En el Diario Oficial del lunes 22 de agosto, en su página 11 apareció, inesperado, sorprendente, el Decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados

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Gestionan

Chocolates a los votantes

Se esperaba con interés la edición del Diario Oficial del lunes 22 de agosto. Estaba anunciada la publicación de la Ley de desarrollo sustentable de la caña de azúcar, al cabo de un conflicto en que el Presidente Fox tuvo que dar marcha atrás.
El Ejecutivo había decidido vetar esa ley mientras que los cañeros demandaban su entrada en vigor, y presionaron para que se publicara. Lo consiguieron y, en efecto, tal como se había pactado (a cambio de modificaciones que deben realizarse prontamente), allí estaba el Decreto que expide la Ley, en la página 56 del Órgano oficial del gobierno mexicano.
Pero en su página 11 apareció, inesperado, sorprendente, el decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados. El título es un eufemismo para esconder el más evidente de sus efectos, la regularización de vehículos internados en México con autorización temporal que han excedido los plazos respectivos y por lo tanto circulan ilegalmente.
El modo de hacerlo fue anticipar la entrada en vigor de las cláusulas que rigen el mercado de automotores en el Tratado de Libre Comercio, que tendrían vigencia a partir del 1 de enero de 2009.
De esa manera, no sólo se regularizan las unidades ya ingresadas en territorio mexicano, sino que se abrieron las fronteras para los autos usados, como ya se había hecho el 2004 para los vehículos nuevos.
De varios modos sorprendió la medida. De un lado, porque contradijo posiciones del propio Presidente Fox, firmante del Decreto. Y de otra parte porque la emitió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el principal bastión de la resistencia a ese género de autorizaciones.
No resultó extraño por eso, por su condición inesperada, que se acusara al gobierno de adoptar esa decisión con fines electorales.
No lo dijeron solamente partidos políticos de oposición que se aprestaban a impulsar por vía legislativa una medida semejante, y que lamentaban sobre todo que el Gobierno federal les hubiera ganado una baza que estaban apenas por jugar. La crítica en esa dirección provino también del sector privado, no sólo de la industria y el comercio involucrados, sino el sector patronal en general.
Emitió esa sentencia la Coparmex, y aunque matizó su juicio, lo hizo también el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Luis Barraza.
Regularizar es un verbo ejercido con demasiada frecuencia en nuestro país, fruto de las relaciones al margen del derecho que eran propias de un régimen autoritario en que privaba la coyuntura por encima de la estructura y el favor político en vez de la acción gubernamental basada en la legalidad.
La regularización es una suerte de hojalatería o herrería jurídica, en que se endereza lo torcido, lo chueco.
Los autos traídos de más allá de la frontera sin atención a los requerimientos establecidos son autos chuecos. O chocolates, como un eufemismo cínico nos lleva a decir.
La regularización aparece por doquier. Ya en la vida escolar, ya en el comercio informal.
Inmensas zonas en las aglomeraciones urbanas de toda la República se poblaron infringiendo normas de diverso alcance.
Se trataba de negocios privados o políticos cuya finalidad era poner a la autoridad (con la que a menudo se compartía un valor entendido) ante hechos consumados. Puesto que era imposible desalojar a cientos o miles de personas que de buena o de mala fe, por sí o llevadas por ofertas comerciales o alicientes políticos, se habían asentado en esas zonas, se regularizaba la propiedad, es decir se admitía que lo ilegal era inmodificable.
Transformación semejante ocurre en otras comarcas de la vida social. Como el transporte colectivo, por ejemplo. Insuficiencias en el servicio son colmadas por quienes carecen de autorización para hacerlo y son combatidos por monopolios excluyentes.
Se libra una lucha entre unos y otros, y presumiblemente con los gobiernos involucrados, que lleva a una etapa intermedia: Los vehículos infractores pasan de ser piratas claramente situados en la ilegalidad, a ser tolerados, una peculiar categoría jurídica mexicana que requiere sutileza verbal para ser comprendida.
Sus propietarios no tienen permiso para prestar el servicio pero se les permite hacerlo. Llegará posteriormente el momento en que se regularice su participación en el mercado.
