Transparentes

Editorial
28 mayo 2025

Uno de los activos de quienes están en el servicio público es el de honrar la palabra, la de los compromisos que hacen con sus representados y que en la práctica lo demuestra sin que se lo exijan.

Aunque esos perfiles en la política son escasos, son los que mejor funcionan cuando se trata de administrar el recurso público.

En la política que se ejerce en Sinaloa las campañas electorales arrancan un sinfín de promesas que se ajustan según el momento que se atienda, pero hay algunas que se quedan guardadas porque se trata de responsabilidades básicas.

El de un Gobierno Transparente, como lo llegan nombrar en los planes de desarrollo, es uno de ellos y que han cumplido a regañadientes sólo porque había organismos que los presionaban para hacerlo.

Pero esos organismos independientes están desapareciendo y ahora solo queda la voluntad de quien administra la información para que bajo sus criterios, entreguen las solicitudes, o no, que se presenten.

Y queda entonces ese compromiso de quienes ejercen el servicio público, ya sea por designación o por elección, de apostar por un ejercicio apegado a la transparencia y que deberá someterse a prueba cuando se les exija informar.

La información pública, la que se genera con los actos públicos de quienes gobiernan, es fundamental para evaluar no solo cuánto y cuándo se está gastando el recurso, sino de qué manera lo está haciendo.

Y un Gobierno y sus capacidades y sus limitaciones es evaluado a partir de la información que se dispone y que está al alcance de todos. Pero debe ser no solo la que a quien gobierna le interesa difundida, sino la que se convierte de interés general.

La desaparición de los organismos que servían de garantes para hacer valer un derecho constitucional ha significado un retroceso y la clase política que lo avaló dieron un paso atrás con ello. Ahora, habrá que ver de qué tamaño es la responsabilidad de quienes gobiernan y toman decisiones, para cumplir con ese gobierno transparente que han prometido.