A fines de los años 90, México vivió una espiral de violencia

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Blanca Rosa Hernández

A fines de los años 90, México vivió una espiral de violencia. Entonces se interpretaba como resultado de la crisis económica de 1995, aunque escuché una mejor explicación (del extinto Samuel del Villar) que la asociaba a los cambios constitucionales relacionados con la impartición de justicia, especialmente el Artículo 20. Me parece que también tenía que ver con el derrumbe del régimen, aunque entonces eso no era inteligible.
Aunque hubo manifestaciones en contra de la violencia desde entonces, fue hacia 2004 cuando ocurrió la primera gran marcha, politizada y menospreciada. En 2008, una segunda marcha, menor en cantidad, dio como resultado un "acuerdo nacional". Frente a la exigencia de Fernando Martí, las autoridades se comprometieron a cumplir, para no renunciar, y establecieron compromisos que casi tres años después apenas van a la mitad.
Los gobiernos de los estados no han certificado a sus altos funcionarios, como debían haberlo hecho. Menos aún han avanzado en construir una policía única, en la que ni siquiera coinciden. En estos tres años, desde la marcha de 2008, los secuestros y la extorsión se triplicaron. Ahora, con una nueva marcha, aún menor, se propone construir un pacto nacional. ¿Cómo para qué?
El crimen organizado sólo florece con la participación de las autoridades. No he encontrado aún un comandante de la Policía Judicial, ya desaparecida, que no haya terminado trabajando para el narcotráfico. La única vez que tuvimos un "zar antidrogas", el general Rebollo, resultó cobertura de Amado Carrillo. ¿Por eso los gobernadores no certifican a sus funcionarios?
Reducir y controlar al crimen organizado (lo único factible), exige contar con cuerpos de seguridad razonablemente honestos, dispuestos a cumplir y aplicar la ley. Pero esas costumbres nos son ajenas, exóticas como decían antes. La ley no es lo nuestro. Vivimos todo el siglo pasado sin necesitarla, nos alcanzaba con el autoritarismo. Ya no más, hoy hay que decidir entre un país de leyes y el caos. Ya no hay nada en medio.
Pero decidirnos por la ley parece ser un gran sacrificio, que no estamos dispuestos a sufrir. No vaya a ser que en verdad quieran aplicarle la ley a todos, es decir, incluso a nosotros. Es decir, podría ocurrir que nos exigieran pagar nuestros impuestos seriamente, darle seguro a todos nuestros empleados, manejar civilizadamente.
Porque si el crimen organizado requiere del apoyo de autoridades corruptas, también necesita del cobijo social. Por décadas, no hubo control alguno en las cuentas bancarias y sus movimientos, que permitieron el lavado de dinero de los criminales, y de miles de ciudadanos comunes, que simplemente no querían pagar sus impuestos. Y si bien eso va mejorando, todavía es posible comprar autos e incluso casas pagando en efectivo.
La aceptación social de los infractores de la ley empieza por ambulantes y franeleros, se sigue con tránsitos y burócratas a quienes hay que "recompensar", y de muy poco a poco acaba en altos funcionarios que enriquecen en sus puestos. Y si bien nos quejamos de todos ellos, nada hacemos para corregirlo. Nada contra ambulantes, franeleros, recolectores de basura, porque son "pobres"; nada contra manifestantes, porque ejercen "derechos"; nada contra tránsitos y burócratas, porque si no, no sale el trámite; nada contra los funcionarios, porque no vaya a ser que se enojen.
Es claro ya para todos que el poder hoy se concentra en los gobernadores. En consecuencia, si se quiere un mejor Gobierno basta con enfrentar al Gobernador y obligarlo a trabajar. La sociedad podría hacerlo, pero no lo hace. Y no lo hace porque los organismos empresariales, las ONG, los medios de comunicación, todos tienen su propia agenda, sus negocitos que impulsar, sus trapos que cuidar. Forzar al gobernador a cumplir la ley podría resultar una pésima idea. Capaz que él intenta hacer lo mismo con nosotros.
El único acuerdo nacional que puede servirnos es aceptar que las leyes se apliquen, y para ello construir cuerpos de seguridad y jueces que lo hagan. Pero ese acuerdo exige reconocer que todos somos iguales frente a la ley, y no queremos hacerlo. Queremos ser el empresario, el activista, el articulista, el líder social, el diferente. El privilegiado.
Y, otra vez, son esos privilegios los que nos han convertido en un país profundamente desigual e incompatible con el Siglo 21. O nos aceptamos iguales, y que la ley se aplique a todos, o seguimos jugando a ser privilegiados, y que sobrevivan los más fuertes.
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@mschetti
Profesor de Humanidades del ITESM-CCM