Abismo de impunidad

En Sinaloa, la violencia contra las mujeres ya no es una estadística que preocupa, es una catástrofe social cotidiana. Matar a una mujer en esta entidad se ha convertido en una constante trágica que sucede todos los días, ante la mirada de una sociedad atónita y la pasividad desgarradora de las autoridades.

Los datos no admiten matices: entre enero y agosto de 2026, los homicidios dolosos de mujeres en el estado se dispararon en más de un 200 por ciento. No estamos frente a una racha desafortunada, sino ante una epidemia de violencia sistémica.

Para poner la gravedad del problema en dimensión nacional, la comparación resulta alarmante. Entre enero y julio, Sinaloa registró 54 asesinatos de mujeres, ubicándose firmemente en el primer lugar del País en este delito. Supera con creces al Estado de México, una entidad con una población cinco veces mayor que la sinaloense y que en el mismo período acumuló 27 casos. Que un territorio considerablemente más pequeño concentre el doble de crueldad hacia la mujer no es solo una anomalía estadística; es la radiografía de una falla institucional profunda.

Lejos de encontrar un freno, la crisis se agudiza. Agosto recién terminó rompiendo un récord tenebroso: 25 mujeres asesinadas en sólo 31 días, 12 de ellas en Mazatlán. La inercia mortal no da tregua: en apenas los primeros tres días de septiembre, la suma escala con seis muertes violentas más.

No hay contención. No hay disminución. Normalizar que la actual ola violenta traiga consigo la noticia de una y otra mujer violentada es aceptar la derrota absoluta del Estado de derecho. Sinaloa requiere acciones urgentes, justicia efectiva y una estrategia de seguridad que demuestre que la vida de sus mujeres realmente importa.