Ahora, para justificar la inasistencia del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, se dijo que viajó a Nuevo León para inaugurar la tercera etapa del Congreso Nacional de Juzgadores; empero, los comen

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SUGEY ESTRADA / JESÚS LÓPEZ / HUGO GÓMEZ

Como las gallinas mañosas, que cacarean en el nido, aunque no hayan puesto ningún blanquillo, algo así ocurre con el Acuerdo Nacional por la Seguridad, pues hay quienes poco o nada hicieron digno de valorarse en los primeros 100 días que lleva dicho pacto, pero aun así dicen estar muy preocupados por la inseguridad y, de paso, dejan sentir que las fallas son federales, mientras que desde el centro sacan estadísticas que dicen lo contrario.
Precisamente, algunos gobernadores aseguraron que el rezago en el cumplimiento de los compromisos asumidos en este Acuerdo, el pasado 21 de agosto, obedece a que no se han asignado recursos federales para ejecutarlos.
El Ejecutivo de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, por ejemplo, dijo que aún faltan compromisos por saldar y que los resultados son parciales; en Morelos, Marco Adame Castillo, expresó que los puntos que reportan avances mínimos dependen de la aplazada aprobación de la nueva Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la asignación de recursos federales, pero negó que su administración hubiera incumplido.
Fidel Herrera, de Veracruz, Jorge Hurtado, de Campeche, e Ivonne Ortega, de Yucatán, manifiestan que se han portado bien y sólo pueden decir que en sus entidades, y por lo que a ellos toca, el Acuerdo se cumple en tiempo y forma.

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Poder Judicial ausente
Para comenzar, durante la 25 Sesión del Consejo de Seguridad, en la que se presentaron los resultados a cien días de la firma del Acuerdo por la Seguridad, que anteayer tuvo lugar en Palacio Nacional, se reconoció que no había qué festejar, pero tampoco se presentaron las renuncias tan esperadas u ofrecidas por parte de quienes admitieran que habían fallado.
En esta misma sesión resaltó la ausencia del Poder Judicial, pues no asistió ninguno de sus representantes, que sí estuvieron el pasado 21 de agosto cuando se formalizó el mencionado Acuerdo; en dicha ocasión, los tres Poderes Federales, los 31 gobernadores y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, así como dirigentes sindicales, representantes de la Iglesia, empresarios, organismos civiles y medios de comunicación, que firmaron un Pacto anticrimen de 75 compromisos, de los cuales, según "México Unido contra la Delincuencia", sólo se ha cumplido el siete por ciento.
Ahora, para justificar la inasistencia del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, se dijo que viajó a Nuevo León para inaugurar la tercera etapa del Congreso Nacional de Juzgadores; empero, los comentaristas políticos consideraron que los jueces le hicieron el vacío a Felipe Calderón Hinojosa, por las declaraciones que éste hizo una semana antes en Perú acerca de que también, como el Ejecutivo Federal, el Poder Judicial debería hacer su propia Operación Limpieza.
Tal vez así haya sido, y es de mencionar que a un priista jamás se lo hubieran hecho; pero ahora parece que ocurrió, lo cual es preocupante porque afecta la colaboración que debe existir entre cada uno de los Poderes de la Unión; de cualquier forma, como para reforzar la hipótesis del vacío, llamó la atención que Ortiz Mayagoitia dijera este viernes en Monterrey que el Poder Judicial de la Federación no es puro ni infalible y que la corrupción, las presiones indebidas y las amenazas, son un riesgo de toda función pública.

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Gris pintado de gris
Empero, no sólo las ausencias empañaron la evaluación del mismo Acuerdo por la Seguridad, si es que así fue, también este episodio se pintó de gris por los enjuiciamientos previos que se hicieron de las medidas aplicadas para aterrizar el pacto, así como la violencia criminal desatada en varias localidades del país en abierto desafío al Gobierno mexicano.
Igualmente, en la coyuntura, se recrudeció la exigencia de hacer cambios en el gabinete Presidencial, a lo cual se sumaron los reclamos de Nelson Vargas, quien demanda que aparezca su hija, y los de Fernando Martí García, que ahora impulsa una organización ciudadana contra la inseguridad.
Así, y con la precisión hecha el viernes por el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont Urueta, de que, con la evaluación de los primeros 100 días del citado Acuerdo, no había nada qué celebrar, durante el diagnóstico del Ejecutivo federal se reconoció que los delitos del fuero común han aumentado 9.7 por ciento, mientras que los que corresponde perseguir a la PGR han disminuido 4.7 por ciento de enero a octubre de este año, en comparación con el mismo periodo de 2007; mientras que 15 oradores hablaron del "esfuerzo" que se ha realizado en más de tres meses.
Tales esfuerzos se diluyen porque, como lo reportó ahí mismo Monte Alejandro Rubido García, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a octubre de 2008, el total de delitos registrados en el ámbito nacional fue de un millón 571 mil, lo que representa un incremento de 8.5 por ciento respecto al mismo periodo de 2007; los delitos fueron cinco mil 167 por día, o sea, uno cada treinta segundos; de los ilícitos, el más común es el robo, que se incrementó en un ocho por ciento durante este año, y creció un tres por ciento desde la firma del Acuerdo.

