Destruyen más de 12 mil huevos decomisados en Guamúchil; campesinos cuestionan desperdicio
Agustín Espinoza, dirigente de la COUC, cuestionó que las autoridades ordenaran destruir los alimentos sin aclarar si representaban un riesgo sanitario y si podían destinarse a familias vulnerables
Más de 12 mil huevos decomisados en Guamúchil fueron destruidos por las autoridades debido a su presunta procedencia ilegal, una decisión que fue cuestionada por el sector campesino ante la posibilidad de que los alimentos pudieran aprovecharse para apoyar a familias en situación de vulnerabilidad.
Agustín Espinoza Laguna, secretario general de la Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina en Sinaloa, cuestionó la destrucción de los productos y señaló que, si se encontraban en condiciones sanitarias para el consumo humano, debieron buscarse alternativas para evitar su desperdicio.
El dirigente consideró que la decisión refleja falta de sensibilidad social, particularmente en un estado donde familias de comunidades serranas y colonias populares enfrentan dificultades para acceder a alimentos.
Aclaró que no está en contra del decomiso de mercancías cuando existen irregularidades, ni de que se investigue su procedencia y se sancione a quienes incumplan la ley. Sin embargo, sostuvo que antes de destruir alimentos debe determinarse si representan un riesgo para la salud.
Por ello, cuestionó si se realizaron análisis sanitarios, si existía un dictamen que acreditara que los huevos estaban contaminados y si las autoridades exploraron la posibilidad de entregarlos legalmente a instituciones de asistencia social, siempre que fueran aptos para el consumo humano.
Espinoza Laguna exigió que se informe quién ordenó la destrucción de los más de 12 mil huevos, qué autoridad sanitaria justificó la medida y si existe un dictamen técnico que demuestre que los productos no podían ser consumidos.
Sostuvo que, si la destrucción obedeció únicamente a irregularidades en la procedencia de los alimentos y no a un riesgo sanitario, se trataría de una decisión injustificable.
El secretario general de la COUC señaló que las autoridades tienen la obligación de cumplir la ley, pero también de explicar las consecuencias de sus decisiones, especialmente cuando implican destruir productos que podrían representar un apoyo para sectores vulnerables.
Finalmente, insistió en que la pobreza no se combate con discursos ni destruyendo alimentos que podrían aprovecharse. Advirtió que destruir 12 mil huevos puede tomar apenas unas horas, mientras que para una familia de escasos recursos conseguir el dinero para comprarlos puede representar varios días de trabajo.