Impunemente Fox está haciendo campaña política a favor del PAN, sin guardar las formas y sin que mantenga la neutralidad e institucionalidad que le obliga su investidura de Presidente.

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Abigauil Bello

Según el artículo 407 del Código Penal Federal es delito electoral que un servidor público proporcione apoyo o preste algún servicio a los partidos políticos o a sus candidato, y es ilegal que use el tiempo correspondiente a sus labores en actividades de proselitismo, debiendo imponerse como castigo de uno a nueve años de prisión, sin derecho a fianza, y de 200 a 400 días de multa.
Esto viene al caso, porque impunemente el Presidente Fox está haciendo campaña política a favor del PAN, sin guardar las formas y sin que mantenga la neutralidad e institucionalidad que le obliga su investidura de Presidente.
Si Ernesto Zedillo hubiera hecho lo que hoy viene haciendo el Presidente Fox se hubiera escandalizado el Partido Acción Nacional, lo hubiera denunciado penalmente, y seguramente no estaría hoy ese partido ocupando la Presidencia de la República.
Sin embargo, el poder transforma, y por conservarlo éste partido es capaz de cambiar de piel, de actuar cínicamente violando la ley, usando las instituciones, los programas públicos y el poder del presidente, para conservar el Gobierno federal.
Las expresiones coloquiales de Fox, diciendo que hay que cambiar de jinete y no de caballo, que hay que seguir por el mismo camino, que no hay que correr riesgos, que hay que rechazar el populismo, que vamos bien y que debemos seguir con el mismo proyecto, no son otra cosa que activismo político.
¿Con qué autoridad moral pueden los panistas de Sinaloa pedirle al Gobernador Jesús Aguilar que se abstenga de hacer actividad política y apoyar al PRI, si lo que hace el Presidente Fox les parece correcto?
¿Cómo pueden criticar que los programas estatales se usen para apoyar a los candidatos del PRI si el Gobierno federal no guarda ni las formas, y si ellos no se deslindan del uso ilegal de las instituciones?
Una de las aspiraciones de los auténticos demócratas del país y del estado es el respeto a la legalidad de parte de las autoridades, así como la existencia de procesos electorales equitativos y transparentes, donde el gobierno se mantenga al margen, donde no se coloquen los recursos públicos al servicio de los partidos y de los candidatos, donde no se haga proselitismo utilizando la investidura del Poder Ejecutivo, donde no se carguen los dados ni se ensucie la elección.
Por muchos años esas fueron las demandas de los panistas sinaloenses, hoy esas reivindicaciones a nivel del Gobierno federal los han guardado en el closet de los recuerdos, se hacen como que no ven ni oyen la campaña y el activismo político que realiza el Presidente.
Mientras fue contra ellos reclamaban la ilegalidad en las campañas, hoy que es en su beneficio la violación de la ley toleran y alientan la actitud delictiva del Presidente Fox.
Pero lo más preocupante no es eso, actitudes incongruentes de los políticos y reclamos de ilegalidad cuando la violación no les beneficia, es el pan de todos los días en algunos partidos.
Lo preocupante es que los consejeros ciudadanos del Instituto Federal Electoral están llevando a esta institución, que había ganado cierta credibilidad, a un retroceso.
El IFE está caminando hacia atrás, y eso es verdaderamente alarmante, porque lo poco que se había avanzado en democracia política y en institucionalidad electoral en el país amenaza con fracturarse.
Los consejeros ciudadanos más que comprometerse con la transparencia y legalidad electoral están tomando partido, y se advierte que están más dispuestos a pagarle al PAN y al PRI el favor de haber sido elegidos que en cuidar la legalidad de la elección.
Con motivo de la guerra sucia y los spot del PAN los consejeros mostraron que su fidelidad no es con la legalidad electoral, que no les importa empañar la elección, que la campaña puede ser de agresiones y difamación, que puede ensuciarse el proceso y que ellos también se harán que no ven ni oyen, total, para ellos todo se vale, en aras de respetar la sacrosanta "libertad de expresión".
¿Cómo creerle al IFE si no llama a cuentas al Presidente Fox?, si permite que continúen sus spot de proselitismo, si tolera que en horario de trabajo, en eventos oficiales y usando su investidura el Presidente haga llamados e invite para que sigan votando por el "mismo caballo.
¿Cómo confiar en que la Procuraduría General de la República y la fiscalía especial que depende de ella van a castigar los delitos electorales si el mismo Presidente Fox abiertamente incurre en ellos?
Pobre país, tan frágil su democracia y tan ilegal e incongruente el actuar de su Presidente.