Desde la elección presidencial del año 2000, los electores mexicanos han votado en forma muy interesante e inteligente

19 enero 2011

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Gilberto Yáñez

Desde la elección presidencial del año 2000, los electores mexicanos han votado en forma muy interesante e inteligente. Votaron mayoritariamente para dar al PAN la Presidencia de la República, pero le negaron la mayoría de votos en las dos cámaras del Congreso, impidiendo así que el Poder Ejecutivo del PAN pudiera hacer lo mismo que durante más de siete décadas hizo el PRI: modificar la Constitución y la ley a su gusto y conveniencia, sin rendir cuentas de los graves abusos, fraudes y peculados que se cometían en el Poder Ejecutivo Federal.
Lo mismo pasó en la elección presidencial de 2006 y afortunadamente se repitió en Sinaloa en la elección del pasado mes de julio. La coalición que llevó a Mario López Valdez al Gobierno estatal no tiene mayoría de votos en el Congreso de Sinaloa. Consecuentemente, el nuevo Gobierno no podrá hacer lo que durante ocho décadas hizo el PRI en Sinaloa: disponer del dinero del erario sin límite y sin escrúpulos, porque ahora el Poder Ejecutivo estatal ya no tendrá la automática aprobación de la Cuenta Pública anual del Gobierno estatal y sin ese requisito, cualquier desvío o abuso en el ejercicio del Presupuesto de Egresos será publicado y podría dar lugar a acciones administrativas y aun penales que crearían un conflicto de poderes de proporciones inéditas en Sinaloa.
Comentaristas extranjeros han opinado que los resultados electorales federales de 2000 y del 2006 han sido producto de votantes inteligentes y enterados de los problemas que representa otorgar al Poder Ejecutivo la oportunidad de cambiar las leyes para adecuarlas a sus propósitos económicos, administrativos o simplemente políticos, lo que propicia la corrupción.
Otros opinan que se trata de una casualidad y que ha sido un resultado que los electores no han buscado concretamente. Lo importante es que desde las elecciones intermedias de 1997 durante el sexenio de Zedillo, el PRI perdió la mayoría de votos en la Cámara de Diputados y ello impidió que siguiera modificando la legislación a su antojo.
Cuatro elecciones consecutivas de diputados federales indican que los electores han sabido detectar el problema de México: el Presidente de la República con poderes ilimitados, gracias a la subordinación y servilismo vergonzoso de los legisladores de su mismo partido político.
Las leyes restrictivas de la competencia económica que hemos sufrido durante muchas décadas durante la larga era del PRI, fueron el producto de la ideología socialista que prevaleció en nuestros gobernantes federales con altas y bajas entre 1934 y 1982, desde Cárdenas a de la Madrid. Salinas inició el gran cambio de apertura económica que permitió que México, a pesar de Pemex y de la CFE y de los monopolios privados, haya aumentado un poco su competitividad económica y sea el tercer vendedor de productos a Estados Unidos, sólo después de China y Canadá.
Por eso es importante la división de poderes, de tal manera que el Poder Ejecutivo no domine al Poder Legislativo y éste, integrado por representantes de los electores, apruebe las leyes que estime convenientes sin la previa decisión de un dictador, sea sexenal o permanente, sea federal o estatal. El Ejecutivo administra y el Legislativo aprueba las leyes que necesita el País. El Presidente debe administrar con honradez y evitar el mal uso del dinero del erario y el Congreso debe crear las normas obligatorias para que la economía crezca y el País prospere, los impuestos se administren con honradez y con ello mejoren los servicios públicos, la educación, la seguridad social y la seguridad pública, todos quebrados ahora, por los excesos de la larga era del PRI.
La división de poderes se establece por primera vez en Estados Unidos en 1789, al aprobarse la Constitución Federal, después de independizarse de Inglaterra. Desde entonces, muchos países han mejorado la calidad de su legislación y de su convivencia, gracias a la independencia legislativa. En materia de impuestos, por ejemplo, el Poder Legislativo aprueba las cargas fiscales, pero tiene la facultad de vigilar el gasto público cuyo destino específico también requiere de la aprobación del Congreso. El Poder Ejecutivo es siempre insaciable en cuanto se refiere al gasto público y los legisladores deben frenarlo para evitar el abuso fiscal.
