Foxilandia, reino mítico de la abundancia con que José López Portillo soñó 'proféticamente', pidiéndonos acostumbrarnos a ésta, sí existió, pero sólo para los peces gordos del dinero, la familia presidencial y los favoritos del poder, a

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Saúl Valdez / Fernanda González

En su participación como ponente en los foros de debate sobre la reforma petrolera, con el tema Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción (18/07/008), el Auditor Superior de la Federación, Arturo González Aragón, lanzó una critica contundente al corazón del statu quo neoliberal mexicano, llamando la atención sobre el inadmisible sesgo del sistema tributario durante el sexenio foxista, al propiciar la devolución de 680 mil millones de pesos a las grandes empresas, cuyas tasas de ganancia se incrementaron notoriamente por lo mismo.
El máximo Auditor de las finanzas públicas, tuvo a bien recordar cómo se dio el caso de grandes corporaciones, cuyos nombres ha omitido esgrimiendo limitaciones de ley, que en 2004 pagaron sólo 74 pesos de ISR y 69 por IVA, en promedio.
Foxilandia, reino mítico de la abundancia con que José López Portillo soñó "proféticamente", pidiéndonos acostumbrarnos a ésta, sí existió, pero sólo para los peces gordos del dinero, la familia presidencial y los favoritos del poder, a costa, claro está, de extender y profundizar más la pobreza, pues como el propio González Aragón sostuvo, tremendo hueco en la recaudación fiscal fue llenado, y sigue siendo llenándose, con los excedentes petroleros, destinados en su mayor parte a financiar el oneroso gasto corriente del Gobierno federal, que con la administración foxista creció como en los mejores años de la docena trágica (1970-1982) que tanto criticaron el PAN y las organizaciones empresariales.
En la era del neoliberalismo salvaje la obesidad del Estado mexicano ya no está condicionada por el mantenimiento, a costa del erario, de cientos de empresas no estratégicas ni prioritarias, como ocurría durante los gobiernos de LEA y Jolopo, sino por el derroche burocrático que trae consigo el creciente costo de una alta burocracia en expansión sumamente codiciosa, vinculada, para mayor agravante, con empresas contratistas del Gobierno federal, Pemex y CFE.
Menudean, por tanto, los ejemplos de semejante simbiosis entre empresa privada y Gobierno en que el tráfico de influencias para devolver impuestos, omitir cobrarlos u otorgar contratos con licitación o sin ella imperan como nunca.
No se trata de datos sin sustento, dichos al calor del debate político, sino proporcionados por una autoridad competente como es sin duda el Auditor Superior de la Federación, quien criticó que los excedentes petroleros y el fondo de estabilización, diseñado para neutralizar una posible caída de los precios del petróleo por debajo del precio promedio del barril de crudo calculado en la Ley de Ingresos, se utilicen sin transparencia, con gran discrecionalidad.
Durante el Gobierno de Vicente Fox, nos dice el Auditor Supremo, dichos excedentes alcanzaron la suma de 720 mil millones, 73 por ciento de los cuales se fueron por el desagüe del gasto corriente, 14 por ciento se destinó a inversiones financieras y sólo 13 por ciento a inversión física directa.
Como ocurrió durante el sexenio de López Portillo, México perdió con Fox la oportunidad de canalizar esos ingentes recursos hacia grandes proyectos de infraestructura que detonaran su crecimiento económico. Infortunadamente, el mismo patrón de opacidad y prioridad al gasto corriente, en el manejo de los excedentes petroleros, así como el sesgo tributario a favor de los grandes consorcios, se proyecta con Felipe Calderón.
Con datos duros, incontrovertibles, González Aragón hizo mención al "exceso" de discrecionalidad en el funcionamiento de Pemex, que la reforma petrolera de Calderón pretende, paradójicamente, acrecentar.
Pese a las denuncias que la ASF ha presentado ante la Secretaría de la Función Pública y la PGR, éstas, como bien dice el Auditor, "no han prosperado".
Una prueba fehaciente del grado de impunidad y contubernio en Pemex es que éste declaró, en sintonía con Juan Camilo Mouriño, la inexistencia de más contratos con las empresas Ivancar y Grupo Energético del Sureste, pertenecientes a la familia Mouriño Terrazo, además de los 16 contratos con Ivancar que ya son del dominio público, y ahora sabemos por el Instituto Federal de Acceso a la Información que eso no es cierto, ya que detectó la existencia de 108 contratos más de ambas empresas con Pemex, tanto de franquicias como de suministro y crédito.
El pleno del IFAI ordenó, por lo mismo a Pemex (16/07/008), llevar a cabo una búsqueda total hasta dar con dichos contratos realmente existentes. Sorprendido en sus mentiras, Juan Camilo Mouriño debería, por mínimo decoro republicano renunciar, y no tratar de sostenerse contra viento y marea al frente de la política interior, aunque sólo sea formalmente pues no pocos actores políticos prefieren "brincárselo".
Sabedor que el saldo político-técnico de los foros sobre el petróleo es negativo para su causa, el presidente Felipe Calderón no aspira ya a que sus iniciativas de ley para reformar a Pemex, pasen tal cual la aduana del Congreso. Más aún porque ha ido tomando el pulso a la reticencia de los legisladores del PRI a dar su voto afirmativo a la virtual privatización de Pemex que éstas promueven, lo mismo que al rechazo de amplias franjas del electorado a su proyecto de reforma petrolera, dispuestos a movilizarse con AMLO en defensa del Petróleo, dejando con poca oportunidad al ala "moderada" del PRD dispuesta eventualmente a negociar con él. La estabilidad política sería puesta en riesgo.
Admitiendo de hecho la imposibilidad de sacar adelante en forma íntegra su reforma petrolera, el Presidente Felipe Calderón mandó desde Salamanca, Guanajuato, Guanajuato (17/07/008), un mensaje "conciliador".
Ante la presencia de la cúpula sindical charra del STPRM que Carlos Romero Deschamps preside y las "entusiastas" porras de los trabajadores petroleros presentes, Calderón expresó su certeza de que podríamos ir "más rápido, si lo mexicanos lográramos momentos de acuerdo y lográramos también ponernos de acuerdo en una reforma que fortalezca a Petróleos Mexicanos y que reúna los puntos de vista diferentes de todas las partes".
El guiño a los moderados del PRD fue evidente, aunque dejó entrever un acuerdo preferentemente con el PRI luego que éste de a conocer su propuesta de reforma en materia petrolera. Se busca con ello evitar la sensación de un vil "mayoriteo" en favor de la privatización, inconstitucional, de Pemex, que aliente la polarización del país.

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