Sheinbaum presenta iniciativa para homologar delito de feminicidio
La iniciativa de ley buscará establecer una pena homologada de 50 a 70 años de prisión en todo el país, buscando esclarecer y evitar deficiencias en los procesos estatales
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó una iniciativa de ley general que será enviada al Congreso de la Unión con el objetivo de homologar la tipificación, sanción e investigación del delito de feminicidio en las 32 entidades del País.
Esta legislación busca establecer una pena única, estandarizar los protocolos de las fiscalías y garantizar la reparación del daño integral para las víctimas y sus familias.
Durante la presentación del proyecto, la mandataria destacó su responsabilidad como la primera mujer Presidenta para proteger a las ciudadanas frente a la violencia, definiendo al feminicidio como un delito de odio.
Sheinbaum advirtió que el propósito central es alcanzar la “cero impunidad”, corrigiendo las fallas de algunas fiscalías que actualmente catalogan muertes violentas de mujeres como suicidios o que minimizan las declaraciones de los familiares, pese a que cerca del 90 por ciento de los casos son perpetrados por la pareja, ex pareja o un familiar directo de la víctima.
Por su parte, la Consejera Jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde, explicó que la creación de esta ley general responde a la existencia de tipos penales fragmentados, ya que los estados regulaban el feminicidio de formas distintas, lo que provocaba deficiencias en los procesos, pérdida de indicios y subregistros en los que los feminicidios se catalogaban simplemente como homicidios.
Alcalde detalló que la nueva iniciativa establece una pena homologada de 50 a 70 años de prisión en todo el país y tipifica 10 razones de género, así como 19 agravantes que aumentan la condena, aplicables si la víctima es niña, adolescente, adulta mayor, periodista, defensora de derechos humanos, o si el crimen involucra ataques con ácido.
Además, precisó que se castigará la tentativa de feminicidio con penas de entre la mitad y las dos terceras partes de la condena máxima, y se aplicarán sanciones adicionales a los responsables, como la pérdida de la patria potestad, la tutela y los derechos sucesorios.
El delito, subrayó, será imprescriptible y no admitirá criterios de oportunidad, libertad condicionada ni amnistía.
En cuanto a su proceso legislativo, Alcalde indicó que se confía en que el Congreso de la Unión discuta y dictamine esta ley a partir de septiembre, durante el nuevo periodo de sesiones.
En el ámbito de atención y derechos humanos, la iniciativa impone la obligación de investigar estos casos con debida diligencia reforzada, aplicando protocolos especializados y obligatorios que incorporan la perspectiva de género en todas las instituciones de procuración de justicia.
Procesos con perspectiva de género
La subsecretaria de las Mujeres, Ingrid Gómez, enfatizó que la ley reconoce derechos fundamentales para las víctimas y sus familias, tales como el acceso a la verdad y la justicia, atención médica y psicológica de urgencia, asistencia jurídica especializada gratuita y un reclamo histórico de las víctimas: la restitución o entrega del cuerpo de manera digna, respetuosa y asistida.
Gómez también hizo un llamado a los medios de comunicación y plataformas digitales para respetar la dignidad de las víctimas directas e indirectas, prohibiendo hacer apología de la violencia con imágenes y contenidos degradantes.
Finalmente, la subsecretaria destacó el enfoque de la ley hacia las víctimas indirectas, anunciando la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en orfandad por feminicidio, una medida articulada para identificar, proteger y dar certeza jurídica y de vida a los menores que sobreviven a la pérdida de sus madres por este delito.