El voto popular que otorga a un partido político el triunfo para administrar el país y a otro partido la facultad de legislar y de aprobar el gasto público y su correcta aplicación, es un voto inteligente, práctico y que protege a los ciudadanos contra el abuso del poder. México lo sabe por experiencia propia. Durante más de siete décadas, el PRI y sus antecesores aprobaron las leyes, los impuestos y el gasto público al gusto del Presidente en turno.
Como todas las dictaduras, sean de partido o personales, el resultado fue el desastre político y administrativo que todavía padecemos, acumulado durante 70 años. No tenemos estado de Derecho. Los ciudadanos no pagan los impuestos que deberían pagar. La ley se aplica al gusto y criterio de los funcionarios federales y de los gobernadores estatales y no tenemos policía, sólo impunidad. Endeudamiento, dispendio, exceso de personal, cientos de ricos sexenales que hicieron negocios con el gobierno, sea como proveedores o como contratistas y cuyo dinero, en gran parte, se llevó a Estados Unidos a bancos amistosos y contentos.
Después de la terrible guerra civil de 1913-1928, sólo los gobernantes y sus socios empresarios prosperaron, mientras el país se endeudaba y se empobrecía. La dictadura de partido del PRI permitió la pérdida de grandes zonas forestales, el abuso en la administración del petróleo y de la energía eléctrica, el abuso de los grandes sindicatos al servicio del Estado, creó los impedimentos a la petroquímica privada y mantuvo cerrada la economía al capital extranjero con dispendio, corrupción y falta de seguridad jurídica.
Mientras China y muchos otros países hacen a un lado la ideología socialista para implantar el sistema económico capitalista que muchos políticos mexicanos desprecian por ser el "neoliberalismo", que ahora produce prosperidad en más de la mitad del mundo moderno, mantenemos una economía cerrada en petroquímica, en generación de energía eléctrica y nuclear y felices pagamos cada mes los aumentos a la gasolina para eliminar los subsidios creados por otros gobiernos. El costo mensual de la energía eléctrica es la prueba más clara del fracaso del Estado empresario y corruptor que todavía padecemos.
La alternancia en el poder federal no ha producido sus efectos positivos porque tanto Fox como Calderón se dedicaron a tratar de aumentar los impuestos y a tratar de cambiar las malas leyes, en lugar de primero administrar con honradez y de limpiar al Poder Ejecutivo de la corrupción y del burocratismo asfixiante. Ambos olvidaron que el Presidente no hace leyes sino las aplica y administra las dependencias del Poder Ejecutivo y se olvidaron de administrar y dejaron la corrupción, el exceso de personal burocrático y la tardanza en autorizar lo que debe autorizarse. En lugar de implantar el sistema moderno de dar aviso a la autoridad, mantuvieron vigente la práctica de pedir permiso, que propicia la corrupción y el abuso de autoridad en los tres niveles de Gobierno.
Si Fox y Calderón hubieran hecho su trabajo y hubieran modernizado y limpiado al Poder Ejecutivo, podrían después haber pedido a los votantes el apoyo de su voto para limpiar al Poder Legislativo mediante mejores diputados y mejores senadores. Los electores nunca vimos en ellos el trabajo de limpieza que urgía al país. Vimos a dos gobernantes parecidos a los del PRI, pero sin el apoyo del Poder Legislativo, que prometieron un cambio que nunca llegó.
La alternancia en Sinaloa es una extraordinaria oportunidad para cambiar la administración pública estatal, llena de corrupción y de exceso de gasto y de holgazanes arrogantes que no producen ningún beneficio al estado. El atraso de Sinaloa en la calidad de su administración pública es evidente, pero los políticos no lo ven. El PRI dañó a Sinaloa en los 81 años de permanencia en el poder, por la ignorancia de los electores y el desinterés de los ciudadanos con educación y voz pública. Ahora se pueden cambiar las cosas.