Compromiso sudamericano
Todas las estrategias para acabar con el narcotráfico en el mundo han fracasado, los casos de éxito son minúsculos y suelen ser esfuerzos integrales que exigen el uso de la fuerza, la educación y una sociedad decidida a apoyar estos esfuerzos.
Aún así, los éxitos son escasos y reducidos a espacios geográficos limitados. Algunos países de Asía mantienen sistemas de seguridad draconianos para evitar la expansión de la delincuencia organizada, siempre con resultados dispares.
En Latinoamérica, el caso Bukele puede considerarse uno de los pocos casos de éxito, pero, siempre hay un pero, hablamos de El Salvador, un país muy pequeño que no sufre la presencia de grandes carteles de la droga y donde la violencia la ejercían pandillas organizadas. Además se le suman las denuncias de violación a los derechos humanos.
La lucha en contra de las drogas generalmente es un espacio de malas noticias, de enormes presupuestos tirados a la basura y de escasos, muy escasos éxitos.
Sin embargo, hay ocasiones en que escuchamos alguna buena noticia en esta lucha. La semana pasada, Chile, Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador suscribieron el “Compromiso Regional de Santiago”, un acuerdo para luchar juntos en contra de la delincuencia organizada.
El narcotráfico es ante todo un negocio transnacional, un esfuerzo de cientos de personas organizadas para traficar con estupefacientes a través de numerosas fronteras y es absurdo que hablemos de esfuerzos para enfrentar este “cáncer” sin la participación de todos los países involucrados.
Mientras no seamos capaces de coordinar los esfuerzos de todos los países involucrados en la producción, transporte y distribución de las drogas, difícilmente podremos ofrecer una alternativa de solución.
También Guatemala y Ecuador han anunciado una posible colaboración con Estados Unidos para luchar contra los carteles que agobian a sus regiones, una muestra más de la enorme necesidad de una colaboración entre países.
Al final, los países tendrán que luchar juntos contra un problema que los afecta a todos, en lugar de perder tiempo y recursos en esfuerzos aislados que solo provocan que los delincuentes abran nuevas rutas cuando algún gobierno consigue cerrarles el camino.