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Cinco mil homicidios
Los homicidios dolosos, referentes a las ejecuciones que día a día ensangrientan al país, ya andan por los cinco mil en este año y casi llegan a las 10 mil en el sexenio; su crecimiento es del 10 por ciento en 2008, y después de signar el Acuerdo se dispararon hasta por un 6.8 por ciento.
Relacionado con los secuestros, se tienen registrados 934 casos en lo que va del año, un promedio de casi tres diarios, es decir, al menos uno cada 12 horas, y durante los 100 días del Acuerdo se han reportado 237 plagios.
Las cosas parecieron mejorar con lo informado el viernes pasado por Gerardo García Luna, el Secretario de Seguridad Pública a quien medio mundo trae entre ojos y le exige su renuncia menos quien tiene facultades constitucionales para hacerlo, es decir, el Presidente de la República, que desde Perú el domingo 23 lo respaldó al expresar que "si hubiera alguna duda de su probidad, seguramente no sería Secretario".
Con semejante padrinazgo, García Luna anotó que desde la firma del Acuerdo han desarticulado 53 bandas de secuestradores en todo el país, una cada tercer día; se ha liberado a 184 personas secuestradas, 13 por semana; se han detenido, en lo que va del año, hasta noviembre, a 795 secuestradores, 72 por mes, un promedio de dos secuestradores por día, y agregó que en el Sistema Penitenciario Nacional, de las 32 entidades federativas, hay siete mil 514 reos acusados de ser secuestradores, y no se sabe cuántos andan sueltos.
Al concluir el acto evaluatorio, el Presidente Felipe Calderón dijo entender "el temor que sienten los padres de que sus hijos sean víctimas de la delincuencia.
"Soy consciente de la desesperación, la impotencia, el agravio y el profundo dolor que embarga en estos momentos a muchos mexicanos que han sido víctimas de criminales sin escrúpulos y que no encuentran en nosotros las respuestas que esperan de sus autoridades".
Expresado lo anterior, si alguien tenía ganas de aplaudir y festejar, ahí se le enfriaron los ánimos.

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Aplicación desigual
Al respecto, como Noroeste lo ha informado puntualmente durante estos días, la aplicación de dicho Acuerdo ha sido desigual en sus primeros meses, y son los gobiernos estatales los que acusan mayor rezago, mientras que el Poder Judicial ha cumplido con los puntos que tiene asignados.
Los analistas, a su vez, insisten en que las autoridades estatales incumplieron en la creación de indicadores de medición del desempeño de las instituciones policiales y de procuración de justicia, coincidentes con la metodología de indicadores nacionales, con participación de instancias ciudadanas.
Encuentran también que ni siquiera a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores se pudo avanzar en este rubro, pues se incumplió con la meta de establecer leyes y competencias concurrentes para combatir al narcomenudeo, ni siquiera se sabe si existe algún anteproyecto al respecto.
Ciertamente, algunos estados concretaron reformas a sus legislaciones locales e iniciaron la depuración de los cuerpos policíacos, mientras que otros se dedicaron a firmar nuevos acuerdos; la compra de equipo y la capacitación de personal con cursos de bajo perfil fueron las constantes en varias entidades.
Pero también se aprecia una desigual reasignación de recursos y partidas dentro de los respectivos presupuestos estatales que deben fortalecer y hacer más eficientes los sistemas de seguridad y procuración de justicia; en dicha desigualdad de las acciones es perceptible la prioridad que cada gobierno otorgó a la lucha contra la inseguridad, pero fuera del acuerdo signado hace 100 días.
Entre lo que hicieron los estados se tiene que en Chiapas se legisló para castigar hasta con 110 años de cárcel a secuestradores, plagiarios y extorsionadores; en Tabasco, Hidalgo y Quintana Roo, se crearon unidades especializadas de antisecuestro; en Yucatán se fundó la Policía Femenil; Baja California adelantó su incorporación al Sistema Único de Información Criminal; mientras que en Chihuahua y Veracruz presumieron la compra de patrullas y motocicletas para incrementar los rondines de vigilancia.
En lo que toca a la Federación, como ya se adelantó, tampoco se cumplió cabalmente con el Acuerdo; sólo el Poder Judicial cubrió totalmente los compromisos fijados para los primeros 100 días, como es transparentar el desempeño de los órganos del Poder Judicial y de sus titulares; crear y sistematizar indicadores de desempeño para dar acceso a los datos relacionados con juicios.

