Tulum: Tierra de ambiciones

"Desapariciones forzadas, homicidio, persecuciones, amenazas, extorsión: Ingredientes del despojo de tierras a ejidatarios de la Riviera Maya, sello del PRI en Quintana Roo"

Reportaje publicado conjuntamente con Aristegui Noticias y Newsweek

Desapariciones forzadas, homicidio, persecuciones, amenazas, extorsión:
Ingredientes del despojo de tierras a ejidatarios de la Riviera Maya, sello del PRI en Quintana Roo.
La batalla que se libra en Tulum, una de las zonas eco-turísticas más bellas y protegidas del país, es similar a la que enfrentan ejidatarios de todo el país: desde Oaxaca hasta baja California. Las dinámicas de despojo responden a una guerra abierta entre empresarios corruptores y políticos corruptos que han tomado a los tribunales agrarios como rehén, en ocasiones corrompiendo jueces, pero según los propios magistrados agrarios, lo que enfrenta el país es una batalla por desaparecer los ejidos en un contexto de pulverización institucional en el que la ambición empresarial se impone a la ley y a los planes de desarrollo sustentable de diversas provincias del País


Eran las 9:35 de una soleada mañana del jueves 17 de mayo de 2012 cuando un hombre de tez morena, vestido con playera polo color verde entró en las oficinas del despacho López Joers & Varela Abogados, ubicado en la calle Dos poniente, cerca del centro de Tulum. El hombre que dijo llamarse Érik solicitó al abogado Luis Hernández Patiño que le señalara la oficina de Álvaro López Joers. Al abrir la puerta para presentarlos, el visitante sacó un arma tipo escuadra y encañonó a Hernández, exigiéndole que se metiera en el baño y quedara boca abajo en el piso. 

Inmediatamente el hombre armado se acercó a López Joers, de 52 años, le exigió que se hincara frente al escritorio y le disparó dos tiros precisos que le dieron muerte, el primero en el pecho, el segundo en el cuello. El hombre armado salió corriendo, un auto con dos sujetos le esperaba en la esquina y los testigos los vieron huir sin que, hasta la fecha, se conozca el nombre real, los motivos y el paradero del asesino. Los reportes del homicidio se dieron de inmediato; en el expediente consta que los agentes del retén policiaco instalado en la carretera de Playa del Carmen (Municipio Solidaridad), al norte de Tulum, detuvieron a los tres sujetos, hablaron con ellos y les dejaron ir. Los lugareños aseguran que el asesino pertenece a la Policía Judicial de Cancún; tres años después el homicidio sigue sin resolverse. 

Álvaro López Joers, nació en el Distrito Federal, era litigante, especializado en juicios mercantiles y agrarios. Hace diecinueve años, entre 1992 a 1996 fue subdelegado jurídico de la Procuraduría Agraria en Chetumal, capital de Quintana Roo, lo que le convirtió en un experto en el tema. Él documentó los incontables intentos de despojo, robo e invasión de terrenos propiedad de ejidatarios originarios de la región. En el momento de su homicidio, Álvaro llevaba la defensa de 40 personas propietarias legítimas de terrenos en el ejido de Tulum denominado oficialmente Ejido José María Pino Suárez, también representaba legalmente a la Asociación de Colonos Turísticos Ecológicos Pino Suárez.
Las y los ejidatarios, a quienes entrevistamos para este reportaje, aseguran que la muerte de su abogado fue una advertencia para todos los que buscan justicia por la vía institucional. 

El litigio más complejo que llevaba López Joers al momento de su muerte estaba relacionado con el despojo de seis predios costeros, ubicados en el kilómetro 10 de la carretera costera Tulum-Boca Paila, especialmente en los hoteles eco-turísticos denominados "Vía Laktea", "Hamaca Loca", "Xicho", "Casa del Jaguar", "Tierras del Sol" y "Sueños", según los ejidatarios el juicio presentaba avances positivos para los afectados. Unas semanas antes de su muerte el abogado López Joers manifestó que como parte de los litigios para conservar la propiedad de terrenos de la zona costera interpuso una demanda contra documentación apócrifa presentada ante esta instancia por una rica familia de Nuevo León de apellido Garza Ponce, quienes pretendían quedarse con una fracción de la franja costera de seis kilómetros, perteneciente al ejido de José María Pino Suárez. Dijo que los empresarios José María Garza Ponce, Agustín Villarreal Elizondo, Esteban Schiavon Magaña y Felipe de Jesús Montemayor Garza, pretendían despojar a los posesionarios de las tierras costeras pertenecientes a este ejido ubicado entre la selva y el mar Caribe, mediante escrituras públicas cuyo origen es un falso título de propiedad No. 673, de fecha 27 de diciembre de 1948. López Joers aseguró que Garza Ponce le amenazó, argumentando su relación cercana con el Gobernador Roberto Borge. Sólo después de muerto el abogado, un juez determinó que los documentos de los norteños eran apócrifos y el Tribunal Agrario los desestimó también. 

