De triunfar Felipe Calderón, las previsibles protestas pos electorales confluirán con las protestas sociales en contra de la política represiva del régimen foxista. Más todavía si ese hipotético triunfo fuese con estrecho margen, siendo el T

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Saúl Valdez / Fernanda González

Al ambiente de crispación política exacerbado por la contienda presidencial, sobre todo entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, donde el primero lanza, en inocultable sincronía con el Gobierno federal una campaña mediática sin escrúpulos en pos del voto del miedo, se agrega el de crispación social producto de las represiones en Sicartsa y Texcoco-Atenco. Las cuales mostraron el rostro represivo, de línea dura, del régimen foxista, poniendo en cuestión su pretendido compromiso "inaugural" con el respeto y vigencia de los derechos humanos en México y el mundo.
Con relación al conflicto del Gobierno federal con el Sindicato Minero-Metalúrgico, la Gobernadora perredista de Zacatecas, Amalia García, denunció que se le ha "conminado" a que haga uso de la violencia para romper la huelga de los trabajadores siderúrgicos en la mina San Martín, municipio de sombrerete, Zacatecas. Rechazando, sin embargo, un desenlace sangriento.
Muy distinto apunta a ser el comportamiento del Gobernador de Sonora, Eduardo Bours, quien anunció su decisión de pedir el respaldo del Gobierno federal para proceder a la recuperación de la Mina La Caridad, de Nacosari, propiedad de Grupo México, quien pese a las huelgas en varias de sus empresas no ha visto disminuir sus ganancias gracias al aumento en los precios del cobre y otros metales que esos paros laborales provocan.
En su empecinamiento por dar un golpe de mano burocrático en el SNTMMSRM, el Presidente Fox demuestra su alianza con algunas de las empresas mineras más importantes del país. Granjeándose la antipatía de vastos sectores de la población.
Al concluir la 34 convención del Sindicato Minero-Metalúrgico, los convencionistas y representantes del sindicato de telefonistas, la CROC, los Sindicatos Mexicanos de Electricistas, y Nacional de Trabajadores del Seguro Social, anunciaron que "a todas partes a donde vaya el Presidente (Vicente Fox) y el candidato presidencial del PAN los seguiremos", increpándoles su violación a la autonomía sindical.
José Luis Soberanes, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no se anduvo con rodeos para decir que el Gobierno del Presidente Fox llega a un asiento en el nuevo Consejo de Derechos Humanos de la ONU "con las manos manchadas de sangre".
"¿De qué sirve que este gobierno haya creado una subprocuraduría, una subsecretaría, y una unidad de derechos humanos, una enorme burocracia que cuesta muchos millones al país, si no es para la promoción de esas garantías" (individuales), y, peor aún, "sirven de tapadera a la violación de los derechos humanos?" Se cuestionó el ombusdman nacional. Quien documenta los atropellos y vejaciones sufridas por las mujeres tomadas prisioneras durante el operativo de represión en Atenco.
Felipe Calderón dijo compartir la decisión de Fox de usar la fuerza pública en Texcoco-Atenco, y exige "pruebas claras" de las agresiones sexuales contra decenas de mujeres detenidas, poniéndose en la misma frecuencia que el Gobernador Enrique Peña Nieto. Como si éstas fuesen unas impostoras.
Al enfrentar en Viena, Austria, las protestas contra el salvajismo de la policía mexicana (dándose también en otros 16 países), el Presidente Fox justificó la represión en aras de "traer paz a los habitantes de Atenco ante una embestida de violencia, aplicando la ley contra quienes atentaron contra la tranquilidad", lo cual es insostenible.
El Presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, desmintió al Presidente Fox al admitir que sí abordó con el Mandatario mexicano la brutal agresión sufrida por dos ciudadanas españolas durante los acontecimientos de Atenco. Ello en el marco de la cuarta Cumbre de Estado y de Gobierno de América Latina y El Caribe-Unión Europea, donde, por cierto, el Presidente Fox volvió a romper lanzas con el Presidente Chávez y a marcar su distancia con la decisión del Presidente, Evo Morales, de nacionalizar los recursos energéticos de Bolivia, empeñándose en negar el giro de América Latina hacia la izquierda.
Crispación política y crispación social en convergencia son una combinación explosiva. Visto en su contexto el endurecimiento del foxipanismo en las postrimerías del sexenio está siendo calculado para incidir en la votación el 2 de julio, advirtiendo a las clases medias, cuyo grado de participación en las elecciones es proporcionalmente mayor al de otros sectores sociales, que el candidato de la Alianza por el Bien de Todos es un "peligro para México".
Los riesgos de una estrategia así son, por obvia razón, enormes para la estabilidad del país. En las altas esferas gubernamentales, tanto en el plano federal como local, juegan con lumbre so pretexto de imponer el tan llevado y traído Estado de Derecho, que la clase política gobernante aplica, sin embargo, con criterio discrecional según sus intereses del "momento".
Ahí están como "botones de muestra" casos jurídicos como los Amigos de Fox, Pemexgate, el desafuero inconstitucional de AMLO. O bien el Fobaproa-IPAB, así como el tráfico de influencias en beneficio de los hermanos Bribiesca Sahagún y otros preferidos del régimen.
No podemos dejar de mencionar, al respecto, por sus implicaciones inquietantes, los contratos que bajo el mando de Josefina Vázquez Mota otorgó la Sedesol a la empresa de software, Hildebrando, propiedad de Diego Heriberto Zavala Gómez del Campo, cuñado de Felipe Calderón, para diseñar el mecanismo mediante el cual dicha Secretaría accede a los padrones con la información de 41.9 millones de mexicanos incluidos en los programas de combate a la pobreza, como Oportunidades, y la ubicación geográfica de lecherías de Liconsa (La Jornada, 13 de mayo de 2005).
Hoy Vázquez Mota es coordinadora de la campaña panista de Felipe Calderón, y, obviamente, por sus conocimientos técnicos en la materia utiliza en provecho de su causa el software que para manejar tales padrones encargó a la empresa del cuñado del candidato del PAN a la Presidencia. Salta a la vista el daño a la democracia mexicana, aún en ciernes, de dicho tráfico de influencias en un área tan sensible y permisiva a prácticas de coacción y compra del voto.
Además del reprobable tráfico de influencias, la suspicacia en torno a una posible elección de Estado, paradójicamente en las primeras elecciones presidenciales sin el PRI en Los Pinos, está justificada, más aún por el despliegue propagandístico del Presidente Fox en pro del continuismo.
En tales circunstancias, de triunfar Felipe Calderón, las previsibles protestas pos electorales confluirán con las protestas sociales en contra de la política represiva del régimen foxista. Más todavía si ese hipotético triunfo fuese con estrecho margen, siendo el TEPJF quien diría la última palabra. ¿La última?

dmartinnara@hotmail.com