptó que los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias deben aclararse, tras los cuestionamientos e inconformidades expresados por concesionarios, organizaciones y especialistas, aunque descartó que el instrumento tenga como propósito censurar a los medios de comunicación.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, rechazó que exista una restricción a la libertad de expresión.
“¿Hay censura? No hay censura”, aseguró.
Enseguida planteó la posibilidad de ajustar el texto sometido a consulta.
“¿No se está de acuerdo con los lineamientos? Hay que buscar adecuarlos para que sean más claros, pero el derecho de las audiencias es un principio constitucional”, afirmó.
Precisó que las sanciones previstas no se aplicarían por contenidos ni por la información difundida, sino por tres causas específicas: no emitir un código de ética, no nombrar a una persona defensora de las audiencias y no poner a disposición de los radioescuchas y televidentes mecanismos de defensa.
Informó que la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, ya sostuvo una reunión con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, quienes evalúan presentar una propuesta de modificación al anteproyecto.
“Se les explicó y en todo caso ellos están viendo si hacen una propuesta de alguna modificación”, comentó.
Sheinbaum Pardo defendió la conferencia matutina como instrumento para responder a publicaciones con las que su administración no coincide.
“¿Que mienten todo el día, qué hacemos nosotros? Decimos miren esto es mentira, la verdad es esta, aquí se informa cómo está la pensión adulto mayor cómo están las becas, los programas de Bienestar, cómo estamos dando incentivos a los productores agrícolas de Sinaloa, cómo tenemos el programa de Vivienda para el Bienestar, cómo van las carreteras, cómo van los trenes y hay apoyo popular al Gobierno, eso es lo que más les molesta”, expresó.
El pronunciamiento se produjo cuatro días después de que instruyera, el 31 de julio, a Alcalde Luján a entrar en contacto con la CIRT para atender las dudas del sector respecto a la regulación elaborada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
El anteproyecto fue presentado el 28 de julio por la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, quien informó que las multas serían impuestas por la CRT como última instancia, cuando un medio desatienda las recomendaciones de su defensoría y persista la vulneración de derechos de las audiencias.
El procedimiento comenzaría con una queja ciudadana ante la defensoría del medio, instancia que deberá solicitar un informe al concesionario y emitir una recomendación en un plazo máximo de 20 días.
Los lineamientos obligan a los concesionarios a contar con un código de ética y a designar al menos a una persona defensora de las audiencias, además de distinguir entre noticias, opiniones y publicidad, y de no difundir información falsa, descontextualizada o histórica presentada como actual.
Las disposiciones serían aplicables a concesionarios comerciales, públicos y sociales de televisión abierta, radio, televisión y audio de paga, así como a empresas programadoras.
La CIRT y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación advirtieron el 28 de julio que el anteproyecto contiene riesgos de una regresión democrática y abre la puerta a mecanismos de censura institucionalizada.
La cámara empresarial objetó que se establezca una multa de hasta el 1 por ciento de los ingresos anuales acumulados de cada concesionario o programador por cada supuesta falta informativa, cuando la legislación vigente contempla sanciones únicamente por no designar defensor de audiencias y por no emitir códigos de ética.
La JUFED, que preside la Magistrada en retiro Julia García González, sostuvo que la pretensión de regular las líneas editoriales de la prensa vulnera el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza la libre manifestación de las ideas y la libertad de expresión y difusión.
La consulta pública fue abierta por la CRT el 27 de julio y permanecerá vigente hasta el 21 de agosto, periodo en el que recibirá comentarios de concesionarios, especialistas, organizaciones, instituciones académicas y ciudadanos.
La CIRT anunció que realizará un análisis con sus mil 200 estaciones afiliadas para fijar una posición unificada que será presentada en ese proceso.