Investigan tres posibles casos de cohecho en el Ayuntamiento de Ahome

"El contralor Pavel Castro Félix informó que se hicieron llegar algunos elementos, de algunas constancias, que señalan hechos, y en ese sentido tienen tres expedientes en investigación"

LOS MOCHIS._ El Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Ahome investiga tres posibles casos de cohecho de servidores públicos en funciones.

"Nosotros tenemos una investigación. Yo no quisiera hablar todavía de servidores públicos, lo que quisiera es puntualizar que estamos hablando de presuntos hechos, no pudiéramos aventurarnos todavía. Se hicieron llegar algunos elementos, de algunas constancias, que señalan hechos, y en ese sentido tenemos ya tres expedientes en investigación", informó el contralor Pavel Castro Félix.

Según información publicada en la página de transparencia del Ayuntamiento, en la relación de personas físicas o morales que han recibido recursos públicos aparece Jorge Teodoro Galaviz Galaviz como representante de CompraTotal SA de CV, pero dicha empresa es propiedad de Paúl Javier Corona Castro, director de la Unidad de Inversiones del Ayuntamiento.

CompraTotal ha facturado, al menos, 602 mil 320 pesos por concepto de papelería, consumibles, muebles de oficina, equipo de cómputo y tecnología de la información, entre otros.

También aparece Daniela Mercado Stone, hija del director de Promoción Económica, Arturo Guadalupe Mercado Mexía.

Mercado Stone se dedica a la renta de mobiliario, y tiene un negocio denominado Stone Mobiliario Deluxe. Ella ha facturado, al menos, 137 mil 13 pesos por concepto de 'actividades cívicas y culturales'.

Otro caso es el de Rosa María Bastidas Camarena, quien como representante de Conecta 95.3 FM tiene un contrato de 'difusión por radio, televisión y otros medios', por el que ha recibido, al menos 213 mil 488 pesos.

Bastidas Camarena es tía de Alejandra Parra Bastidas, esposa del director de Comunicación Social del Ayuntamiento, David Eloy Membrila Cisneros.

Respecto a las faltas administrativas graves de los servidores públicos, La Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa establece en el Artículo 52 que 'incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero, valores, bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado, donaciones, servicios, empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte'.

Pavel Castro Félix aseguró que se realizará la investigación 'con la mayor prontitud', aunque señaló que en caso de encontrar elementos que sugieran la responsabilidad, no de uno, sino de varios funcionarios, la investigación se alargaría.

"En algunas ocasiones nos encontramos con elementos que quizá ya pudieran parecernos contundentes; sin embargo, ocupamos ampliar la investigación o seguir la investigación porque una de las responsabilidades que tenemos, como Órgano Interno de Control, no solamente es ir sobre una persona en particular, lo que más importa en este tipo de hechos es detectar la posibilidad de que existan redes de corrupción. O sea, no solamente puede estar involucrado un servidor público", dijo.

El titular del Órgano Interno de Control comentó que a partir de la actual administración, los servidores públicos ya están obligados a presentar una declaración de conflicto de interés, además de su declaración patrimonial.

"Estamos hablando de un primer ejercicio de esta naturaleza, entonces, lo que se hizo fue nada más una revisión de los datos, nada más que estuvieran debidamente llenadas las declaraciones. Sin embargo, no se había hecho una revisión respecto de la calidad de la información que ahí se estaba conteniendo, y a partir de estos hechos, pues nos obliga también a entrar a una siguiente etapa, que ya la iniciamos, que es una revisión a detalle de la información que ahí se contiene, para poder hacer un cruce y una evaluación con el padrón de proveedores", explicó.

Además, Castro Félix dejó entrever que podría recaer alguna responsabilidad también en los particulares, pues los proveedores están obligados a hacer una manifestación de que no se encuentran bajo ningún supuesto de conflicto de interés.

LA SINDICATURA DE PROCURACIÓN TAMBIÉN INVESTIGA

Angelina Valenzuela Benítez indicó que la Sindicatura de Procuración ha iniciado una investigación paralela a la que realiza el Órgano Interno de Control sobre los posibles casos de cohecho.

"Hay tres carpetas de investigación, de las cuales ahorita no podemos dar mucha información, pero ya estamos trabajando en ello. Estamos requiriendo información en las diferentes dependencias para poder armar el caso", dijo.

La Síndica Procuradora, que también forma parte del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento, mencionó que se tendrá 'un poquito más de cuidado' respecto al padrón de proveedores, para no incurrir en 'ese tipo de omisiones'.