Luego del asesinato de su abogado defensor, los integrantes de la Asociación de Colonos Turísticos Ecológicos Pino Suárez, denunciaron ante las autoridades y los medios de comunicación el despojo que pretendían hacer los empresarios José María Garza Ponce, Agustín Villarreal Elizondo, Esteban Schiavon Magaña y Felipe de Jesús Montemayor Garza, representados por Carlos Amador Treviño Lozano, originario de Monterrey, Nuevo León. Los despojos se sostienen en operaciones que vinculan directamente a políticos, servidores públicos y empresarios oportunistas. Como en todos los ejidos del País, la cantidad de títulos apócrifos y de ventas fraudulentas de terrenos representa un problema legal de grandes proporciones. 

La fábrica de juicios laborales 

El Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, según testimonios, ha sido facilitador del despojo de una veintena de terrenos costeros en Tulum, noveno municipio del estado y uno de los destinos turísticos del Caribe mexicano con mayor potencial de crecimiento. 

El Mandatario estatal, según testimonios de quienes trabajaron con los operadores de despojo de terrenos en seis kilómetros de la zona costera Tulum-Boca Paila y los alrededores de la Laguna "Nopalitos" en el Ejido Pino Suárez, ha echado mano de la Secretaría estatal del Trabajo y Previsión Social (STPS), para fabricar litigios laborales promovidos por supuestos empleados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, y despojar a particulares de terrenos, casas en zonas residenciales y hoteles en Tulum. 

Una pieza clave de la estrategia para hacerse de valiosos terrenos en zonas de alta plusvalía, ha sido Enrique de la Cruz Pineda, el subsecretario del Trabajo y Previsión Social en la zona norte. 

Según un ex trabajador de ese "despacho de trámites" De la Cruz Pineda propuso a Borge aprovechar los remates de bienes embargados por la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje (JECA), fruto de algún litigio entre empleador y trabajador. Según un testigo presencial, se contrata gente para indagar la situación de inmuebles en zonas de alta plusvalía o con potencial de desarrollo. Una vez ubicados los inmuebles, se fabrican "empleados", que demandan laboralmente a falsos dueños de terrenos, residencias y hoteles. 

En una casa de dos pisos, color salmón, sin número en la calle 3 Durazno, casi esquina con Avenida Náder en el centro de Cancún, encontramos las oficinas de Luis López, originario de Monterrey y supuesto operador de los despojos vía juicios laborales. En las afueras de las oficinas nos encontramos con "el contador" que laboró durante casi un año bajo el mando de López, hasta que, según su propia versión, se dio cuenta de que lo que hacían era una operación ilegal de despojo, ordenada por el Gobernador Roberto Borge y por un grupo de socios del mismo. 

"Cuando tú como empleado vas a la Junta y demandas al patrón, cuando ya pasaron años y hay sueldos caídos y al final la sentencia es favorable para el trabajador, la Junta verifica las propiedades del patrón, se gravan y se embargan. Se llama embargo precautorio. Si el patrón tiene el dinero, le paga al trabajador; en su defecto, se vende en una subasta ese bien y el dinero se entrega al trabajador". Dice el contador. "Ese es el procedimiento legal. Pero De la Cruz le propuso (al Gobernador) investigar la situación de los predios; el "gober" le dio el visto bueno (...) fabrican empleados, fabrican empresas, fabrican todo", explicó la fuente. 

"Cuando lo nombran Gobernador, comienza a llamar a todos sus amigos; todos los que puso, si te fijas, son chavos; son sus cuates. Su gran amiguísimo es Enrique de la Cruz. El de la idea original de empezar a adjudicarse todos los terrenos y propiedades por medio de la Junta, fue Enrique de la Cruz (...) pero el cerebro es Luis López Naranjo, egresado del Tec de Monterrey, que estudió con Beto Borge. 

"Por medio de la Junta se ha hecho de muchísimos terrenos; uno de ellos en Punta Venado", narra el contador.
Punta Venado está dentro del municipio de Tulum; el Presidente Enrique Peña Nieto denominó novena decisión prioritaria de su sexenio el Tren Transpeninsular con una inversión de 20 mil millones de pesos. En enero 2015 se canceló el proyecto por recortes presupuestales, pero el Gobierno federal pagó 1,343 millones de pesos a la empresa AdHoc Consultores, propiedad de Aarón Dychter Poltolarek por los estudios sobre Tulum. 

"Todo lo empezaron a hacer por medio de la Junta. Primero por un terreno, que no recuerdo dónde, pero fue en un día inhábil. Había días en que no se trabajaba, sólo se quedaban las personas que tenían que hacer 'las cosas'. Ellos hacían los juicios. Trabajan principalmente con Alexis, prosigue, al referirse a Alexis Zavala Ávila, quien preside la Junta de Conciliación y Arbitraje II, en Cancún. 