Metamorfosis semejantes ha ocurrido en el ámbito de los vehículos a motor. La asimetría de México y Estados Unidos se observa particularmente en este campo. Diversas condiciones lo singularizan.
Por un lado, la longitud de la frontera entre ambos países y el flujo migratorio tan intenso hacia territorio norteamericano producen una corriente en sentido contrario de toda suerte de vehículos.
Por otra parte, la magnitud y modalidades del mercado automotor norteamericano genera un permanente interés entre los usuarios mexicanos, que por necesidad y modelación de sus aspiraciones por la publicidad sueñan con poseer un vehículo, como cristalización de sus metas.
Aunque sea un vehículo usado, viejo, desechado por la economía de lo efímero y por las imposiciones del consumismo, o por la rigidez de reglas que ponen fuera de circulación a unidades que insatisfacen requisitos.
Por eso, de modo inexorable, año con año crece el número de vehículos de fabricación norteamericana internados en México. De tanto, también, se ha tenido que regularizarlos.
Trece veces antes del emitido esta semana se han producido decretos para hacer legal la estancia de autos que circulaban más allá de los estados fronterizos para lo cual estaban autorizados, o excediendo el tiempo por el que se permitió su internación.
Organizaciones campesinas, serviciales o aprovechonas, y despachos jurídicos disfrazados de asociaciones civiles, representan a los tenedores de esos vehículos, fingen realizar gestiones legales para impedir el decomiso de las unidades ("los amparan"), y presionan políticamente para obtener las regularizaciones que se sabe, pese a las rotundas afirmaciones de que se hace por última vez, no tardarán en repetirse. De hecho se esperaba que la hubiera en estos meses.
Lo que nadie imaginaba era que ahora la iniciativa provendría del Ejecutivo y que se encargaría de instrumentarla la Secretaría de Hacienda. En el pasado de su seno surgieron acusaciones de "gobernadores loteros" a los mandatarios locales que, en provecho propio o por presión de sus gobernados propugnaban la mentada regularización.
En el 2000, todavía bajo el gobierno priista, el de Chihuahua encabezado por Patricio Martínez libró una ruda batalla contra Hacienda, por ese motivo. En ese estado se emitieron normas para permitir el registro de esos automóviles internados ilegalmente.
Arguyó Martínez que el registro, que no implicaba autorización fiscal, permitía controlar el uso de esos vehículos con fines de seguridad pública.
El Decreto del 22 de agosto permite la importación definitiva de los vehículos automotores usados para transporte de hasta quince pasajeros o de camiones con capacidad de carga de cuatro toneladas y media (incluyendo los de tipo panel) así como determinados remolques y semirremolques tipo vivienda, cuyo año-modelo sea de entre 10 y 15 años anteriores al año en que se realice la impotación. Es decir de 1990 a 1995.
Sobra decir que, puesto que la medida se justifica como un anticipo de la entrada en vigor del TLC, sólo se extiende a vehículos de fabricación norteamericana y canadiense. Se cobrará un arancel de 10 por ciento sobre el precio de la unidad y el impuesto al valor agregado, que se cobrará sobre el 30 por ciento de ese mismo precio, es decir sólo sobre el margen de comercialización.
Aunque el Decreto entró en vigor el martes, al día siguiente de su publicación, para hacerlo aplicable se instruyó al Servicio de Administración Tributaria que emita reglas generales.
El plazo para la regularización será de seis meses, e implica a partir de ella la inscripción en el Registro Público Vehicular (en que finalmente se convirtió el Registro Nacional de Vehículos, cuya accidentada operación incluyó la muerte de una persona y la aprehensión de otra, que por su pasado de torturador argentino es enjuiciado hoy en España) y la obtención de placas y autorizaciones en materia de contaminación..
A sabiendas de la reacción adversa que esta súbita apertura de fronteras generaría en la industria y el comercio de automotores, el gobierno incluyó en este mismo decreto una medida que no concierne al propósito principal, con el ánimo de que fuera una aspirina para el dolor de cabeza que se causaría a este sector.
Se estableció la exención del pago del impuesto sobre automóviles nuevos (isan) para aquellos cuyo precio sea inferior a 150 mil pesos, y la reducción del mismo gravamen a cincuenta por ciento para los que cuesten entre 150 y 190 mil pesos.
