Sheinbaum descarta que crimen organizado haya intervenido en elecciones de Morelos
La FGR detectó financiamiento del Cártel de Sinaloa a campañas en ocho municipios de Morelos; ya suman 20 alcaldes detenidos en el sexenio
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la infiltración del Cártel de Sinaloa en municipios de Morelos demuestren que el crimen organizado intervino en las elecciones de 2024, pese a que la propia FGR señaló que el cártel financió campañas políticas en al menos ocho municipios de esa entidad.
Ante la pregunta directa de si el caso Morelos evidenciaba intromisión del narco en los comicios, Sheinbaum Pardo respondió que los hechos probados hasta ahora son distintos a esa interpretación. “No, no se demuestra eso, se demuestra que hay dos alcaldes y algunos de las personas que trabajan ahí que fueron denunciadas y que en este momento presuntamente tienen vínculos con la delincuencia organizada”, declaró la titular del Poder Ejecutivo Federal.
La mandataria nacional también puso en duda que dichos vínculos existieran desde antes de las elecciones municipales de 2024. “Si eso ocurrió desde las elecciones o no, pues no sabemos ¿verdad?”, expresó, y agregó que extender la hipótesis de infiltración electoral constituía una interpretación que no podía sostenerse con la información presentada. “Eso es porque no se puede extender una hipótesis frente a lo que ocurrió, puede ser una hipótesis tuya o una interpretación tuya”, afirmó.
El 20 de mayo de 2026, Ulises Lara, Fiscal Especializado en Asuntos Relevantes de la FGR, había informado que el Cártel de Sinaloa financió campañas políticas en al menos ocho municipios de Morelos con el propósito de obtener protección institucional y operar con impunidad delitos como extorsión, homicidio, secuestro y narcomenudeo. Lara identificó a Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, como el operador regional de esa organización criminal encargado de cooptar alcaldes y funcionarios municipales en la entidad.
El 21 de mayo de 2026, autoridades federales ejecutaron órdenes de aprehensión en seis domicilios catados en los municipios de Huimilpan, Querétaro, y Atlatlahucan y Cuautla, Morelos, lo que derivó en la detención de seis personas. Entre los capturados figuran Agustín Toledano Amaro, alcalde de Atlatlahucan por la coalición PRI-PAN-PRD-RSP; Irving Sánchez Zavala, ex edil de Yecapixtla por el PAN, detenido en Querétaro; y Arisbel Rubí Vázquez Amaro, alias “La Jefa”, ex candidata a la alcaldía de Atlatlahucan por Morena. Asimismo fueron capturados Horacio Zavaleta Malacara, secretario del Ayuntamiento de Cuautla; Jonathan Espinoza Salinas, tesorero del mismo ayuntamiento; y Pablo Adrián Portillo Galicia, empresario y Oficial Mayor de ese municipio. El alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, se encontraba prófugo al cierre de la información.
Los mandatos judiciales fueron librados por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Sonora, con sede en Hermosillo, por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, señaló que la red criminal “afectaba directamente a comerciantes, transportistas, familias y sectores productivos” mediante amenazas y cuotas ilegales.
Las investigaciones también apuntan a una estructura financiera integrada por 32 personas y empresas cuyas cuentas serán congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como parte de las indagatorias sobre posibles redes de protección y colaboración con organizaciones criminales. Según la FGR, las pesquisas se originaron en denuncias ciudadanas por amenazas, cobro de piso y extorsiones en municipios del oriente de Morelos, región donde también operan grupos ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación, células de la Familia Michoacana y remanentes de Los Rojos.
El Gobierno Federal informó que, con estas capturas, suman 20 presidentes o ex presidentes municipales detenidos durante la presente administración por presuntos vínculos con estructuras delictivas.