Sheinbaum congela sueldo y eleva tope a burocracia
En el presupuesto de 2027 Se prevé que el salario de la Presidenta de México se mantenga en 134 mil pesos mensuales
El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 planteó mantener prácticamente sin cambios el salario de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respecto a 2026, mientras que la remuneración anual de referencia que fija el tope salarial para los servidores públicos registrará un incremento de 4 por ciento.
De aprobarse la propuesta en el Congreso de la Unión, la Presidenta mantendrá un ingreso ordinario mensual neto de aproximadamente 134 mil pesos.
En el desglose de los anexos de remuneraciones, el sueldo base anual de Sheinbaum Pardo se fijó en cerca de 636 mil pesos y la compensación garantizada en 1.7 millones de pesos, cifras equivalentes a las establecidas para el ejercicio fiscal de 2026.
La suma de ambos conceptos conservará un monto cercano a los 2.3 millones de pesos anuales, mientras que la remuneración bruta anual se mantendrá en alrededor de 2.9 millones de pesos.
En términos netos, la remuneración anual prevista para la Presidenta rondará los 2.1 millones de pesos tanto en 2026 como en 2027.
La variación en el ingreso neto anual se proyectó en menos de 1 por ciento, derivada principalmente de los ajustes en el cálculo del Impuesto sobre la Renta correspondiente a cada ejercicio fiscal.
Por otra parte, la remuneración anual de referencia de Sheinbaum Pardo pasará de 3.2 millones a 3.3 millones de pesos, lo que representa un aumento estimado de 128 mil pesos, equivalente al 4 por ciento.
Dicho monto no corresponde al ingreso que cobrará Sheinbaum Pardo de forma directa, sino al parámetro utilizado para fijar el límite máximo establecido en el artículo 127 de la Constitución Política, el cual prohíbe que cualquier servidor público perciba un salario superior al asignado a la titular del Ejecutivo Federal.
El ajuste en la referencia presidencial impactará de forma directa en las pensiones de los funcionarios públicos sujetos a la reforma constitucional aprobada en 2026 contra las denominadas “pensiones doradas”.
Dicha disposición legal determinó que las pensiones financiadas con recursos públicos para ese sector no podrán exceder la mitad de la remuneración mensual fijada para la Presidenta, por lo que el incremento de 4 por ciento en la base de referencia elevará en la misma proporción el monto máximo para los beneficiarios de ese esquema.