Tribunal ordena comisión para entregar archivos del Ejército sobre ‘Guerra Sucia’
Un Tribunal Colegiado reconoció la omisión de la Secretaría de la Defensa Nacional en su obligación de transparentar y entregar expedientes relacionados con las violaciones a derechos humanos.
El Poder Judicial de la Federación determinó que la Secretaría de la Defensa Nacional, conocida anteriormente como Sedena, incumplió con su obligación de transparentar y entregar los expedientes militares sobre violaciones a derechos humanos ocurridas durante la llamada “Guerra Sucia”, cometidas entre 1965 y 1990. Ante ello, ordenó la creación de una comisión para garantizar la transferencia de la documentación.
La resolución fue dada a conocer por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), tras la sesión del pasado 6 de agosto en la que el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió el amparo en revisión 43/2025.
Por una mayoría de dos votos de las magistradas Sandra Janet Hernández Chávez y Ana María Ibarra Olguín, se concedió la protección de la justicia a Alicia de los Ríos Merino, quien busca a su madre desaparecida, del mismo nombre, desde 1978.
Determina crear comisión de transferencia de archivos
El amparo fue promovido originalmente en noviembre de 2023 por De los Ríos Merino, acompañada por Artículo 19 y el Centro Prodh.
La acción legal se derivó de los obstáculos, ocultamientos y alteraciones de expedientes documentados por el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) en su informe de octubre de ese mismo año, titulado “Las formas del silencio”.
Aunque el MEH tuvo acceso inicial a archivos inéditos que aportaban líneas de búsqueda, posteriormente el Ejército bloqueó la consulta de los documentos y alteró cajas previamente identificadas.
De acuerdo con el Centro Prodh, el Tribunal Colegiado determinó que, ante la complejidad de lograr el cumplimiento de esta sentencia, la resolución definitiva debe ordenar la creación de una Comisión de Transferencia de Archivos de carácter imparcial.
Esta comisión estará integrada por miembros del Archivo General de la Nación (AGN) y se encargará de realizar la correcta catalogación, conservación, clasificación y transferencia de la documentación militar.
Esta obligación de entrega se fundamenta en un Acuerdo Presidencial publicado en febrero de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, el cual instruyó a todas las dependencias federales —incluida la Sedena— a transferir al Archivo General de la Nación los archivos históricos relacionados con persecución política y violaciones de derechos humanos de esa época, garantizando el acceso público. No obstante, los archivos del cuerpo castrense no han sido entregados en su totalidad.
Ambas organizaciones que han acompañado el caso —Artículo 19 y Centro Prodh—calificaron la resolución judicial como un avance significativo para garantizar el derecho a la verdad y el acceso a la justicia de las víctimas.
Asimismo, destacaron que, para cientos de familias de personas desaparecidas, los expedientes de las fuerzas armadas representan un espacio “para la búsqueda de la verdad. En ellos puede encontrarse información indispensable para conocer el paradero de sus seres queridos, reconstruir los hechos y establecer responsabilidades”.
Por último, hicieron un llamado al cumplimiento de la sentencia, el cual, indicaron, “dependerá de la voluntad política del Estado mexicano en su conjunto”.