Sheinbaum pide a EU pruebas sobre presuntos nexos del CJNG con campañas políticas
La Presidenta afirmó que desconoce cuáles son los motivos de esos señalamientos
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al Gobierno de Estados Unidos presentar pruebas sobre sus señalamientos de que el Cártel Jalisco Nueva Generación financia campañas electorales e impone a políticos afines al crimen organizado mediante recursos provenientes del robo de combustible.
Hizo el planteamiento este 1 de julio durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.
Horas después de las declaraciones presidenciales, la Fiscalía General de la República y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, acudieron a Palacio Nacional.
Pasadas las 10:00 horas llegaron la Fiscal General, Ernestina Godoy; el Fiscal Especializado en Materia de Delincuencia Organizada, César Oliveros, y el Fiscal Especializado de Control Regional, David Boone de la Garza.
García Harfuch arribó prácticamente a la misma hora por el estacionamiento techado con entrada por Correo Mayor, mientras que los otros tres funcionarios ingresaron por la puerta ubicada en el número 8 de la calle Corregidora.
La reunión ocurrió después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó al CJNG de utilizar las ganancias del robo y contrabando de combustible, conocido como huachicol, para financiar campañas electorales y favorecer la elección de políticos dispuestos a colaborar con la organización criminal.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Control de Delitos Financieros, ambas del Departamento del Tesoro, anunciaron el 30 de junio una serie de acciones para combatir los esquemas de contrabando de combustible vinculados al cártel, con sanciones a líderes de la red y advertencias sobre su incidencia en la política electoral mexicana.
Como parte de las sanciones, el Gobierno estadounidense congeló activos e impuso restricciones a dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas presuntamente relacionadas con la red financiera y logística del CJNG dedicada al huachicol fiscal.
Entre los sancionados está Óscar Guillermo Juraidini Silva, señalado por el Tesoro como contador y operador financiero clave del Cártel, a quien se le atribuyen seis empresas en México dedicadas al transporte, los servicios financieros y el sector inmobiliario, además de una más en el Reino Unido.
También fue sancionado J. Refugio Ruiz Villagómez, vinculado a las firmas Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, relacionadas con el mismo esquema.
Juraidini Silva operaba al menos tres empresas transportistas en Tamaulipas y fungía como mediador entre grupos antagónicos del crimen organizado afines al Cártel del Golfo, identificados como Los Metros, en Reynosa, y Los Escorpiones, en Matamoros, facciones en conflicto desde hace más de una década.
Por ambas ciudades se contrabandeaba diésel y gasolina desde Estados Unidos.
El reporte del Tesoro precisa que la investigación contó con colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, aunque no identifica a partidos, candidatos ni funcionarios específicos vinculados con las presuntas operaciones.
Sheinbaum Pardo señaló que una parte del trabajo se realiza en conjunto con la UIF, pero cuestionó la falta de pruebas sobre el señalamiento relativo al financiamiento de campañas.
“Una parte de ello se trabaja con la UIF, lo que no entendemos pues es la parte cuando informan de las campañas, porque de eso nunca fuimos informados y además qué pruebas tienen también, porque es lo mismo. O sea, es decir que ocurre algo sin ninguna prueba”, declaró.
Comparó el caso con el proceso de extradición solicitado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra nueve políticos morenistas de Sinaloa, entre ellos el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y presunta colusión en las elecciones estatales de esa entidad.
Sheinbaum Pardo indicó que, en ese tipo de solicitudes, Estados Unidos exige a México pruebas, por lo que consideró que la práctica debería aplicarse en ambos sentidos.
Afirmó también que el Departamento del Tesoro se adelantó a la comunicación conjunta con México, ya que la UIF ya tenía bajo investigación a los mexicanos señalados en el comunicado estadounidense.
“En este caso, las personas de las que habla este comunicado ya estaban también bajo investigación de la UIF, pero ellos se adelantan con el comunicado, no esperaron a la comunicación conjunta, y ponen este tema de las campañas que no entendemos a qué viene, se los digo muy francamente”, agregó.
Tras reconocer la colaboración de México con Estados Unidos a través de la UIF, Sheinbaum Pardo admitió que su administración no ha sido informada de manera oficial sobre el supuesto financiamiento de campañas por parte del CJNG.