Análisis: El transporte urbano en Sinaloa

""

Gilberto Yáñez

 Recientemente es­cuché en un grupo de amigos, comen­tarios negativos al transporte urbano de nuestro estado, tanto en lo relativo a los autobuses como el que se presta por medio de taxis y otros vehículos como las pulmonías y las bronquitis de Mazatlán. Mal servicio, altas tarifas, exceso de velocidad, descortesía de los choferes y el desprecio hacia el público, sobre todo de los transportes colectivos urbanos, cuyas de­ficiencias y abusos son histo­rias cotidianas.
La conclusión de la pláti­ca era evidente: es indispen­sable eliminar las "concesio­nes" a transportistas colecti­vos y a taxistas, porque son la causa de los abusos y del mal servicio.
Por supuesto, el comen­tario unánime fue que el Gobernador López Valdez ofreció en su campaña elec­toral cambios en Sinaloa que no se han realizado y en lo que respecta al transporte público, los problemas han empeorado con la difícil si­tuación económica derivada del aumento en los impues­tos promovido por el Gobier­no de Peña Nieto, con ayuda del PRD. Cuando menos el PAN no votó a favor del in­cremento fiscal, aunque su oposición no fue difundida adecuadamente a los ciu­dadanos y ningún diputado panista en el Congreso de Sinaloa ha promovido lo que es evidente e indispensable: liberar el transporte público de Sinaloa y que cualquier persona que cumpla los re­quisitos legales, pueda pres­tar el servicio de transporte colectivo y el de taxi.
Garantizar los daños a terceros y a los pasajeros, buen estado exterior y me­cánico de los vehículos, aire acondicionado obligatorio indispensable en el verano sinaloense, competencia en las tarifas de un servicio público indispensable y co­tidiano y la atención cortés al público y a la seguridad, con velocidad moderada que reduzca el número de acci­dentes lamentables, son los elementos que los ciudada­nos señalan como indispen­sables. Si la vigilancia de los oficiales de tránsito es nula por su evidente escasez, la competencia de transpor­tistas seguramente sería un incentivo para mejorar la atención a los pasajeros.
Lamentablemente, los 10 últimos gobiernos de Sina­loa, sin excepción, -todos del PRI con excepción del ac­tual- en los últimos 60 años han despreciado la atención a los ciudadanos en el ser­vicio público de transporte y han privilegiado el con­trol político electoral de los transportistas, en perjuicio del bienestar de los usuarios. Las concesiones al transpor­te público aseguran para el PRI los votos de cuando menos los propietarios de los vehículos beneficiarios de la concesión y por rebo­te, la posibilidad de influir en los choferes, ahora todos empleados de los concesio­narios, convertidos en em­presas mercantiles que se benefician de lo que en un tiempo fue una ayuda social importante para quien aho­rraba y compraba un vehí­culo para servicio público.
La aparente justificación de las concesiones para el transporte público en Sina­loa y muchos otros estados se originó con el interés de proteger a los choferes pro­pietarios de los vehículos de transporte público, quienes en aquel tiempo eran los choferes de sus propios ve­hículos comprados con la mezcla de ahorro y de cré­ditos de los bancos locales. Al mismo tiempo, los benefi­ciarios de las concesiones se convertían en votantes del PRI, agradecidos por la con­cesión y por los beneficios económicos evidentes que se derivaban de ellas.
Los choferes concesio­narios se convirtieron en ciudadanos de clase media, con bajos impuestos y trato especial del gobierno esta­tal en turno, a cambio de su voto al PRI en las elecciones locales y federales. Con el tiempo, cada concesionario compró más de un vehículo y se convirtió en empresa­rio con choferes empleados, que en condiciones laborales ilegales en cuanto la dura­ción de la jornada y la falta de prestaciones laborales, formaron lo que ahora el público usuario del servi­cio denomina "el pulpo del transporte" de cada ciudad del país y desde luego, de Si­naloa, donde los abusos son mayores.
El exceso de velocidad en ciertas horas es característi­ca de que el vehículo es con­ducido por un "chambero", empleado del concesionario.
El cambio ofrecido por el Gobernador López Val­dez en su campaña electoral nunca llegó en los tres años y medio ya cumplidos de su gobierno y en opinión uná­nime de los presentes en la reunión aludida -casi todos usuarios del transporte pú­blico- el servicio público de transporte en Sinaloa es ma­lo, caro y peligroso, en per­juicio del público, víctima de la credulidad en el período de campaña electoral. El vo­to por el ahora Gobernador, dicen los ciudadanos, fue un intento inútil de cambiar las cosas favorablemente para los usuarios cotidianos de un servicio público indis­pensable.
Sin duda, los servicios de transporte que prestan en al­gunas ciudades los mismos gobiernos estatales o mu­nicipales es peor que el que tenemos en Sinaloa, pero sin duda mejoraría en nuestro estado si los empresarios transportistas tuvieran competencia en cuanto a la calidad, seguridad y precio de sus servicios. Las perso­nas que trabajan diariamen­te, los estudiantes y quienes deben usar el transporte co­lectivo o los taxis de Sinaloa, se quejan de la baja calidad del servicio y de la evidente complicidad del gobierno estatal, que nada hace para mejorar un servicio básico para los ciudadanos.
Peor aún son las quejas de los ciudadanos que tienen accidentes en los que inter­vienen vehículos de trans­porte público, por la flagran­te complicidad de los poli­cías de tránsito y de los agen­tes del Ministerio Público de Sinaloa, cuando es evidente la culpabilidad en el acciden­te del chofer del vehículo de transporte público. Peritajes amañados, intimidación a la víctima y sobre todo, la co­rrupción evidente que todo sinaloense sabe que existe en perjuicio del ciudadano común y corriente, cuando el causante del accidente es un vehículo de transporte público. El Gobernador pue­de cambiar las cosas. Aún es tiempo y seguramente lo­graría el aplauso y la buena voluntad de los usuarios del servicio público y de todos los ciudadanos si lo hace. El siguiente paso sería conver­tir a los policías preventivos y de tránsito en personas honestas,bien pagadas, que protejan a los ciudadanos.