Vicealmirante reclama a SEMAR por bloquear pruebas en caso de huachicol fiscal
Manuel Roberto Farías Laguna envió una nueva carta a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para denunciar a la Secretaría de Marina
El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, recluido desde hace cinco meses en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 El Altiplano, envió una nueva carta a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para denunciar que la Secretaría de Marina (SEMAR) ha incumplido resoluciones judiciales que le ordenan entregar información clave para su defensa en el proceso que enfrenta por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.
En la misiva, Farías Laguna señaló que la SEMAR evadió órdenes dictadas por una jueza el 10 de noviembre de 2025 y el 22 de enero de 2026, relacionadas con la entrega de documentación que considera indispensable para acreditar su inocencia, información que la dependencia habría reservado bajo el argumento de seguridad nacional. El marino reiteró que se encuentra en la etapa final de la investigación complementaria y advirtió que, si no se libera el expediente completo, se mantendrá un proceso que calificó de lleno de inconsistencias e imprecisiones respecto a tiempo, modo y lugar de los hechos imputados.
El vicealmirante, con 33 años de servicio en la Armada de México, ya había escrito a la mandataria nacional a finales de enero de 2026 para denunciar la supuesta fabricación de delitos, la politización de su caso y obstáculos para acceder a la carpeta de investigación, así como una baja que considera irregular de la SEMAR formalizada el 18 de diciembre de 2025. En esa primera carta afirmó que fue tratado como culpable desde el inicio de las indagatorias y sostuvo que se inició una investigación en su contra a partir de un video anónimo de la plataforma YouTube, que, según su relato, no existe en el expediente con una cadena de custodia debidamente documentada.
La defensa del marino, encabezada por el despacho Mendieta & Asociados, respaldó públicamente el nuevo escrito dirigido a la presidenta de la República y advirtió que la negativa de entregar la información solicitada impide acreditar la inocencia de su representado, vinculado a proceso sin pruebas suficientes de tiempo, modo y lugar. En un comunicado, el despacho subrayó que las omisiones de la SEMAR no solo afectan la esfera jurídica de Farías Laguna, sino que impactan en la legalidad del proceso y en la vigencia del Estado de derecho, además de que toda la documentación que acredita las irregularidades obra en el expediente judicial y está a disposición de las autoridades competentes.
La Fiscalía General de la República atribuye al vicealmirante y a su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna —actualmente prófugo—, el liderazgo de una red de corrupción integrada por marinos, funcionarios aduanales y empresarios que habría contrabandeado al menos 31 buques con combustibles en los puertos de Altamira y Tampico, Tamaulipas, entre 2023 y 2025. De acuerdo con las indagatorias, el esquema incluyó la falsificación de documentos, la simulación de cargas declaradas como aditivos para aceites lubricantes y la evasión de impuestos federales como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el Impuesto al Valor Agregado y diversos aranceles.
El caso forma parte de la investigación sobre huachicol fiscal conocida como la red Los Primos, uno de los escándalos de corrupción más relevantes para la SEMAR en 2025, en la que también se señala que los hermanos Farías Laguna son sobrinos del ex secretario de Marina José Rafael Ojeda Durán. Las autoridades federales vincularon a proceso al vicealmirante el 7 de septiembre de 2025, tras su detención el 2 de septiembre del mismo año, y le impusieron prisión preventiva oficiosa en el penal de máxima seguridad del Altiplano, con un plazo inicial de seis meses para la investigación complementaria.
En paralelo a los señalamientos penales, la SEMAR inició procedimientos administrativos que derivaron en la baja de Farías Laguna y otros mandos navales presuntamente implicados en la red de contrabando de hidrocarburos. El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó el 22 de enero de 2026 que cuatro mandos fueron separados del servicio activo, entre ellos el vicealmirante y su hermano, y precisó que los oficiales cuentan con un plazo de 15 días para presentar recursos de revisión contra las determinaciones administrativas.
La defensa ha promovido juicios de amparo para impugnar las bajas y ha sostenido que, en el caso del personal de las Fuerzas Armadas, la separación definitiva del servicio, la baja o la suspensión de haberes únicamente deben derivarse de una sentencia ejecutoriada o de un procedimiento administrativo debidamente instaurado y resuelto, con pleno respeto al debido proceso. Los abogados recalcan que la prisión preventiva impuesta al vicealmirante tiene un carácter cautelar y no constituye una sanción que por sí misma autorice la privación de derechos laborales o prestaciones adquiridas.
En sus cartas a Sheinbaum Pardo, Farías Laguna insiste en que su caso está marcado por un efecto corruptor que, a su juicio, le ha impedido ejercer una defensa adecuada y lo mantiene privado de la libertad. El marino solicita que la titular del Poder Ejecutivo Federal ordene la revisión integral del expediente y garantice el cumplimiento de las resoluciones judiciales que obligan a la SEMAR y a la FGR a poner a disposición de la defensa la totalidad de la carpeta de investigación, incluidas técnicas especiales, anexos y registros electrónicos bajo resguardo institucional.