La globalización ha favorecido a los cárteles mexicanos más que a ninguno otro en el mundo

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Noroeste / Pedro Guevara

Nunca en la historia de los siglos 20 y 21 del hemisferio occidental, y más particularmente, en América, el crimen organizado había puesto contra la pared al Estado y a la sociedad como sucede en México. Así de grande es nuestra crisis.
En Colombia, ha sucedido algo similar, pero ahí se han combinado el crimen organizado y las guerrillas para confrontar al sistema político. Cuando las diferencias entre crimen organizado y guerrillas se atenuaron; es decir, cuando la guerrilla, y más específicamente, las FARC, se transformaron en narcoguerrilla, lo hicieron en una etapa de declinación político-militar, una vez que gran parte del territorio colombiano y su influencia sobre amplios sectores de la población se habían debilitado. Así que, ni siquiera cuando Pablo Escobar estaba en su esplendor el narco colombiano se asemejó al poder, influencia y extensión internacional que ha logrado el crimen organizado mexicano.
Hay un factor de enorme relevancia que establece las diferencias: el narco mexicano es transnacional en sus inversiones, producción, comercialización, influencia política y cultural, y operacionalidad. Los capos colombianos no llegaron a penetrar otros territorios nacionales con la fuerza que lo ha hecho el narco mexicano.
La globalización ha favorecido a los cárteles mexicanos más que a ninguno otro en el mundo. De manera más específica: el TLC que se firmó con Estados Unidos y Canadá potenció a escala intercontinental a los capos de nuestro País. La apertura de fronteras comerciales facilitó como nunca el movimiento de drogas, dinero y armas entre México y Estados Unidos. Este país, con el mayor mercado del mundo para el consumo de drogas, convirtió a México en el principal comercializador de ellas en el planeta, y le sirvió de plataforma a los narcos mexicanos para que penetraran Europa, Asia y Oceanía.
La ubicación geopolítica de México benefició a los cárteles mexicanos de la droga para aprovechar mejor que nadie el TLC y colocarlos en la cima del mercado global de estupefacientes.
Este escenario se construyó en poco más de dos décadas, casi los mismos de la crisis política mexicana que, a pesar de la alternancia en 2000, padece una vida muy accidentada por lo menos desde 1994, e incluso desde 1988. Si hay construcción democrática en México ha sido en medio de una creciente inestabilidad, a la que han contribuido los narcos con una cuota sustancial.
Los cárteles de la droga crecieron con el viejo régimen, pero mientras éste entró en crisis aquellos entraron en apogeo. Los narcos aprovecharon el TLC y la globalización, así como la crisis del régimen, para acumular poder dentro y fuera del Estado. Los capos son una de las fracciones de las clases dominantes de México que mejor han aprovechado las debilidades institucionales del Estado.
Han sabido pactar con presidentes, gobernadores, alcaldes, generales, senadores y diputados, y han sabido utilizarlos, así como retarlos y combatirlos. Para cerrar el círculo, dentro de la misma clase política han emergido cuadros y representantes de los cárteles.
Este cuadro nos muestra el inconmensurable poderío de los cárteles de la droga; los cuales, por si lo anterior fuera poco, se nutren permanente de los excluidos del sistema económico.
Cuando el Estado los ha combatido, lo ha hecho política y selectivamente; es decir, cuando ha decidido atacar a unos para proteger o conciliar con otros.
A estas alturas, el Estado mexicano, dirigido por una clase política en plena descomposición ética y moral, ya no tiene ni la legitimidad ni la fuerza suficiente para meter en control a los cárteles de la droga.
La única posibilidad, a largo plazo, para disminuir aunque no exterminar a los cárteles es el fortalecimiento de la sociedad civil mexicana. Si ésta no crece y participa en los asuntos públicos de la Nación, el Estado no se regenerará. La clase política en todos sus niveles, desde los municipales hasta los federales, es la principal responsable de uno de los momentos más críticos de la historia de México como País independiente.
Es por esta razón que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, impulsado originalmente en Cuernavaca por el poeta Javier Sicilia, es de significativa relevancia para el saneamiento de la vida pública en México. