Rendición de cuentas, el reto para 2026

Editorial
20 enero 2026

Sin CEAIP y con nueva deuda, 2026 será una prueba clave para la rendición de cuentas en Sinaloa, según señaló la directora del organismo civil Iniciativa Sinaloa, Marlene León Fontes.

Advierte que el 2026 será clave para evaluar si las instituciones fiscalizadoras, la Oposición y la ciudadanía podrán contener la opacidad y el uso discrecional de recursos públicos de parte de la mayoría de los gobiernos que postulan a simpatizantes de Morena y la llamada 4T.

No está de más la advertencia, tomando en cuenta que ya se hizo realidad la desaparición de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública y tenemos en la puerta la necesidad de que se transparente el gasto de créditos por 4 mil 500 millones de pesos que solicitó y se autorizó la 4T para el Gobierno estatal.

Y justamente serán estos ejemplos los que pondrán a prueba a las instituciones encargadas de la fiscalización, a los órganos internos de control, a los partidos políticos de la Oposición y a la ciudadanía en general.

Existe, desde siempre, esta preocupación porque sea el propio estado y sus dependencias que tengan el sartén agarrado del mango un tema tan sensible como la transparencia, tomando en cuenta que es desde ahí que comienza siempre el deseo de los funcionarios de ocultar información que pudiera ser usada en su contra.

Y es que de golpe y porrazo se dio este retroceso que nos deja como a finales del siglo pasado, aunque hoy con la promesa de que ahora sí trabajarán para que esta información sea presentada desde su origen.

Pero hay dudas serias, debido a que estos órganos internos de control tienen obvias limitaciones para garantizar el acceso a la información y vigilar el uso de los recursos públicos, estructuras y un juego muy diferentes a lo que la CEAIP podía ofrecer.

Por eso la importancia en que entren al juego tanto los partidos de Oposición como la ciudadanía organizada, para estar pendientes y que puedan exigir, cuando se deba, cuando se tenga alguna duda sobre si el derecho a estar informados podría correr algún peligro o de ser parcialmente ejercido.