Sheinbaum enviará reforma ambiental para frenar daños de megaproyectos
Se busca prevenir daños ambientales y también proteger los derechos de las personas y de las comunidades
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviará al Congreso de la Unión una reforma que obligará a que los megaproyectos cuenten con una evaluación ambiental integral antes de iniciar, con el fin de impedir que sean analizados como una suma de predios u obras aisladas, según se informó durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.
Alicia Bárcena Ibarra, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, explicó que el propósito de la iniciativa consiste en medir los efectos de un proyecto en toda una zona o región, particularmente cuando se trate de desarrollos inmobiliarios, obras de infraestructura u otras inversiones de gran escala.
La propuesta busca actualizar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, publicada en 1988.
Aunque la legislación vigente ya contempla evaluaciones de impacto ambiental para diversas obras y actividades, la reforma agregará una revisión estratégica destinada a conocer el efecto completo de los grandes proyectos antes de su ejecución.
“Más que sanciones, más que ser punitivos, lo que queremos en esta ley es ser propositivos, es decir, que aquellos que van a iniciar grandes proyectos hagan una evaluación estratégica ambiental previa al proyecto y que no se fragmenten en proyectos, que no se vean uno por uno cuando están abordando un cambio en una zona, en una región”, planteó Bárcena Ibarra.
El proyecto incorpora los temas de restauración, reparación y remediación ambiental, ausentes en el texto original de la ley.
También considera el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación de océanos y costas.
“Esta ley nos brinda nuevas herramientas, herramientas muy novedosas para atender los nuevos retos ambientales. Tiene, por ejemplo, un programa de restauración ecológica; estamos en la década de la restauración”, señaló.
Entre los principios de la reforma figuran prevenir antes que reparar, conservar y restaurar los ecosistemas y tomar decisiones con base en la ciencia.
La propuesta prevé además incorporar los conocimientos de los pueblos indígenas y las comunidades.
La Secretaría del Medio Ambiente sostuvo que la nueva legislación buscará dar certeza a las comunidades y a las empresas que inviertan en zonas donde existen conflictos ambientales, y planteó que la población tenga acceso a la información y pueda participar en las decisiones.
“Lo que estamos buscando es prevenir estos daños ambientales y también proteger los derechos de las personas y de las comunidades”, expuso.
El texto plantea ordenar el territorio frente a los desarrollos inmobiliarios, sanear ríos, barrancas, playas y costas, y avanzar hacia una economía circular que reduzca la basura e incremente el reciclaje.
Contempla asimismo medidas para proteger a los defensores ambientales y al patrimonio biocultural.
“Antes hacíamos esto, conservábamos, preservábamos, pero sin la gente; hacíamos grandes reservas, sí, está perfecto, pero ahora lo hacemos con la participación de la gente”, afirmó Bárcena Ibarra.
La dependencia federal prepara por separado una Ley de Bienestar Animal, cuyo contenido se dará a conocer posteriormente.