Tribunal ordena reactivar proceso penal contra Emilio Lozoya por caso Agronitrogenados
Determina el tribunal colegiado que el ex funcionario que no puede beneficiarse del acuerdo reparatorio firmado por Alonso Ancira con Pemex
El Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México ordenó este 23 de julio reactivar el proceso penal contra Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos, por el caso de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, en el que se le acusa del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El órgano colegiado confirmó la sentencia del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación, que negó al ex funcionario el amparo y la protección de la justicia con los que buscaba mantener congelado el asunto.
La resolución se aprobó por unanimidad con base en el proyecto de la Magistrada Lorena Oliva Becerra, que determinó que Lozoya Austin no puede beneficiarse del acuerdo reparatorio firmado por Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México, con Pemex, convenio que extinguió la acción penal contra el empresario por presuntos sobornos derivados de la venta a sobreprecio de la planta a la empresa productiva del Estado.
En su proyecto, la Magistrada citó criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación e indicó que, al celebrar el acuerdo reparatorio de cumplimiento diferido, Ancira Elizondo optó por la mancomunidad y no por la solidaridad de la obligación, por lo que el ex titular de Pemex no puede verse beneficiado con la suspensión del proceso.
“Lo anterior permite concluir que, en el caso concreto, es posible dividir el objeto de la obligación y, en consecuencia, que en mancomunidad cada deudor pueda cubrir una parte de la deuda derivada de la reparación del daño que, no obstante, sigue siendo común”, establece el proyecto aprobado.
El entonces juez de control del Reclusorio Norte, Gerardo Alarcón López, había suspendido el proceso penal contra Lozoya Austin por el caso Agronitrogenados, al considerar que la reparación del daño firmada por Ancira Elizondo lo beneficiaba.
El 10 de julio de 2026, la Fiscalía General de la República informó que el acuerdo reparatorio celebrado con el dueño de Altos Hornos de México, derivado de la investigación relacionada con la compra de la planta de fertilizantes por parte de Pemex, tuvo como fin reparar el daño económico ocasionado por la adquisición, realizada con un sobreprecio determinado mediante un dictamen contable.
Pemex pagó 275 millones de dólares por la planta, mientras que una valuación del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales estableció que una planta nueva tiene un valor de 58 millones 335 mil 960 dólares. Se determinó así un sobreprecio de 216 millones 664 mil 40 dólares, monto fijado como reparación del daño.
A solicitud del propio empresario, se propuso un acuerdo reparatorio por ese monto, con la garantía del 99 por ciento de las acciones de Grupo Acerero del Norte, además de cuatro hornos y tres inmuebles, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones. El Consejo de Administración de Pemex autorizó la celebración del convenio el 9 de febrero de 2021 y un juez de control lo aprobó el 19 de abril del mismo año.
Según la FGR, el convenio estableció que el pago se realizaría en tres parcialidades. La primera, por 50 millones con 40 dólares, se cubrió el 30 de noviembre de 2021, y la segunda, por 54 millones 166 mil 10 dólares, el 30 de noviembre de 2022, con lo que se pagó un total de 104 millones 166 mil 50 dólares. El tercer y último pago, por 112 millones 497 mil 990 dólares, que debía realizarse el 30 de noviembre de 2023, no fue cubierto.
Ante el incumplimiento, la FGR pidió al órgano jurisdiccional la reanudación del proceso penal contra Ancira Elizondo. El empresario manifestó que no pudo hacer el pago debido a un proceso de capitalización y reestructura financiera de su empresa, por lo que solicitó una prórroga.
El Consejo de Administración de Pemex consideró viable ampliar el plazo hasta el 30 de noviembre de 2024, decisión autorizada por el juez de control el 10 de enero de 2024. En consecuencia, el 7 de marzo de 2024 se firmó un convenio modificatorio para reflejar la nueva fecha de vencimiento. No obstante, el 12 de junio de 2024, el juez de control reservó la aprobación definitiva del convenio debido a una suspensión derivada de un juicio de amparo promovido por Lozoya Austin.
La orden judicial se emitió dos semanas después de que Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del ex funcionario, fuera vinculada a proceso por el mismo asunto.