En ningún país las fuerzas militares han podido ganar la guerra al narco. La razón está en que el trasiego de drogas ilegales obedece a un fenómeno muy complejo donde intervienen múltiples factores.

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Saúl Valdez / Fernanda González

Empujado por su necesidad de legitimarse a través del ejercicio del poder, luego de una elección muy reñida donde el intervensionismo presidencial cargó los dados a favor del continuismo y que, de acuerdo al TEPJF, estuvo muy cerca de convertirse en causa de nulidad del proceso, el Presidente Felipe Calderón ha incurrido en el exceso mediático de mostrarse con demasiada frecuencia junto a las fuerzas armadas (van ocho encuentros en 72 días de Gobierno) y conceder a éstas un rol prácticamente providencial capaz de obtener éxitos rotundos para desarticular los principales cárteles de la droga en México, que no es lo mismo que apresar y (o) deportar capos.
No obstante, en ningún país del mundo las fuerzas del orden han podido ganar esa guerra (por lo mismo, sin fin). La razón está en que el trasiego de drogas (ilegales) obedece a un fenómeno muy complejo donde intervienen múltiples factores, sobre determinándose éstos entre sí. Imposible reducirlo a un esquema tradicional de lucha contra el crimen. Está visto y probado que el prohibicionismo en el consumo de drogas como una política de Estado ha sido, sin excepción, un estruendoso fracaso, pues tiende a multiplicar precisamente la actividad (ilícita) más lucrativa del orbe.
Es, por tanto, contra producente exagerar la eficacia de los operativos policiaco-militares que se vienen realizando en ciudades donde la violencia asociada al narcotráfico ha tenido y (sigue teniendo) mayor intensidad.
La terca realidad desmiente el optimismo oficial. Los cárteles de la droga están montando una contra ofensiva precisamente ahí donde éstos son particularmente asediados en Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Baja California, Tamaulipas, Durango y Sinaloa, haciendo ver mal a las fuerzas de seguridad, algunos de cuyos miembros han sido víctimas de represalias, destacando las siete ejecuciones ocurridas el martes 6 en Acapulco, cuando fueron asesinados cuatro agentes de la Policía Investigadora Ministerial, dos secretarias y un agente del Ministerio Público del fuero común (en Culiacán, Sinaloa, ese mismo día fue asesinado con armas largas el jefe de la Unidad Modelo de Investigación policial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Jorge Valdez Fierro).
Más allá, sin embargo, del desafío que el narcotráfico significa para la seguridad del Estado, está el rol de las fuerzas armadas en una sociedad harta de violencia y ávida de seguridad ante el crecimiento exponencial de la delincuencia. Con una creciente participación en auxilio de la policía federal (formada en buena medida con militares que pidieron licencia) y las policías locales para mantener la paz social y el orden público.
Dado el creciente rol protagónico de las fuerzas armadas ante el virtual colapso de los cuerpos policiales, reconcentró la atención el discurso del secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, con motivo del 94 aniversario de la Marcha de la Lealtad, a raíz de que el Presidente Francisco I. Madero ordenó a los Cadetes del Heroico Colegio Militar, en febrero de 1913, que lo escoltaran a Palacio Nacional para hacer frente a la sublevación reaccionaria, del porfirismo sin Porfirio, que se tramaba contra él.
El General-secretario hizo un panegírico de la lealtad al comandante supremo, el Presidente de la República, como el más alto atributo de las fuerzas armadas. Sin ésta, advirtió, "la lucha por mantener las libertades, la democracia, la justicia, el orden jurídico y la paz sería errática e intransitable".
La visión del General Galván nos remite a una imagen sacralizada del estamento militar. Como si de las fuerzas armadas dependiera que la República evite el caos. Lo cual es una exageración. La contribución a la estabilidad política y la paz social compete a toda la sociedad y el entramado institucional del país. Las fuerzas armadas son el brazo armado del Estado y como tal están subordinadas al poder civil.
Con su discurso laudatorio del rol clave del Ejército en la vida nacional y sobre todo al colocar como piedra de toque la "inquebrantable lealtad" al Presidente de la República, el secretario de la Defensa Nacional hizo tácita alusión a las protestas pos electorales, en tanto "la legalidad del comandante supremo reside esencialmente en el fallo de las instituciones, y éstas han sido contundentes".
No obstante, difícilmente puede esgrimirse "contundencia" cuando el mismo Trife admitió que la intervención del Presidente Fox en el proceso puso en peligro la validez de la elección, además de cuestionar, en el mismo sentido, la intervención de organizaciones empresariales mediante espots en pro de la continuidad azul.
Ahondando en el tema, el General Galván reivindicó otra vez la función de las fuerzas armadas, por cuanto "han servido para garantizar la libertad de expresión, reunión y tránsito de todos los mexicanos, sin distinción". Incurriendo en un exceso discursivo, con licencias del lenguaje.
En lo que semejó una alusión indirecta al cargo simbólico de "presidente legítimo" que Andrés Manuel López Obrador ostenta, el General-secretario, agregó: "La legitimidad del Presidente Constitucional permanece cimentada en la aprobación popular a su esfuerzo por conducir al país con unidad y prosperidad. El Ejército no es quien avala la razón de la voluntad popular".
Al par de refrendar que éste siempre cumplirá "sin cortapisas" las órdenes de su comandante supremo, hizo una identificación absoluta, ya en desuso, entre el titular del Ejecutivo federal y la nación: "Siempre a las órdenes de México, siempre a las órdenes de usted, señor Presidente".
Al día siguiente de la ceremonia celebrada en el Castillo de Chapultepec, para, con resonancias actuales, conmemorar el Día de la Lealtad, el Presidente Felipe Calderón asistió a la base militar de Santa Lucía, en el Estado de México, a fin de participar en el 92 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana.
Ante los reiterados hechos de violencia a cargo de la delincuencia organizada, cuyo desafío es creciente, Calderón reiteró, más con voluntarismo que con una estrategia integral (lo cual debe incluir un programa de atención a la población adicta), su intención de no dar "tregua ni cuartel a los enemigos de México". Advirtiendo que entre mayor sea la violencia de éstos, "más contundente debe ser y será la respuesta de los tres órdenes de Gobierno, de las Fuerzas Armadas y de los sectores sociales".
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