"Yo estuve presente cuando orquestaron la fabricación del juicio laboral JECA/PC/1164/2011. Lo fabricaron escondiendo todo de los verdaderos dueños de los negocios turísticos Puerta del Cielo, Hotel Playa Azul, Cabañas Ixchel y Cabañas dos Ceibas". La fuente muestra los documentos de lo que se denominó el megadesalojo del 23 de mayo de 2014. 

"El supuesto empleado, que es cualquier hombre al que contratan de fuera para suplantar, por ejemplo un jefe de meseros, o un gerente, no demanda al verdadero posesionario del predio ejidal, sino que asegura falsamente que su patrón era Carlos Amador Treviño Lozano. Entonces los de la Junta de Conciliación nunca citan al verdadero dueño para preguntar si ese sujeto trabajaba con ellos, sino supuestamente citan a Amador Treviño, que o nunca se presenta o si va, acepta que efectivamente les quedó a deber sueldos caídos. Pierde el caso y sin previo aviso a los verdaderos posesionarios, llega la gente de López, de Enrique de la Cruz, acompañados de algún notario y con cientos de policías, se apropian de las tierras, dicen que están en litigio y rápidamente la "venden" a un prestanombres. 

El testigo, que teme por su integridad física desde que se atrevió a hablar de esta operación, asegura que estas transacciones se repiten sistemáticamente, que han despojado a hoteleros extranjeros, a empresarios mexicanos de dinero y a ejidatarios que no tienen dinero pero sí su tierra. A todos, según la fuente, les une un punto en común: temen la ira y venganza del Gobernador y socios empresarios. Sus testimonios coinciden con los de tres arrendatarias argentinas que rentaban parcelas ejidales para operar pequeños restaurantes, boutiques, escuelas de yoga y pequeños hoteles ecoturísticos en los que invirtieron todo su capital y que la policía les robó. 

A fines de 2012 Carlos Amador Treviño Lozano, acudió a la unidad VIII del Ministerio Público de Tulum y sin pruebas aseguró que su predio había sido invadido ilegalmente y que quienes lo ocupaban le amenazaron. La "investigación" procedió bajo total secrecía y el 19 de julio de 2013 la gente de Treviño Lozano apareció acompañada de 15 camionetas policiacas con 200 elementos de la Policía Judicial de Quintana Roo portando armas largas. 

Despojaron a los propietarios de 14 hoteles. La policía amenazó y golpeó a quienes defendieron su propiedad, los huéspedes de los hoteles fueron sacados a rastras por la policía estatal; se les robaron cámaras y celulares para impedir que utilizaran las imágenes captadas en el ataque policiaco. La gente, angustiada salió corriendo sin poder tomar sus artículos personales y documentos oficiales. Los medios locales dieron cuenta gráfica y crónica de estos hechos. Inmediatamente se instaló un grupo de policías del estado y un centenar de trabajadores de una empresa de seguridad privada, ilegalmente armados a resguardar las propiedades con cadenas, candados y alambres de púas. Las amenazas de muerte a los ejidatarios no se dejaron esperar. Cuarenta turistas interpusieron denuncias ante la PGJ por robo de posesiones personales y por haberles sacado a golpes de los hoteles. Ninguna procedió. 

El 23 de mayo de 2014 se llevó a cabo el denominado megadesalojo de cuatro hoteles de playa en Tulum. Dos supuestos trabajadores (que nunca laboraron ni vivieron en Tulum) ganaron un juicio laboral de forma expedita. La fuerza pública desalojó a trabajadores, turistas hospedados y empleados gerenciales de cuatro hoteles. Los propietarios de dichos predios quedaron paralizados frente a la toma ilegal de sus terrenos, operada nuevamente por un centenar de policías estatales y municipales fuertemente armados. Uno de los empleados de la junta local de Conciliación y Arbitraje dio orden al jefe de la Policía Municipal de que detuviera a cualquier reportero que estuviera tomando fotografías, los fotorreporteros fueron advertidos. Testigos y propietarios aseguran que la policía les robó tanto a ellos como a los turistas cámaras y teléfonos celulares con los que documentaban el desalojo. Las quejas de diplomáticos ante el Gobernador no surtieron efecto alguno. 

