El vacío institucional

Lo ocurrido en Sinaloa este fin de semana, tras la efímera reincorporación y posterior nueva separación de Rubén Rocha Moya de la Gubernatura, trasciende la simple anécdota política para convertirse en un síntoma alarmante de inestabilidad institucional.

Que la titularidad del Ejecutivo estatal varíe en cuestión de horas en medio de presiones políticas y severos señalamientos externos refleja la profunda fragilidad de la gobernabilidad local.

Con el aval a esta nueva licencia, la responsabilidad recae nuevamente en el Congreso del Estado, que hoy deberá designar a un perfil para asumir la conducción del Ejecutivo.

Más allá de los formulismos legales, lo que la entidad requiere no es sólo cumplir con el trámite legislativo, sino otorgar un rumbo claro y de fondo. Gobernar en medio de la incertidumbre atenta contra las decisiones cotidianas de las familias y la certidumbre económica del estado.

Por eso, la prioridad del nuevo nombramiento debe centrarse en devolver la certeza y la tranquilidad a una población que exige orden y respuestas efectivas de sus autoridades.

Así, el Congreso local enfrenta un reto que va más allá de nombrar un sustituto: tiene la obligación moral de devolver la certeza a una entidad que no puede permitirse seguir en pausa.

Sinaloa no necesita parches temporales ni discursos de coyuntura; requiere autoridades con la firmeza y el respaldo necesarios para asumir el control y dar respuestas claras a las exigencias de la sociedad.