Ebrard actuó en forma irresponsable y cobarde. Por eso los agentes fueron linchados. Toca ahora que se le finquen responsabilidades y se le abra un juicio.

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NOROESTE / REDACCIÓN / SHEILA ARIAS

¿Tuvo razón el Presidente de la República en destituir a Marcelo Ebrard? Sí, sin duda. La constitución lo establece con toda claridad. El nombramiento y la remoción del jefe de la policía de la ciudad de México es una atribución del titular del Ejecutivo federal. El sentido de la norma es muy preciso: busca evitar que una eventual confrontación entre el Gobierno de la República y el Gobierno del Distrito Federal se traslade al espacio de los mandos y los cuerpos policiacos. El comandante de la policía capitalina tiene, en último término, un solo jefe: el Presidente de la República. No hay, en sentido estricto, responsabilidad compartida. Por lo mismo, Vicente Fox no podía tolerar la negligencia con la que actuó Marcelo Ebrard en el caso de Tláhuac sin convertirse en cómplice moral, político y legal de un acto de irresponsabilidad flagrante que culminó en un doble homicidio. ¿Debió el Presidente de la República haber destituido también a Ramón Martín Huerta, Secretario de Seguridad Pública del Gobierno federal? Hay mucha gente que piensa que sí, que esa hubiera sido la mejor manera de mostrar que no hay favoritismos ni la intención de golpear al Gobierno de AMLO. Sin embargo, hay tres consideraciones a tomar en cuenta: la primera de ellas es que el jefe directo de la Policía Federal Preventiva no es el Secretario de Seguridad Pública, sino el comisionado José Luis Figueroa, que también fue cesado. La segunda es que la policía capitalina informó mal y erróneamente a la Policía Federal Preventiva de los hechos que ocurrían en Tláhuac. Mientras los agentes eran golpeados, el segundo de Marcelo Ebrard afirmaba que la situación había sido controlada y que no había de qué preocuparse. Por último, si al concluir las investigaciones la PGR le finca alguna responsabilidad a Martín Huerta, su remoción será inevitable. A pesar de todo lo anterior, la decisión del Presidente Fox ha sido duramente criticada. López Obrador, como era de esperarse, esgrimió de nuevo la teoría del complot. Otros, más moderados, consideran que la destitución de Marcelo Ebrard es un grave error porque politiza el caso de Tláhuac y agudiza el enfrentamiento entre el Gobierno federal y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Pero la verdad es que la politización del caso no se ve por ninguna parte. El Presidente no hizo otra cosa que asumir sus atribuciones y deshacerse de dos funcionarios (Ebrard y Figueroa) que estaban bajo su mando y que, a todas luces, actuaron con negligencia. La información disponible confirma, particularmente en lo referente a Ebrard, que la policía capitalina tuvo tiempo y agentes de sobra para haber liberado a los agentes secuestrados. Fue la negligencia de las autoridades la que permitió que la turba linchara a dos hombres inocentes. No hay sobre eso la más mínima duda. Se argumenta, igualmente, que los linchamientos no se eliminarán con las renuncias de los jefes policiacos porque existen otros problemas de fondo. La afirmación no carece de sentido. El síndrome del 68 afecta no sólo a personajes como Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador. La verdad es que se ha extendido prácticamente al conjunto de la clase política, independientemente del color y filiación de la misma. Todo el mundo tiene temor de aplicar la ley. Se confunde el uso legítimo de la fuerza del Estado con la represión. Pero además, se temen las consecuencias de actuar. No se trata de prudencia ni mesura, es una cuestión de miedo y pusilanimidad. Por eso la toma de las carreteras, las marchas violentas y el cierre ilegal de calles son el pan de cada día y nadie hace nada. Pero justamente por todo lo anterior, la decisión del Presidente Fox debe ser aplaudida y respaldada. Los hechos de Tláhuac fueron la gota que derramó el vaso de agua. Las imágenes dantescas de la televisión aún están frescas. No se puede seguir tolerando la violencia. No se puede, tampoco, alentar y fomentar la impunidad en sus dos vertientes: dejar a los responsables materiales e intelectuales del linchamiento sin sanción