Ya organizaciones ambientalistas como GEMA y CEMDA, así como en INAH, junto a buzos y espeleólogos unidos, han denunciado públicamente las pretensiones de empresas y políticos para destruir casi diez mil hectáreas de selvas y manglares a fin de crear un proyecto hotelero de alto impacto. Tulum, que pertenecía a Cozumel, se convirtió en municipio libre en 2008 debido a los cambios del Plan Maestro de Desarrollo Tulum orquestados por el ex Gobernador Félix González Canto (hasta marzo de 2015, delegado del CEN del PRI en Nuevo León). En 2011 la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el nuevo Plan de Desarrollo, y ordenó que se protejan los zonas naturales y sitios arqueológicos. Fue entonces que González y el sucesor Borge movieron los planes hacia la zona sur, en donde se encuentra el Ejido Pino Suárez, el Parque Tulum y la Biósfera de Sian Ka'an serán afectados. La violencia incrementa en la medida en que los empresarios y políticos ya están vendiendo por Internet tierras que no les pertenecen con el proyecto Maya Zamá I y II. 

Un testigo presencial 

El señor R.T abogado de Quintana Roo desde hace treinta años, quien trabajó muy cerca del Gobernador Hendricks y fue cercano del abogado asesinado, narra frente a la cámara la historia de ilícitos gubernamentales para expropiaciones y despojos ejidales desde tiempos del Gobernador Mario Villanueva hasta la fecha. 

Respecto a Tulum se le preguntó a R.T si tiene conocimiento de quién dio la orden del asesinato del abogado López Joers, "yo no se si él (el Gobernador Borge) dio la orden (de asesinarlo), pero fue el equipo". Se le pregunta quién es el equipo "todos los que están metidos en el despojo de tierras". "Los que se encargan de sacarte de tus terrenos son la Policía Municipal, ya ni siquiera se toman el trabajo de contratar villanos para irte a sacar". R.T que ha testificado en los juicios de despojo narra que "hay dos tipos de invasión: hay la elegante y hay la callejera. En la callejera llegan con gente, sacan a la gente que tienes allá, a tus veladores y trabajadores y se meten ellos. Hay otra que es con la policía y como no te puedes defender de un uniformado porque te va peor, te sacan y ellos se meten". 

Explica lo que define como el despojo elegante "un ejemplo, un juicio laboral, inventan un empleado que trabajó contigo y cuando te das cuenta en cuestión de tres meses el juicio ya está sentenciado. Ya quisiera cualquier empleado del País lograr una sentencia laboral tan rápida... ah y ejecutada y que al día siguiente la puedas vender (la tierra) porque ni siquiera entran a remate los predios. Al día siguiente ya tienen las escrituras y luego vas a preguntar por el juicio a la Junta de Conciliación y Arbitraje, y no aparece. Obviamente el director de la junta está coludido. Por ser estatal tiene que haber una orden del Gobernador. Y los mismo es con los penales, con los laborales, con los mercantiles con todos tipos de juicio que así han quitado diferentes hoteles, sacando a los turistas. Todos los periódicos (locales) lo sacaron en su momento. 

Siete mujeres y cinco hombres habitantes de Tulum que fueron despojados de sus tierras y solicitan que sus nombres no sean revelados por temor a las represalias, aseguran que detrás de la operación para robarles sus tierras ejidales está la aprobación del Gobernador Roberto Borge Angulo. 

La señora B. Cuyos dos hijos fueron amenazados por la Policía Municipal que incautó sus terrenos sin aval judicial, vigila constantemente su tierra y describe lo que ha denunciado ante la Procuraduría de Justicia: "Hay tres policías cuidando mi terreno, todos están armados, antes usaban el uniforme de la policía de Tulum, ahora tienen uniformes negros como los de la (policía) Judicial. Estuve vigilando y detecté quién les paga a los que me impiden regresar a mi predio, cada viernes viene un abogado en una camioneta roja, se llama Gilberto Díaz". Las mujeres, al igual que el resto de 120 ejidatarios de la zona, han entablado denuncias penales sobre el despojo, han ganado juicios en el Tribunal Agrario, a pesar de ello la policía sigue resguardando los predios. 

Pablo, originario de Tenosique Tabasco, habitante de Tulum desde hace treinta y cinco años explica: "El Gobernador Borge viene a cada rato, lo vemos llegar con sus escoltas. Se hospeda en el nuevo Hotel Copal, que construyeron sus amigos en tiempo récord y sin permisos para destruir la duna y el manglar. Allí se queda Borge los fines de semana y hacen fiestas; ponen a los policías municipales a limpiar la playa. Una vez los hoteleros, que son ecoamigables de bajo impacto se quejaron por el escándalo de las fiestas, la policía vino y nos dijo que no nos quejáramos porque era la fiesta del Gobernador". 

Como en otras zonas ejidales del País los despojos van acompañados de violencia, amenazas de muerte, actos extrajudiciales y ecocidios. El abogado Édgar Mauricio Pumaro de la Cruz, representaba a seis ejidatarios víctimas de despojo, y aseguran miembros del Asociación de Colonos Turísticos Ecológicos Pino Suárez, Pumaro renunció a llevar todos los casos luego de que en mayo del 2014 llegaran a sus oficinas siete hombres en autos con placas de Monterrey, iban armados y le exigieron que se retirara de la defensa legal. 

