Horas antes de que se hiciera oficial, el Gobierno mexicano ya esperaba la solicitud de detención de Donaldo Álvarez Ruiz, uno de los principales ex funcionarios guatemaltecos acusado de genocidio durante la dictadura militar.

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Jorge Carrasco Araizaga y Sanjuana Martínez/APRO

Horas antes de que se hiciera oficial, el Gobierno mexicano ya esperaba la solicitud de detención de Donaldo Álvarez Ruiz, uno de los principales ex funcionarios guatemaltecos acusado de genocidio durante la dictadura militar. Desde hace 21 años recibía protección y hace 6 que la justicia española lo buscaba para ser procesado por crímenes de lesa humanidad. El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska Gómez, cursó el viernes 10 una orden de detención internacional por los delitos de tortura, asesinato y terrorismo contra Álvarez Ruiz, quien fuera dos veces ministro de Gobernación de Guatemala y representante civil de los militares en el Congreso, además de presumirse que organizaba a los escuadrones de la muerte. Su detención fue solicitada por la Audiencia Nacional, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, a la delegación de la Procuraduría General de la República en la embajada mexicana en Madrid. A pesar de ello, en las oficinas de la PGR en la Ciudad de México aseguraban la noche del viernes que no tenían "conocimiento oficial del asunto". En realidad, la solicitud era esperada desde varias horas antes por el Gobierno mexicano. Julio Solórzano, hijo de la escritora Alaíde Foppa, una de las víctimas de Álvarez Ruiz, asegura: "Hablamos con autoridades mexicanas para solicitar la detención de Donaldo, pero se nos explicó que no era suficiente la orden de aprehensión que iba a solicitar la Audiencia Nacional de España, sino que se necesitaba una orden emitida por un juez mexicano". El silencio de la PGR provocó un temor en Solórzano: "Sería absurdo que pudiera escaparse un genocida a quien se le ha comprobado con documentos la muerte de miles de personas. Sólo esperamos que el Gobierno mexicano actúe con prontitud y eficacia". México, a prueba Después de varios años de búsqueda, los familiares de las víctimas de Álvarez Ruiz dieron con él en una casa de Tlalnepantla, en el Estado de México. Le habían perdido la pista cuando tuvo que salir de Miami en 1999 al conocerse que el órgano jurisdiccional español había admitido una querella presentada por la activista Rigoberta Menchú contra ex funcionarios guatemaltecos, entre ellos Álvarez, por genocidio, terrorismo de Estado y asesinato. La fundación de la premio Nobel presentó la denuncia ante la Audiencia Nacional Española tras el éxito del caso Pinochet. Gustavo Meoño, de la Fundación Rigoberta Menchú en la capital mexicana, asegura que al salir Álvarez de Estados Unidos se estableció en el Estado de México. No era la primera vez que cubría la ruta; de hecho, durante 2 décadas vivió entre los dos países. Por eso tiene registros migratorios en México desde 1983: "Aparentemente obtuvo una residencia negociada que desde un principio le impidió establecerse en el DF", dice Solórzano a Proceso. "Sabemos que hubo ese acuerdo y que se fijó esa condición con el Gobierno mexicano. Pero al inicio no se podía establecer ni en el Estado de México. Allí llegó años después". Álvarez Ruiz tuvo una estrecha relación con el Gobierno de Estados Unidos. En el año 2002 obtuvo una visa por 10 años en la embajada de ese país en México y, de acuerdo con documentos de inteligencia declasificados que cita Solórzano, fue quien propuso a la embajada estadounidense en Guatemala la creación de escuadrones de la muerte para eliminar a quienes se oponían a la dictadura. El 19 de diciembre de 1980, esos grupos paramilitares secuestraron a Alaíde Foppa, quien fue llevada al centro de tortura y de información que Álvarez tenía en su casa. El ex ministro salió de Guatemala en 1983, cuando se descubrió que miembros de sus escuadrones, disfrazados de guerrilleros, cometieron secuestros y ejecutaron a personas adineradas. Fue sentenciado a muerte por algunos de los personajes acaudalados a los que extorsionó. Para la oficina de Menchú en México, la solicitud de la justicia española al Gobierno mexicano