Salvar el negocio
El Estado mexicano está obligado a garantizar la seguridad para todos y debería estar obligado también a dar resultados cuando se vea alterada.
La Constitución mexicana establece que es obligación del Estado, con responsabilidad compartida entre Federación, estados y municipios, salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas.
Sin embargo, en Sinaloa y sobre todo en la región de Culiacán, durante los últimos 10 años el Estado mexicano no ha podido cumplir con esa obligación y la ola de violencia generada por el crimen organizado ha alterado la paz y la seguridad.
Además del saldo que ha dejado el enfrentamiento entre facciones del crimen organizado, la violencia en Sinaloa ha tenido consecuencias en el desarrollo de las comunidades.
Algunos lo han padecido en su integridad y su tranquilidad, otros, niñas, niños y jóvenes, en la educación que deberían recibir, algunos más, en sus actividades sociales y otras personas más, en sus negocios.
La violencia tiene un impacto negativo en las actividades económicas y muestra de ello es lo que ha vivido Culiacán con el cierre de cientos de empresas, pérdidas de empleo y también, pérdidas económicas.
Ante lo complicado que ha sido para el Estado restablecer la seguridad, la paz y el orden en diferentes zonas de Sinaloa, tal vez sea momento de que sume un compromiso más y que sea con el de las actividades productivas.
Es cierto que a nivel local las autoridades se han esforzado por dar apoyos a diferentes comerciantes y empresarios para aminorar el impacto que ha tenido la violencia en sus empresas. Pero no ha sido suficiente.
Por ello, sería conveniente que al menos en ese rubro, el económico, escuchen a las empresas y hagan suyos los planteamientos de apoyos que les permita mantenerse a flote mientras las condiciones mejoran y las estrategias de seguridad tienen resultados.
Se necesita salvar el negocio, porque reponerse de esta crisis va a ser una cuesta arriba y hay que empezar a andar.