La señora A.N asegura que en ningún despojo ha habido orden judicial. "Los policías llegan armados a sacarnos como si fuéramos ladronas, traen una carta simple que dice que están asegurando el predio por un juicio laboral. Conmigo entró la Policía Judicial, traían armas largas, detrás venían cuatro encapuchados con armas de alto poder. 
¿Y me va usted a decir que eso pasa sin conocimiento del Gobernador? ¡Si salieron las fotos en el periódico! Todas nuestras denuncias penales han desaparecido de la Procuraduría del estado. Cuando nos expulsaron de nuestras casas y negocios, Chabela, de la junta ejidal le llamó al jefe de la policía de Tulum para pedir que vinieran en nuestra ayuda, porque tenemos todos los papeles para demostrar que estos terrenos son nuestros". Chabela confirma "Sí yo le hablé al jefe de la policía y me dijo: no la puedo atender porque esta orden viene desde arriba". 

Policía custodia predios costeros 

En plena playa un oficial de la Policía Municipal de Tulum –armado con pistola y rifle- se ostenta como guardián de terrenos costeros. Se le pregunta la razón para que un elemento de Seguridad Pública cuide predios. 

"¿Cómo que por qué la policía? Porque hay un oficio del Ministerio Público que nos giraron para custodiar predios que invadieron gente ajena", explica y pide la presencia de un notario para que se nos permita el ingreso a la playa. Durante la conversación, el oficial que no porta una sola identificación, es videograbado e intenta sacar el arma y arrebatar la cámara al fotorreportero. El agente asegura que la Constitución prohíbe que se le tomen fotos a la policía. 

Cuestionado sobre la identidad de quienes –dice- invadieron los terrenos que cuida, responde que la desconoce. Al escuchar que existen versiones de que quienes han invadido los terrenos son gente del Gobernador, el oficial se ríe y exclama: "No, ¿qué pasó? O'ra sí que es puro cuento, a nosotros nos mandan a custodiar nada mas los predios, que no haya gente ajena". 

El policía explica su presencia como custodio por instrucciones del director de Seguridad Pública Luis Germán Sánchez Méndez, con base en una presunta orden del Ministerio Público, que no exhibe. "Yo nada más obedezco órdenes", esta reportera intentó entrevistar al director de la Policía Municipal, Luis German Sánchez quien declinó hablar del asunto con la prensa. 

En las oficinas de la Procuraduría General de Justicia de la zona norte los cuatro ministerios públicos adscritos aseguran que, hasta donde ellos saben, no existen órdenes judiciales para la custodia policiaca de predios, "esos son asuntos entre civiles, asegura el Ministerio Público, la policía no tiene por qué intervenir". Ante la solicitud de una entrevista grabada los agentes aseguran que las órdenes del Gobernador son que nadie hable con la prensa, "porque se está aprobando una nueva ley para regular la libertad de expresión". 

En una visita por los predios invadidos por la gente de Treviño Lozano, pudimos contar a 150 personas cuidando los terrenos, desde miradores construidos con madera. Todos armados portan walkie talkies. Además hay 70 guardias privados, vestidos de negro y también armados con pistolas 9 milímetros; ellos pertenecen a una supuesta agencia de seguridad, propiedad de Rafael Zozil Rodríguez, alias "El Dóber". No se encuentran registros oficiales de dicha agencia. Zozil ha sido acusado por las autoridades y señalado de pertenecer a la sede del cártel de Sinaloa en la Riviera Maya. Al aproximarnos para preguntar a los hombres armados vestidos de negro si trabajan para Zozil Rodríguez, éstos respondieron escuetamente "mejor no pregunte y chínguele". 

Doña Chabela, ejidataria de Tulum desde 1970 narra cómo se han vivido los desalojos: "Cuando a nuestras familias les entregaron las tierras ejidales, estábamos en la plena selva, con puro manglar, lleno de moscos y alimañas. Allí comenzamos a construir unas cabañitas, hicimos pozos y un camino de terracería para entrar en el poblado. Pero nada más se dieron cuenta de que en el decreto presidencial dice que a todos los ejidatarios nos corresponde el acceso al Caribe, comenzaron a hostigarnos". Doña Chabela habla frente a otras mujeres de la Junta Ejidal. 

"Hace 22 años empezaron a pelear nuestras tierras. Nos quedábamos a dormir en tiendas de campaña en la playa, para que no nos invadieran de noche", interviene entonces Columba otra ejidataria que llegó de Tabasco hace treinta años: "Los invasores se metían a los terrenos y quemaban las palapas en las que vivíamos, no les importaba que tuviéramos nuestra ropa y papeles allí. Desde ese entonces era la gente de Santiago Pizano, contratado para robarse las tierras y pagado por políticos corruptos. Nos amenazaban con matarnos, pero nosotras no nos dejamos, lo hemos peleado solas". 

