Gorilón y sus porristas...

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JANNETH ALDECOA /JOSÉ ALFREDO BELTRÁN

Entre las décadas de los sesenta y los setenta, en nuestro País se vivió lo que se conoce como la guerra sucia, periodo en el cual, la fuerza del Estado aplastaba a sus oponentes políticos, bien sea desapareciéndolos del mapa o en el mejor de los casos, metiéndolos en la cárcel después de aplicarles inenarrables torturas ideadas por la mente enfermiza de las autoridades policiacas de aquellos años.
Es decir, todo un acervo de tormentos físicos y sicológicos, ahora adoptado al pie de la letra por los verdugos de la delincuencia organizada, corporación que en el fondo, es menos dañina que los cárteles incrustados en la esfera pública.
Con el paso del tiempo, la práctica represiva gubernamental, gracias a la participación ciudadana, se fue yendo a la baja, sin embargo, en Sinaloa, todavía en la actualidad, la tortura, el asesinato, la plantación de pruebas acusadoras y la desaparición física son actos comunes que se cometen en contra de los que el Gobierno considera como sus enemigos.
El salvajismo del Gobierno no se ha erradicado por completo, y prueba de ello es la acción autoritaria que recientemente ordenó Mario López Valdez en contra de los comuneros de la presa Picachos, a quienes, al igual que sucedía en aquellos años vergonzosos para el País, se les inventó la posesión de material subversivo, armas y drogas, pretextos que dieron pie para que la Policía Ministerial realizara cateos y detenciones, sin una orden judicial previa que sustentara la acción policiaca.
A propósito de lo anterior, hay que recordar que el caso de la seudo secuestradora francesa Florence Cassez le dio relieve al asunto del debido proceso, antecedente, que sin lugar a dudas, debe cambiar el actuar de los persecutores del delito, para evitar que gente inocente sea encarcelada o para no dar entrada a la posibilidad de que los delincuentes obtengan su libertad por aspectos técnico jurídicos.
Pero el referente parece ser que no hizo mella ni en la conciencia del Gobernador, ni en la Procuraduría de Justicia de Sinaloa y mucho menos en las inclinaciones represivas de los directores policiacos, pues en el caso de las acciones de fuerza realizadas en contra de los "Picachos", se ve que a la Procuraduría sinaloense le vale un comino eso que se llama debido proceso.
En aquellos negros años en los que los violentos eran representados por los tres niveles de Gobierno, cuando un gobernante recurría a la represión, bajo el pretexto de guardar el orden social, de inmediato demandaba la obtención del aval de las llamadas fuerzas vivas de la sociedad -léase representaciones empresariales- mediante sendos desplegados, en los cuales expresaban su beneplácito, por las atinadas y patrióticas decisiones del gobernante que aplastaba cualquier viso de expresión social contraria a sus intereses.
Como si el tiempo se hubiese detenido, la acción represiva ordenada por el Gobernador Mario López Valdez en contra de los comuneros inconformes, no tuvo ninguna dificultad para encontrar el respaldo público de algunos líderes empresariales, a los cuales se les olvidó que parte de la misión de los organismos que representan, es el de servir de contrapesos de la voluntad gubernamental y exigir el cumplimiento de la legalidad, sobre todas las cosas.
Los aplaudidores del Gobernador sinaloense también dejan de lado la posibilidad de ser víctimas de la violencia gubernamental que hoy aplauden, de la siembra de pruebas acusatorias y de la tortura policiaca o recaudatoria, en caso de que caigan de la gracia del señor, lo cual no es nada remoto, dadas las exhibiciones caprichosas del aludido.
Como todos sabemos, el intento "delictivo" de los comuneros, encabezados por Atilano Roman, fue el de pretender participar en una expresión popular, el Carnaval mazatleco, lo cual no resultaba inédito, ya que en 2010 lo hicieron guardando respeto hacia la parada festiva, después de una breve negociación exitosa con el suscrito, que en ese momento estaba a cargo de la operación del tradicional desfile dominguero. De hecho, fueron ampliamente aplaudidos a lo largo del jacarandoso recorrido.
No sé exactamente qué pendientes reclaman los "Picachos", pero sí me queda claro que en otras ocasiones han cometido atropellos y provocado daños en contra de terceros, pero dicho antecedente tampoco justifica las arbitrariedades de las que fueron víctimas.
También me queda claro que los comuneros inconformes, han aprovechado dos circunstancias para llevar agua a su molino: la ineficacia del Gobierno para cerrar de manera definitiva las diferencias y el hecho de saber que algunos funcionarios y ex funcionarios públicos se beneficiaron con el río revuelto generado por la Picachos.
Y por último, del vergonzoso actuar del Gobierno estatal en el asunto comentado, me queda el convencimiento de que estamos bajo un Gobierno estatal que no tiene escrúpulos para proceder de manera arbitraria en contra de aquel que sea considerado como "enemigo del sistema" y que contamos con algunos representantes empresariales que juegan el triste papel de porristas del Gobernador.
Por su atención, gracias. Nos encontraremos en la próxima, si es que así lo deciden ¡Buenos días!

osunahi@yahoo.com.mx