La (no) frialdad
de los números

Cuando se habla de información de violencia, inseguridad, delitos, víctimas, se suele decir o pensar que decir números o cifras es demasiado frío. Incluso se llega a cuestionar que contemos víctimas. Sin embargo, estamos convencidos que enumerar no es en vano, aún cuando sea algo tan negativo como una muerte violenta.

En Noroeste, desde que inició la actual ola de violencia, en septiembre de 2024, empezamos a publicar diariamente las cifras de homicidios, pero también de las desapariciones o privaciones ilegales de la libertad, así como el robo de vehículos, que fueron y siguen siendo las tres criminalidades más fuertes o que se fueron a la alza de inmediato.

Y lo empezamos a hacer para mostrar la furia de esa violencia que se duplicó y triplicó desde esas semanas, arrojando un contexto nunca antes visto en Sinaloa.

Pero no es lo único que hacemos en esa temática, sino que damos cobertura en territorio a la mayoría de los hechos de alto impacto de los que nos enteramos y a los que tenemos acceso. Y en medio de esa barbarie, buscamos dar un enfoque humano en la medida de lo posible, alertando por ejemplo, cuando son violencias contra niños, contra jóvenes menores de edad o contra mujeres, destacando esos casos para alertar de la vulnerabilidad de esos segmentos de la población.

Publicamos números y gráficas todos los días, con base en nuestros propios conteos y registros, aunque apoyados en los que publica la autoridad o en los datos que manejan los colectivos de búsqueda. Pero esas cifras de la violencia letal en Sinaloa no son meros datos fríos alojados en bases de hojas de cálculo o tablas con números, para nosotros son el registro cotidiano de una crisis humanitaria y de seguridad que atravesamos y que debe quedar en evidencia.

En las últimas semanas hemos empezado a realizar un contexto por demás terrible y vergonzoso para el estado: los asesinatos de mujeres. Y lo hacemos porque debemos reflejar una situación nunca antes registrada en toda la historia de Sinaloa.

Por décadas, la historia de violencia en Sinaloa se había concentrado en homicidios de hombres adultos, pero la crisis actual ha modificado todas las dinámicas preexistentes, de una manera que a todos nos ha sorprendido, y esta escalada de violencia contra las mujeres los últimos cuatro meses es una alerta que no podemos ni debemos omitir dentro del periodismo profesional.

Por supuesto que no nos gusta ser el receptor de esas cifras o vernos como cronistas de la tragedia, más bien nos vemos en cierta forma como contrapesos metodológicos frente a la opacidad oficial, revelando, por ejemplo, las discrepancias entre lo que la propia Fiscalía del Estado contabiliza y lo que las familias, los colectivos de búsqueda y las calles experimentan todos los días.

De hecho, lo que ya habíamos advertido se confirmó esta semana: nuestros números son más reales que los oficiales y así lo demostraron las cifras que arrojó el Inegi el martes pasado, cuando confirmó 230 muertes más en Sinaloa que la propia Fiscalía estatal, dando una cifra muy similar a la que publicamos en Noroeste.

En números de homicidios en todo 2025 en Sinaloa, el Sistema Estatal de Seguridad Pública arroja una cifra de mil 726 casos, la Fiscalía señala mil 729, nuestras cifras en Noroeste arrojan mil 936 y el Inegi ha informado una cifra de mil 966. Es decir, nosotros documentamos sólo 30 casos menos que el Inegi, pero más de 200 que las autoridades estatales, coincidiendo con las oficiales del Instituto.

Ciertamente son números que no nos enorgullecen, pero son cifras reales, frías y duras, un reflejo de nuestra realidad, de una crisis que todos estamos padeciendo y que desde el periodismo debemos señalar.

No somos los únicos que lo hacemos, ya a nivel nacional expertos en seguridad y rendición de cuentas han señalado de manera reiterada la existencia de distorsiones sistemáticas en el registro de la violencia en México.

Organismos autónomos y centros de investigación como México Evalúa, Causa en Común, Data Cívica, y ahora el Inegi como contrapeso técnico, han demostrado discrepancias constantes frente a los informes de las fiscalías locales.

Esta revisiones metodológicas, no sólo nuestras, exponen cómo las instituciones de justicia de los estados a menudo minimizan la incidencia delictiva mediante prácticas como la reclasificación de muertes violentas o el subregistro de víctimas indirectas y colaterales.

Cuestiones tan elementales como no contar los cuerpos que se encuentran en fosas clandestinas no sólo es una estrategia oficial vergonzosa sino inhumana. Por ello, frente a esta arquitectura del ocultamiento, con el periodismo de datos que buscamos ejercer desde Noroeste intentamos llevar a cabo una función crítica y de alerta.

Al contrastar los reportes diarios que levantamos en campo, junto con los registros de colectivos de madres buscadoras, y las propias cifras oficiales, nos convertimos tal vez en un espejo incómodo, pero finalmente veraz e histórico.

No se trata únicamente de contar muertos o fichas de desaparición, sino de cuestionar la narrativa oficial que intenta normalizar una crisis de violencia que todos los sinaloenses padecemos a diario.