Tanto doña Chabela como Columba aseguran que hay al menos ciento veinte ejidatarios y posesionarios peleando sus tierras frente a las autoridades. Aquí no hay unión de la gente, dice Columba, en Atenco la gente salió a defender sus tierras, aquí todos tienen miedo de que el Gobernador los mande matar como al abogado López Joers. 

Doña Anita admite tener miedo. "Todos tenemos miedo de que nos maten o que los desaparezcan como a los hijos de don Andrés, que se enfrentó a la policía. A sus dos hijos, que cuidaban las cabañitas que rentaban a turistas, primero se metieron para simular un robo, ellos se defendieron y denunciaron. El Ministerio Público les dijo que mejor vendieran sus tierras y se fueran, que la denuncia no iba a prosperar. Ellos hablaron con un reportero del Por esto! Para decirle los nombres de la gente del Gobernador Borge que les había dicho que les iba a dar un millón de pesos por sus dos hectáreas y que se fueran si no querían morirse ahogados. Luego los muchachos desaparecieron. Su papá los sigue buscando y un policía de Tulum le dijo a don Andrés: si quiere encontrar a sus hijos búsquelos en el mar. Andrés se fue a Tabasco, por miedo a que le desaparezcan a su hija que le sobra". 

Preguntamos vía telefónica a don Andrés quién desapareció a sus hijos, responde "pues quién va a ser, la policía estatal" ¿usted sabe quién ordenó a la policía que se llevaran a sus hijos? "Pues sólo el Gobernador puede hacer eso ¿no? porque es su gente de Chetumal la que nos presionó durante años para venderles mis tierras. La gente de Tulum vio cómo se llevaron a mis hijos en una patrulla, fue un miércoles a las cinco de la tarde. Y pues eso es desaparición forzada, como dicen, si fue el Estado es desaparición forzada ¿no?". 

¿Por qué son ejidatarios? 

El 8 de octubre de 1974 el Gobierno federal, entonces presidido por Luis Echeverría Álvarez, determinó que el territorio maya del sureste mexicano con 50 mil kilómetros cuadrados denominado Quintana Roo, se convertiría en estado libre y soberano. Antes había sido campamento carcelario de presos políticos. En 1904 Porfirio Díaz decidió asegurar el control económico y político del sureste. En 1902 el General Ignacio A. Bravo fue enviado a la frontera con Belice y Guatemala para "hacer la declaración del territorio federal y pacificar a los indios causantes de la Guerra de Castas". 

Durante ocho años, Bravo gobernó la colonia militar de Quintana Roo. El territorio fue bautizado con el mote de "la Siberia Mexicana", a raíz de haberse convertido en el último reducto presidiario de los mexicanos indeseables para el Presidente Porfirio Díaz: los militares rebeldes, los huelguistas de Río Blanco, los zapatistas y los maderistas. Todos prisioneros políticos. 

Esta frontera con Belice y Guatemala ha sido mina de chicleros, de maderas exóticas y de la industria turística. Con el decreto del 74 Quintana Roo precisaba 80 mil habitantes traídos de Jalisco, Nuevo León, Campeche, Tabasco y Yucatán. Se exigía una infraestructura agrícola, comercial y educativa mínima para tener independencia económica y considerarse Estado federal; de allí que los migrantes se convirtieron en pioneros y, en algunos casos como el ejido Pino Suárez de Tulum, viviendo en condiciones precarias en medio de la selva, sin servicios adecuados pero con la promesa de la Secretaría de la Reforma Agraria de que sus tierras eventualmente les permitirían tener un patrimonio propio al pasar de los años. 

Por resolución presidencial el 8 de octubre de 1973, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de ese mismo año, fue creado el Nuevo Centro de Población Ejidal (NCPE) denominado José María Pino Suárez, hoy Municipio de Tulum. Se otorgó una superficie de 10,410 hectáreas de terrenos baldíos propiedad de la Nación, de las cuales 980 hectáreas de terrenos se destinaron para formar 49 unidades de 20 hectáreas cada una, entregadas a 47 capacitados. La superficie total tenía que dividirse en terrenos de cultivo, centros escolares, la Unidad Agrícola Industrial para la Mujer (que nunca existió), así como 50 hectáreas para la zona urbana y su equipamiento con servicios públicos y campos deportivos de la comunidad. El resto, 9 mil 379 hectáreas quedaron bajo el control de la Junta Ejidal y se convirtieron en lo que se conoce mundialmente como el centro ecoturístico Tulum. 

Hace apenas 40 años, el 9 de enero de 1975, fue aprobada la Constitución Política de Quintana Roo, desde entonces hasta la fecha, políticos y algunos empresarios poderosos, ayudados por cada gobernador en turno, han intentado acaparar tierras y arrebatarlas a los pioneros que poblaron el territorio y por derecho propio se convirtieron en ejidatarios y posesionarios, obteniendo sus títulos avalados por el Tribunal Agrario. 

