Dueños del Ingenio deben pagar: sentencia Francisco Javier Paredes, quien exige 6 millones de dólares
"El dueño de la empresa Copasa demanda a Alejandro Elizondo, Rodolfo de la Vega y José Manuel Arriola por presunto fraude genérico"
Francisco Javier Paredes, dueño de la empresa Copasa, demandó a los dueños del Ingenio de Los Mochis y, hasta ahora, la justicia está de su parte. Alejandro Elizondo, Rodolfo de la Vega y José Manuel Arriola deben pagar alrededor de 6 millones de dólares por presunto fraude genérico.
Esa deuda surgió cuando los dueños del Ingenio de Los Mochis invitaron a Paredes y a otros seis empresarios más a participar en la zafra de 2014. Esa fue la última que se realizó, porque después se declararon incompetentes y dejaron de pagar a los empleados y a los inversionistas no les dieron su utilidad en azúcar que les correspondía.
“A nosotros, junto con otros clientes nos invitaron a participar en la zafra para poder arrancar el Ingenio”, recordó.
“El Ingenio no estaba en condiciones de arrancar, según argumentaron, porque no tenían recursos. Ya tenían la caña plantada, ya tenían todo, pero necesitaban arrancarlo, y además de otros acreedores junto conmigo entramos a arrancarlo, compramos azúcar, en mi caso fue una preventa de 4 mil toneladas para poder aportar los recursos para que el Ingenio arrancara”.
El Ingenio de Los Mochis arrancó el 19 de mayo, y comenzó a entregar el producto hasta que Elizondo, De la Vega y Arriola se declararon incompetentes el 7 de julio de ese año.
“Ellos me mandan llamar para decirme que el Ingenio ya no está en condiciones de producir, porque ya no tienen recursos para operar el Ingenio”, indicó.
“En ese tiempo nos debían alrededor de 5 mil 500 toneladas (de azúcar) y nosotros lo que hicimos fue meternos a la operación del Ingenio para ver qué es lo que estaba pasando y en esa parte nosotros nos damos cuenta que los recursos se estuvieron pagando pero no eran utilizados realmente para la operación propia del Ingenio, lo que nos llevó a tomar el control de la operación del Ingenio para poder liquidar la fábrica”.
Al término de la zafra, el 27 de julio, no se completó lo que se compró por ningún inversionista, y, en cambio, los recursos estaban siendo abonados a las cuentas de los dueños del Ingenio de forma directa sin reportarlo en el grupo.
“Nosotros somos gente de negocios y tenemos una política: antes de meterte a un pleito legal, revisa cómo puedes ayudar para generar recursos económicos para que te paguen, y eso nos dedicamos a hacer junto con ellos, con Alejandro Elizondo en específico, para bajar recursos para mantener el Ingenio operando para la siguiente zafra para que nos pagaran el adeudo”, narró.
“De ahí se da una supuesta línea de crédito por 55 millones de dólares que estaban gestionando, y nosotros apoyamos al financiamiento para poder bajar ese recurso y al final del día ese proyecto resultó un fraude”.
El 11 de mayo de este año, un juez en Los Mochis concedió “providencias precautorias” para congelar 12 cuentas bancarias y las empresas Procavelf y Tamandaro, propiedad de De la Vega, y Agrocapital del Noroeste, de Alejandro Elizondo. Esta última firma es una de las principales operadoras de Grupo Ceres.
De acuerdo con Misael Alejandro Vázquez, abogado asesor de la empresa Copasa, las providencias precautorias tendrán una duración de 60 días naturales.
Después de las providencias precautorias, Paredes, a través de sus asesores legales y la Fiscalía General del Estado, solicitaron iniciar un proceso penal en contra de loa dueños del Ingenio.
La audiencia inicial, en la cual se decide si hay suficientes datos de prueba para iniciar o desechar el proceso penal, se ha pospuesto en dos ocasiones porque Elizondo, De la Vega y Arriola no han cumplido con estar presentes, argumentando problemas de salud.
El juez asignó el 25 de mayo como plazo fatal para que los empresarios asistan a la audiencia, en la que se les señala de haber hecho un fraude mayor a los 4 millones de dólares, pero que por gastos realizados posterior al hecho esta deuda podría ascender a los 6 millones de dólares.
De no asistir los empresarios, el Ministerio Público podrá hacer efectivas órdenes de aprehensión en su contra, para que entonces pasen por una investigación y sean llevados a posibles juicios.
Francisco Javier Paredes señaló que cuando él hizo la inversión acordó obtener 4 mil toneladas de azúcar, pero al final sólo consiguió 500 toneladas.
Hoy, en medio de una justa legal, Paredes sentenció: lo único que quieren es que les paguen, pues de lo contrario buscarán que los dueños del Ingenio pasen por la cárcel.
"Si nosotros estamos en condiciones para meterlos a la cárcel para que nos paguen, adelante. Hay dos maneras nada más: que paguen o cárcel", aseveró.