El crimen impone su ley

Lo ocurrido ayer en el Penal de El Castillo, en Mazatlán, es, además de la tragedia de 10 personas muertes y 16 heridas, una radiografía brutal de la impunidad del operar de la delincuencia organizada.

Que la guerra entre facciones trascienda una instalación penitenciaria no es un simple incidente delictivo, es un acto de ostentación de poder.

Se supone que un Penal no debería ser el escenario de un enfrentamiento armado entre bandas ni la trinchera vulnerable de un sistema penitenciario trastocado.

Cuando armas de fuego salen a relucir en una instalación de seguridad, y hay tal descontrol que logran matar a 10 personas y herir a 16, la pregunta vuelve a surgir: ¿quién controla realmente los centros penitenciarios?

Este suceso obliga a reflexionar sobre la crisis estructural de los penales en el País y el desgaste de las estrategias de seguridad. Las cárceles no pueden continuar operando como bodegas de vulnerabilidad ni como centros de mando alternos para la delincuencia.

Cada impacto de bala en las paredes del Penal de Mazatlán es un recordatorio de que las instituciones pierden terreno cuando la corrupción, el abandono y la falta de inteligencia estratégica sustituyen al estado de Derecho.

Las cárceles han dejado de ser espacios de reinserción social para convertirse en plazas de operaciones, fortalezas improvisadas y objetivos tácticos.

Y lo más terrible es que en esta ocasión, entre las víctimas mortales en el Penal de Mazatlán se encuentra un niño de apenas 2 años de edad que había sido llevado a visitar a su padre interno. Inconcebible, pero es nuestra realidad.