Sinaloa, ante oportunidad histórica de romper 60 años de colusión entre poder político y narcotráfico: Adrián López Ortiz
En entrevista con Denise Maerker, revisa las raíces de la operación del narcotráfico en Sinaloa hasta el estallido de la violencia actual y la acusación de Estados Unidos contra el Gobernador Rubén Rocha Moya
La solicitud de extradición formulada por el Gobierno de Estados Unidos contra el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el Alcalde de Culiacán, un senador y diversos mandos de seguridad del Estado representa un punto de quiebre sin precedente en la historia política mexicana, según lo dijo Adrián López Ortiz, director general del periódico Noroeste.
En una entrevista con la periodista Denise Maerker, para NMás (antes Televisa), López Ortiz analizó en profundidad las raíces históricas, la crisis institucional y las condiciones necesarias para que Sinaloa pueda reconstruirse tras décadas de convivencia normalizada entre las élites gobernantes y los grupos del crimen organizado.
López Ortiz sostuvo que la acusación formal de la justicia estadounidense es inédita precisamente porque apunta de manera directa a un Gobernador en funciones, lo que exhibe cómo actores políticos locales creyeron durante años que podían administrar o controlar a las estructuras criminales.
Señaló que la sociedad sinaloense construyó durante décadas un relato para justificar esa convivencia: la narrativa de que el narcotráfico local traía progreso, construía infraestructura y respetaba a la ciudadanía.
Esa creencia, afirmó, se desmoronó con la guerra interna que estalló en el Estado.
Los orígenes de esa relación se remontan a los años 70, cuando el escolta del entonces Gobernador Leopoldo Sánchez Celis era Miguel Ángel Félix Gallardo.
Desde la época de los denominados “gomeros”, traficantes de opio, el crimen organizado y la élite política sinaloense comenzaron a entrelazarse de forma profunda.
Con el tiempo, los grupos criminales dejaron de dedicarse exclusivamente al tráfico de estupefacientes y se diversificaron en lo que López Ortiz describió como una “mafia funcional”: venta de alcohol ilegal, control de cuotas de agua para riego agrícola, instalación de miles de cámaras de videovigilancia clandestinas y la operación de centros de apuestas, prostitución y distribución de drogas.
El crecimiento económico de la entidad, lejos de contener la violencia, volvió altamente lucrativos otros delitos, como el robo masivo de vehículos, del que el estado reporta cifras cercanas a los 11 mil autos sustraídos.
El punto de inflexión llegó el 25 de julio de 2024, fecha en que se realizó una reunión a la que fueron convocados el ex Rector y político Héctor Melesio Cuén, Ismael Zambada García, conocido como “El Mayo”, y líderes de la facción de los “Chapitos”.
El resultado fue el asesinato de Cuén Ojeda y la entrega de Zambada García a las autoridades estadounidenses por parte de Joaquín Guzmán López.
El episodio desnudó la colusión institucional: la Fiscalía del Estado de Sinaloa, encabezada entonces por Sara Bruna Quiñónez Estrada, montó una versión falsa sobre el asesinato, simulando que Cuén Ojeda había sido víctima de un asalto en una gasolinera.
La Fiscalía General de la República desmintió ese montaje al demostrar que el político fue asesinado en la finca donde tuvo lugar la reunión, lo que derivó en la renuncia de Quiñónez Estrada.
Adrián López recordó que además se documentó que en las elecciones de 2021 grupos delictivos secuestraron a operadores de la oposición.
Ante la crisis desatada tras el 25 de julio de 2024 y la evidente complicidad de las corporaciones locales, el Gobierno federal intervino de manera drástica: llegó a desarmar durante semanas a la totalidad de la Policía Municipal de Culiacán, acción que evidenció la desconfianza absoluta de la Federación hacia las instituciones de seguridad del Estado.
El director general de Noroeste criticó duramente la “indolencia” con la que el Gobierno estatal manejó la crisis en sus etapas iniciales, argumentando que “no pasaba nada”, y subrayó que la administración de Rocha Moya llegó al colapso sin instituciones sólidas capaces de hacer frente a la emergencia.
Para que Sinaloa pueda reconstruirse, insistió en que las tres premisas planteadas por el Gobierno federal -verdad, justicia y respeto a la soberanía- deben cumplirse en ese orden, sin ninguna simulación institucional.
Es indispensable, afirmó, esclarecer qué ocurrió realmente el 25 de julio de 2024 y aplicar la ley sin concesiones.
Pese al panorama devastador -más de 3 mil 200 homicidios, 4 mil personas desaparecidas y la pérdida de miles de empleos en el estado-, López Ortiz expresó un cauto optimismo.
Consideró que al haberse exhibido el nivel de colusión y descomposición institucional, Sinaloa ha tocado fondo, y que esto, sumado al respaldo sin precedentes del Gobierno federal, representa una oportunidad histórica que esta generación no puede desperdiciar.
”Si no se actúa ahora, el Estado podría perder otros 50 años atrapado en esta dinámica criminal”, advirtió el periodista.