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Senado no tiene plazos
A su vez, fue el Congreso de la Unión el que no logró avances notorios para el Acuerdo por la Seguridad, y sobre de esto, el presidente de la Mesa directiva del Senado, Gustavo Madero Muñoz, como lo informó Noroeste el pasado miércoles 26, aseguró que están trabajando "arduamente" para lograr avances legislativos pendientes en materia de seguridad y justicia, aunque aclaró que los 100 días de la firma del Acuerdo en esa materia no son plazo para el Senado de la República.
"Hay que aclarar, indicó, que nuestro compromiso era dictaminar antes de que concluya el periodo de sesiones las iniciativas que enviara el Presidente de la República durante el mes de octubre: ése fue el compromiso que quedó definido y que cumpliremos integralmente".
De los asuntos que se debaten en el Senado, Gustavo Madero se refirió a la reforma penal; la iniciativa sobre la telefonía celular; la Ley contra el Secuestro, la ley federal, y también la posibilidad de ya establecer los mecanismos de coordinación.
Igualmente, diputados federales de PAN, PRI y PRD, coincidieron en que los primeros 100 días del Acuerdo no fueron suficientes para mejorar la situación que vive el país en materia de seguridad pública, por lo que debe seguirse trabajando contra la inseguridad.
César Camacho Quiroz, del PRI, y presidente de la Comisión de justicia de la Cámara de Diputados, advirtió que 100 días son insuficientes para poder diseñar, concretar, operar y cuajar la estrategia en materia de seguridad, ya que se abarcan un sinnúmero de asuntos; no obstante, afirmó que lo importante es no cambiar de rumbo e indicó que la estrategia que el Ejecutivo encabeza, carece de una visión de rediseño en las instituciones, "ya que no basta cambiar a las personas; hay que cambiar radicalmente al modelo".
David Mendoza Arellano, del PRD, y secretario de la Comisión de seguridad pública, insistió en que "falta mucho por hacer" para dejarle claro a la sociedad que los tres órdenes de gobierno trabajan en contra de la delincuencia organizada.
Cristián Castaño Contreras, del PAN, por su parte, manifestó que "nadie puede cantar victoria", debido a que aún existe una indignación nacional por los delitos que comete la delincuencia, por lo que el Gobierno federal no puede sentarse ni cruzarse de brazos en este momento.
Castraño Contreras sostuvo que la evaluación aquí aludida "fue una reunión para hacer un análisis objetivo de los avances en esta materia, donde se destacan las cabezas de las bandas que se han desmantelado y el fenómeno delictivo que hay a nivel nacional".
Recalcó que debe verse objetivamente la situación en el país en materia de seguridad pública, incluyendo la limpia que se hace al interior del Gobierno, porque desde hace años ha sido infiltrado por el narcotráfico, "hemos dormido con el enemigo en la misma casa".
Ante lo dicho por el Diputado Castaño Contreras, cabe preguntar que ¿a quién le debemos dar las gracias por habernos puesto a coexistir y hasta dormir, en el mismo domicilio, con un enemigo corruptor y sanguinario como al que ahora quieren acabar con limpiezas y exorcismos?

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Cambios en el gabinete
En otros territorios de la política nacional, se tiene que por fin hubo cambios en el gabinete Presidencial, pero no los que quiere la oposición, o los que a trasmano, dicen los analistas, exigen ciertos panistas que no aceptan las alianzas que aconsejaría la gobernabilidad.
Entre los cambios sobresale el de César Nava Vázquez, quien dejó de ser Secretario particular de Felipe Calderón para irse como ayudante del líder del PAN, Germán Martínez Cázares; el lugar de Nava lo ocupa, desde el pasado miércoles, Luis Felipe Bravo Mena, quien renunció a la Embajada de México ante el Vaticano, para atender sus nuevas responsabilidades.
Como se recordará, Bravo Mena también fue líder nacional del PAN y llegó a decirse que sería el Secretario de Gobernación de Vicente Fox, pero no creció; el guanajuatense, que no siempre fue agradecido, hizo Bravo Mena un diplomático de medio pelo.
Sin embargo, parece que el ya ex Embajador quería más, pero lo único que atrapó fue la Secretaría particular en Los Pinos, captura que él quiso amplificar, hicieron notar los analistas, pues apenas si tomaba posesión de su escritorio y ya adelantaba que iba a cogobernar con Calderón Hinojosa, o algo por el estilo, pues en su discurso oficial públicamente le dijo al Presidente que "asumo que usted no me llama a cubrir un empleo, sino a acompañarlo en el cumplimiento de esta apasionante misión", por lograr un México mejor.
La verdad, se creía que Bravo Mena venía a chambear y arrastrar el lápiz, no que estaría de acompañante de Calderón al momento cuando éste cumpliera sus responsabilidades de Primer Mandatario, lo cual no sería un error, sino un disparate, pues con una Marta ya fue suficiente; por eso Luis Felipe debe aclarar exactamente a qué vino.