Advertencias 

En 2007 el Diputado Mario Rivero (PAN), aseguró que el ex Gobernador Joaquín Hendriks en acuerdo con su sucesor Félix González planeaban apoderarse de Tulum y aliarse con empresarios del norte para venderlo. En 2008 el Gobernador González Canto vendió los terrenos destinados para la Universidad Pesquera a los desarrolladores del megaproyecto comercial y habitacional denominado Downtown Tulum y hoy rebautizado como Maya Zamá I y II que pretende ocupar 450 hectáreas y apoderarse del ejido Pino Suárez. 

"El ex Gobernador Hendricks se adueñó de esos terrenos para la universidad y los vendió en millones de dólares, allí han construido en terrenos arrebatados ilícitamente los hoteles Aldea Zama, Copal y Papaya Playa" dice Columba. Pretenden construir, además un club de golf y fracturar la tierra para abrir uno de los sistemas acuíferos subterráneos clasificados como el más grande del planeta, para hacer canales navegables semiartificiales. 

Las constructoras 

La compañía Desarrollos Punta Piedra S.A de C.V es propiedad de Felipe Enríquez Hernández, ex Diputado federal (PRI) por Nuevo León y ex candidato para la Alcaldía de Nuevo León, Monterrey. Actualmente es Embajador de México en Uruguay y amigo cercano del Presidente Peña Nieto. En 2001 Enríquez fue secretario particular de la Secretaría de la Reforma Agraria y tiene grandes inversiones en Quintana Roo, es amigo cercano del ex Gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, y es propietario del desarrollo turístico de Isla Blanca, al norte de Cancún, que pasó por un tortuoso litigio que los ejidatarios señalaron como despojo. 

En esa propiedad están asociado legalmente con el ex Gobernador de Nuevo León Natividad González Parás y su hermano el abogado Luis Francisco González Parás. El 21 de enero de 2012 desde la prisión de Nueva Jersey, EUA el ex Gobernador Mario Villanueva Madrid presentó una denuncia por fraude contra Felipe Enríquez y Félix González Canto, por haber fallado en pagarle 40 millones de dólares por su intervención en la entrega de tierras ejidales de Isla Blanca, a la empresa de Nuevo León. Dinero que, asegura Villanueva, nunca le pagaron a pesar de que pusieron a su esposa Isabel Tenorio de Villanueva como socia de la constructora. El propio Mario Villanueva corroboró su versión para este reportaje, desde la cárcel de Nueva Jersey. 

Desarrollos Punta Piedra fue creada en marzo de 2010 en Monterrey; como miembro del Consejo de Administración aparece Hugo César Flores Toba, cuñado de Enríquez. Las actividades empresariales de Enríquez y Flores Toba crecieron en el sureste mexicano gracias a la amistad con el entonces Gobernador Félix González. Esta sociedad mercantil tiene como proyecto central el desarrollo hotelero de la zona (ejido Pino Suárez). Los socios constructores neoleoneses de dicho proyecto son José María Garza Ponce y su hijo José María Garza Treviño, dueños del grupo constructor GP. En este momento, mientras la policía ocupa ilícitamente los predios ejidales, en Internet GP ya puso en venta su proyecto Maya Zamá I y II. 

La Riviera Maya, en la que se encuentra Tulum devino en un polo de turismo internacional y destino de inversiones hoteleras de primer mundo, sostenido con formas de organización política de tercer mundo. La crisis política, de derechos humanos y ambiental que ahora vive el estado sólo es explicables por el choque de estos dos mundos.
No se pueden comprender la impunidad y las acciones del Gobernador Roberto Borge, hoy acusado por ordenar torturas, desapariciones e incluso señalado por algunos como el posible actor intelectual de un homicidio, o al menos quien por omisión ha avalado la impunidad. 

La historia va desde gobernadores rupestres, o vinculados con la corrupción y la delincuencia organizada como el primero, Jesús Martínez Ross (1975 a 1981) —creador del Movimiento de Unificación Quintanarroense (MUG), que ha promovido el sectarismo y la discriminación de los no nacidos en Chetumal—, del cozumeleño Pedro Joaquín Coldwell, señalado por la viuda de Pablo Emilio Escobar Gaviria como aliado en la entrada del Cártel de Medellín a México vía Quintana Roo. Después Mario Villanueva Madrid (1993-1999) (hoy preso en Nueva Jersey, sentenciado por lavado de dinero producto de la delincuencia organizada), o las multimillonarias fortunas y redes de extorsión a empresarios orquestadas por el Joaquín Hendricks Díaz quien protegiera a la red de pederastas de Cancún y mantiene su empresa de aviación privada junto a Mario Marín Torres. O su sucesor Félix González Canto, propietario de mansiones en los Emiratos Árabes y socio del grupo de Monterrey que junto con Borge pretende apropiarse de Tulum para convertirlo en un megaproyecto que podría destruir el equilibrio del ecosistema y la red de ríos subterráneos más grande del mundo. 

