SRE reserva por cinco años comunicaciones sobre nexos de Rocha Moya e Inzunza con el narco
La Cancillería invoca riesgos a la cooperación bilateral para blindar por un lustro el expediente diplomático del caso
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reservó por un plazo de cinco años toda la documentación relacionada con las comunicaciones entre México y Estados Unidos sobre las acusaciones de presuntos vínculos con el narcotráfico que pesan contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador por esa entidad, Enrique Inzunza Cázares.
La resolución se dio en respuesta a una solicitud de transparencia presentada en mayo pasado ante la Unidad de Transparencia de la Cancillería, mediante la cual se pidió hacer públicos todos los oficios, comunicaciones diplomáticas, solicitudes de asistencia jurídica internacional, notas verbales, correos institucionales y minutas intercambiados entre las autoridades de México y EU respecto al caso de ambos políticos sinaloenses.
La Unidad de Transparencia determinó que la divulgación de esa información podría afectar la confianza y confidencialidad necesarias para el intercambio de información entre autoridades de ambos países, además de incidir negativamente en la eficacia de los canales institucionales de coordinación establecidos para la atención de asuntos de interés estratégico común.
“La divulgación de esta información podría menoscabar la conducción de las relaciones internacionales del Estado mexicano, al revelar elementos sensibles de los mecanismos de cooperación, análisis de información, estrategias de coordinación intergubernamental y consideraciones para la conducción de la interlocución diplomática entre México y EU”, señaló la Cancillería en su resolución. “Dicha información requiere ser clasificada como reservada por un término de cinco años”, agregó.
En abril de 2026, la Fiscalía de Nueva York hizo públicas las acusaciones contra una decena de ex funcionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el grupo delictivo Los Chapitos, entre quienes figuran Rocha Moya e Inzunza Cázares.
Inzunza Cázares no ha solicitado licencia a su escaño en la Cámara Alta y, tras la congelación de sus cuentas bancarias derivada del proceso, cobra su dieta legislativa mediante un cheque, de acuerdo con la información disponible sobre el caso.
La reserva de la información dejó sin resolver, al menos por los próximos cinco años, el alcance de las gestiones diplomáticas realizadas por el Gobierno de México ante las autoridades estadounidenses en torno a las acusaciones que involucran a ambos funcionarios sinaloenses.