Derecho a saber
El acceso a la información pública es un derecho que está establecido en la Constitución y quienes se dedican a legislar y a aprobar leyes lo deberían tener muy claro.
El proceso para que México llegara al nivel de conocer cómo se gasta, cuánto y en dónde no fue sencillo y las propuestas para lograrlos no salió en automático de los gobernantes en turno, sino de una lucha continua de organizaciones de la sociedad civil que pugnaron para llevar hasta la Carta Magna ese derecho.
¿Cuánto de lo que se logró se acompañó de un aparato burocrático costoso? Desde luego que el uso de los recursos importa, pero no debería ser la discusión central cuando lo que más importa es que ese derecho ciudadano debe seguirse garantizando de manera plena.
Pero ha sido a través del tema presupuestal con el que en México el derecho a la información y a la transparencia se ha ido desplazando y restringiendo.
Con las reformas constitucionales de los gobiernos recientes, primero desaparecieron el INAI y posteriormente se han ido adecuando las leyes estatales para caminar en ese sentido.
Y por más que quienes gobiernan hagan un compromiso público de que serán garantes al acceso a la información, no significa una garantía total.
Aunque es difícil que quienes legislan se salgan del guión que se ha establecido desde el nivel central, en Sinaloa sería bueno que las diputadas y los diputados, principalmente de Morena, pusieran el ejemplo de cómo salvaguardar y garantizar los derechos de los ciudadanos.
Restringir derechos como el del acceso a la información, como han advertido organizaciones, no es un asunto menor, aunque para algunos que participan en la esfera política lo parezca sólo porque la proporción de ciudadanas y ciudadanos que lo hacen valer sea menor.
Pues es precisamente a través de ese grupo de personas que el derecho a estar informados y el de acceder a la información se plantea, se procesa y se difunde y la garantía constitucional se distribuye para todos. Por eso, importa que los derechos se conserven y protejan.