Seguridad ¿para quién?

Puede ser que las víctimas de la violencia que se registra en Mazatlán en las últimas semanas estén relacionadas con actividades ilícitas. Puede ser que hasta el momento, ninguna persona involucrada con el crimen organizado haya caído abatida por las balas de criminales.

 

Pero ¿quién garantiza que eso esté ocurriendo? ¿Qué fundamento tienen las autoridades para deslindar responsabilidades y responsabilizar a quienes han perdido la vida en hechos violentos? ¿Cuántos de los casos de homicidio doloso ligados al crimen organizado han sido realmente investigados y esclarecidos por las autoridades?

 

Porque también puede ser que en la ola de violencia que se registra no solo en el municipio, sino en el resto de Sinaloa, también haya víctimas que no tienen nada que ver con la delincuencia organizada y que su homicidio haya sido circunstancial.

 

Y ¿cuántas veces la autoridad ha salido a aclarar que al menos una de las personas asesinadas no estuvo involucrada con hechos delictivos? O ¿cuántas veces, han salido a disculparse por estigmatizar a las víctimas de la violencia en Sinaloa como hechos de la delincuencia organizada?

 

Sinaloa no está bien en materia de seguridad. Ni tampoco Mazatlán. Y no están bien porque sus autoridades han buscado minimizar los hechos de alto impacto. Y en la medida en que han insistido en negar que estos afecten a la sociedad, les ha imposibilitado en buscar y encontrar soluciones que resuelvan la inseguridad que padecen los sinaloenses.

 

Mario López Valdez en Sinaloa y Carlos Felton González en Mazatlán están por terminar sus mandatos en la Gubernatura y la Alcaldía, respectivamente. Y lo harán con una deuda hacia sus gobernados: el de no haber sido capaces de ofrecer la seguridad y tranquilidad.

 

Porque sí, Sinaloa y Mazatlán no son lugares seguros y sus gobernantes no han podido ofrecer a la población la tranquilidad que ha sido robada por los enfrentamientos a balazos y los muertos que se han sucedido unos tras otros.

 

Para quienes a partir del 1 de enero comenzarán a tomar las riendas de Sinaloa y Mazatlán el reto que viene será enorme: devolver en la población la confianza en sus autoridades y sus cuerpos de seguridad, un activo que en esta administración ya se les ha diluido en sus manos.