Quintana Roo es ignorado por los medios nacionales porque genera una gran derrama económica, tras la cual subyace una organización social de escasa institucionalidad, con precariedad de justicia y un estilo de gestión social anclado en el caciquismo, la intervención personal y el peso decisivo de la voluntad e idiosincrasia de los gobernadores. Con mayor intensidad que en el resto del País, la sociedad civil de esta región se encuentra inerme, sin instituciones de peso frente al aparato de poder que representa la fusión de los intermediarios enriquecidos y los políticos de usos y costumbres tradicionales; por una mayoría de medios locales cooptados por el presupuesto de publicidad estatal que condiciona la libertad de prensa a la voluntad política. Ante tal vacío institucional, apenas comienzan a construirse las redes de solidaridad social. 

Todas las y los entrevistados explican que el Gobernador Borge tiene más mano dura que sus antecesores, R.T, testigo y víctima de los despojos, quien ha recibido amenazas asegura "la gente tiene mucho temor, la gente vive con temor en Quintana Roo. Antes era por la inseguridad, ahora es por la autoridad". 

Los sucesos recientes que asocian los despojos con homicidio, desapariciones forzadas, fraudes operados por el aparato gubernamental, amenazas de muerte y un férreo control informativo, no podrían darse con tal fuerza si no se hubiera planeado, desde la llegada del ex Gobernador González Canto, la reestructuración del Plan Maestro de Tulum para cambiar el uso de suelo y convertirlo en la joya de la corona del Caribe de la cual todos desean una tajada. Borge es el operador de un plan que se ha gestado durante al menos doce años, y del que saldrán beneficiados sólo los empresarios dispuestos a someterse al sistema, a jugar a la guerra en medio de la selva, una guerra contra ejidatarios y pequeños empresarios, contra el desarrollo sostenible, el ecoturismo y los Derechos Humanos. 

El amparo frente al juicio laboral interpuesto por el equipo de Treviño Lozano y Luis López fue ganado con el número de expediente 138/2912, las autoridades locales se niegan a ejecutar la devolución de los predios a pesar de que los amparos salieron publicados el 26 de enero de 2015 y la policía carece de documentos para sustentar su presencia. 

La inacción de las autoridades locales es evidente; el juez segundo de Distrito ordenó que Treviño Lozano y otros devolvieran las propiedades a sus legítimos dueños respondiendo al amparo 627/2014-III acumulados: 629/2014-III y 634/2014-III. La policía de Tulum dice desconocer esta sentencia. 

Mientras editábamos este reportaje, el 24 de agosto recibí una llamada de ejidatarios a quienes entrevisté: el viernes 21 de agosto a las 8:30 am la Policía Judicial del Estado entró en hogares de tres de mis entrevistados hostigando a familiares, los buscaron por el pueblo y encarcelaron sin motivo alguno a Miguel Ángel Benítez Rasgado y a Juan Manuel Ayala Mariano. Al mismo tiempo, la Policía Judicial, sin orden de aprensión detuvo a otras fuentes que habían pedido sigilo por temor a represalias: Héctor Apolinar Huesca Damián, Cruz García Ramírez y Miguel Vázquez Nieva fueron retenidos por "sospechosos", después de ser fuertemente golpeados, les pusieron en libertad sin acusación de ningún tipo.
Esta misma semana desaparecieron otras dos personas del ejido, partícipes del movimiento cívico en defensa de Tulum. Sus abogados interpusieron ya amparos para localizarlos bajo el número 1175/2015 Juzgado 4º de distrito, el 1137/2015-1 Juzgado 3º de Distrito y el 1193/2015-D-7 Juzgado 5º de Distrito. Los desaparecidos son José Tec Poot, Miguel V y un tercer testigo cuyos familiares no desean que se publique el nombre. "Esto, me dijo llorando la esposa de uno de ellos es un levantón policiaco, tenemos miedo señorita, entiéndalo". Las investigaciones de las y los demás ejidatarios cuyas familias aseguran que son víctimas de desaparición forzada están en los amparos de localización 1176/2015 Juzgado 1º de Distrito, 1153/2015 Juzgado 2º de Distrito y 1136/2015 Juzgado 3º de Distrito. Los demás expedientes que señalan despojo, hostigamientos, amenazas de muerte y desapariciones o secuestro han quedado sin investigar bajo los expedientes 341/2013, 1134/2014, 251/2015, lo mismo sucede con las averiguaciones previas PGJE/DPRAM/AMP/TULUM/951/2011 y 950/2011. El temor persiste en la localidad.