es "un caso emblemático", pues es la primera orden de prisión formal para uno de los máximos responsables de la represión en Guatemala. "Sólo esperamos que el sistema de justicia mexicano demuestre que este país no es refugio de genocidas y torturadores, y respete los principios de la jurisdicción internacional en materia de derechos humanos. Por lo tanto, no sólo esperamos la detención, sino la extradición a España, como ocurrió en el caso Cavallo", declaró Meoño a Proceso. Pero este caso es más grave que el del torturador argentino Ricardo Miguel Cavallo, dice Solórzano. Se trata de un personaje que fue dos veces ministro de Gobernación durante los gobiernos militares de los generales Kjell Laugerud y Romeo Lucas García de 1976 a 1982, presidente del Congreso y secretario general del Partido Institucional Democrático, controlado por los militares. Castigo La orden de detención cursada por la justicia española señala que desde la "estructura gubernamental se entretejió un plan tendente a minimizar la etnia maya, provocando desplazamientos forzados, haciendo de la violencia generada en la propia organización estatal instrumento apto a tales fines". El juez Grande-Marlaska es contundente al hablar del genocidio que dejó más de 250 mil víctimas, se refiere al asesinato de cuatro sacerdotes españoles entre 1980 y 1981 y retoma el asalto a la embajada española en Guatemala el 31 de enero de 1980, provocando la muerte de 36 personas: Álvarez Ruiz ordenó prenderle fuego. Entre los muertos estaban los españoles Jaime Ruiz de Albol, Luis Felipe Sanz Martínez y María Teresa Vázquez de Villa. "En las escasas horas que duró el incidente, consigna el documento del juez, no se atendió ninguna de las llamadas efectuadas por el embajador del Reino de España, entre ellas al ministro de Gobernación Donaldo Álvarez Ruiz, consecuencia del acuerdo inicial de abatir a los campesinos, asumiendo el asesinato de cualesquiera terceros, entiéndase funcionarios españoles destacados en la Embajada y visitantes". El embajador, Máximo Cajal, sufrió graves quemaduras y otras lesiones de consideración, por lo que fue evacuado a un hospital. Pero el Gobierno guatemalteco intentó secuestrarlo ahí mismo. Sólo la intervención de otros embajadores de la Unión Europea y del de Estados Unidos, que se plantaron frente al comando que trataba de llevarse a Cajal y se turnaron para cuidarlo durante la noche, hizo posible que el embajador fuera evacuado al día siguiente. El otro sobreviviente del asalto a la Embajada española, un guatemalteco, fue secuestrado por los militares en el hospital donde convalecía para después asesinarlo. Abandonaron su cuerpo acribillado en la vía pública. Después del crimen España rompió relaciones diplomáticas con el país centroamericano. El auto de procesamiento añade que, tras el asalto a la embajada, con la "finalidad de castigo por su colaboración con el conjunto de campesinos y el pueblo maya", Álvarez Ruiz ordenó el asesinato de cuatro sacerdotes españoles: Faustino Villanueva Villanueva, ultimado en su despacho parroquial de Quiché el 10 de junio de 1980; José María Gran Cirera, caído en el mismo departamento el 4 de junio de ese año; Juan Alonzo Fernández, el 13 de febrero de 1981, y Carlos Pérez Alonzo, quien fue secuestrado el 2 de agosto de ese año y no se volvió a saber de él. El magistrado le atribuye, además, el delito de tortura. En el documento se especifica que cada uno de los crímenes que se le imputan a Donaldo Álvarez se castiga hasta con 20 años de prisión y se le recuerda a la autoridad mexicana que la extradición se fundamenta en el Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal entre España y México, de 14 de marzo de 1980. Álvarez es acusado, igualmente, del secuestro masivo de estudiantes y sindicalistas en 1980, del ametrallamiento de universitarios, y de ejecuciones extrajudiciales de tres personas. El sumario que se sigue en su contra en la Audiencia Nacional incluye también al general Efraín Ríos Montt, general Óscar Humberto Mejía Víctores, general Fernando Romeo Lucas García, general Ángel Aníbal Guevara Rodríguez, coronel Germán Chapina Barahona y Pedro García Arredondo, entre otros, acusados de torturas, terrorismo de Estado y genocidio.