La regularización y aún estas medidas fiscales generaron una reacción casi unánime de inconformidad. Aún agrupaciones campesinas, como la CNC y la Unión Campesina Democrática que aplaudieron la decisión gubernamental, la consideraron insuficiente, y juzgan necesario ampliarla hasta modelos más antiguos, de los años 80, o más recientes, de 95 para acá. Agrupaciones ecologistas y gobiernos locales deploraron el efecto que la regularización y la previsible invasión de vehículos susceptibles ahora de importación definitiva tendrá sobre el medio ambiente, dadas las deficiencias en materia de contaminación de los modelos autorizados. En las entidades fronterizas, donde se concentra buena parte de las unidades de que hablamos y constituyen casi la tercera parte del parque vehicular, producen el sesenta por ciento de las materias contaminantes, según ha medio el Instituto Nacional de Ecología.
Por su parte, los responsables de las finanzas públicas en los estados expusieron los efectos adversos que padecerán las entidades por la eliminación y reducción del ISAN.
Ocurre que Hacienda hizo caravana con sombrero ajeno, ya que ese impuesto es enteramente participable como se dice en la jerga tributaria, es decir se lo quedan las tesorerías locales que lo recaudan. Reunida para otro efecto (las repercusiones que tendrá el nuevo régimen fiscal de Pemex en las finanzas estatales) la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales abordó el tema automotor y acordó demandar un nuevo tratamiento al caso.
De prosperar la medida como fue decretada, los estados perderían 2 mil 500 millones de pesos, informó el Secretario de finanzas capitalino Arturo Herrera Gutiérrez, quien precisó que el DF dejaría de percibir 250 millones, y que sumas elevadas también dejarían de llegar a los gobiernos de México, Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Tamaulipas y Puebla, donde más se genera ese gravamen.
Comprensiblemente, el descontento mayor lo han manifestado las agrupaciones de fabricantes y distribuidores de vehículos automotores. Sin que hicieran suya la expresión, se diría que se sienten traicionados por el gobierno y hasta en lo personal por el Presidente Fox.
Varias veces, las más recientes en marzo y todavía en julio, se manifestó contrario a la regularización y no conocieron nunca argumentos que les hicieran saber que el Ejecutivo había mudado de parecer.
En sentido contrario a lo dicho por el vocero Rubén Aguilar, los dirigentes de las organizaciones afectadas aseguran que no fueron consultados y ni siquiera informados del decreto, lo que tal vez acrecienta su sensación de ser víctimas de una deslealtad.
Algunos de esos representantes quizá deploren haber creído la afirmación de Fox en que se atribuyó el carácter de empresario al servicio de los empresarios.
La inconformidad del sector automotor no quedará en malestar y quejumbre. Se disponen ya a emprender acciones legales y políticas. Estudian la modalidad que adoptará el juicio de amparo que tal vez inicien, con la obvia demanda de suspensión para que no se practique la regularización ni se satisfagan pedidos de importación definitiva de autos usados.
Practicarán, además, una movilización inusual en el comercio, consistente en paros en las agencias de venta de vehículos, a partir del martes, por una hora cada día.
Lo más trascedente de todo, porque refleja su percepción sobre los nuevos equilibrios del poder, es que acudirán al Poder Legislativo para promover el estudio de las repercusiones de diversa índole de esta medida presidencial.
Hallarán terreno abonado, no sólo por el despecho de quienes hubieran querido de este modo ganar el favor de los 2 y medio millones de tenedores de estos vehículos, sino porque está en sus manos otro instrumento de control constitucional que completaría los efectos de los juicios de amparo.
Quizá es posible una controversia constitucional por la interferencia del Ejecutivo en el ámbito propio del Congreso en materia fiscal.
En suma, si la regularización pretendió generar gratitudes traducibles en buena voluntad ante las urnas, algo que requiere su partido, es probable que Fox haya tenido éxito, pues libra de temores y presiones a millones de personas que practican la ilegalidad mientras se les abren condiciones de salir de ella. Pero quizá pierda votos en los sectores que lo creyeron diferente al PRI.