alguna y hacer oídos sordos y ojos ciegos ante la negligencia de las autoridades correspondientes. Por eso la detención de 30 presuntos responsables y el cese de Ebrard y Figueroa constituyen el primer paso en la dirección correcta. Vendrá luego la conclusión de las investigaciones de la Procuraduría General de la República que deberá fincarles responsabilidades penales a todos aquellos que actuaron con negligencia, amén de que los autores del linchamiento deberán ser condenados por una serie de delitos, incluido el de homicidio. Dije arriba, y así es, que los hechos de Tláhuac se convirtieron en la gota que derramó el vaso de agua. En la ciudad de México se habían registrado 23 linchamientos sin que hubiera un solo consignado. Este dato lo dice todo y pone en evidencia la gravedad del problema. Porque no se trata sólo del síndrome del 68 que toca a prácticamente a toda la clase política, se trata de un actitud comedida y tolerante de las autoridades del Gobierno del Distrito Federal. López Obrador, como mucho se ha repetido, justificó hace 3 años el linchamiento de un hombre que robó en una iglesia con el argumento de que era mejor no meterse con los usos y costumbres de los pueblos y las comunidades. La opinión del Peje se convirtió la tarde noche de Tláhuac en la directriz que siguieron Marcelo Ebrard y, por supuesto, la delegada Fátima Mena que muy oronda abandonó el lugar sin preocuparse por la suerte de los agentes federales. La reacción de López Obrador ante el linchamiento de Tláhuac lo retrata de cuerpo entero y confirma lo que ya sabíamos. López no ve ni oye. Por eso, sin esperar ni solicitar un deslinde de responsabilidades, exoneró a Marcelo Ebrard y anunció que en caso de que fuera destituido por el Presidente de la República no acataría dicha decisión. Y en la misma línea, minimizó los hechos y llamó a los medios a no politizar lo ocurrido. En suma, desde su perspectiva no pasó nada grave ni existe responsabilidad alguna del entonces jefe de la policía para no hablar de él mismo y su gobierno. A renglón seguido, una vez que el Presidente destituyó a Ebrard, recurrió de nuevo, en tono burlón, a la teoría del complot: "Nos hemos convertido en sus blancos preferidos (del Gobierno federal, JSS), es como una obsesión, viven pensando en nosotros. "Si hay un reclamo en el campo, el problema es López Obrador y el populismo; si el sistema de salud está mal, si no hay medicamentos, el problema es López Obrador y el populismo. Ya chole, que nos dejen trabajar, detrás de la raya que estamos trabajando" (Reforma, 8/12/04). Todos estos hechos y expresiones son lamentables, pero también grotescos. Si Marcelo Ebrard tuviera un mínimo de responsabilidad, dignidad y gallardía, habría presentado su renuncia al día siguiente del linchamiento. La gravedad de lo ocurrido y la necesidad de abrir una investigación para deslindar responsabilidades hubieran sido las razones que hubiese empleado cualquier hombre decente para explicar su dimisión. Pero esas consideraciones no pasaron por su mente ni por equivocación. Vaya, no tuvo siquiera la sensibilidad y la educación de expresar oficialmente, y a título personal, el pésame a los familiares de las víctimas. En lugar de ello urdió una serie de explicaciones llenas de contradicciones y falsedades. Para justificar sus omisiones hizo, primero, referencia a la orografía (sic) del lugar y a la intensidad del tráfico: no pudimos llegar a tiempo, dijo. Pero una vez que esa explicación se cayó ante un alud de evidencias, la justificación fue otra: durante una hora confiamos y esperamos que mediante la negociación los agentes fuesen liberados, concluyó. En derecho existe un viejo precepto que dice: a confesión de parte, relevo de pruebas. Y eso es justamente lo que hay que aplicarle al señor Ebrard. Sus palabras constituyen una confesión de parte. El jefe de la policía capitalina tuvo el tiempo y los efectivos necesarios para liberar a los agentes e impedir el linchamiento, pero no lo hizo porque albergó la esperanza de que no serían quemados. Ebrard actuó en forma irresponsable y cobarde. Por eso los agentes fueron linchados. Toca ahora que se le finquen responsabilidades y se le abra un juicio. Ya basta. Aunque le pese al Peje, la impunidad y la negligencia no deben ser toleradas.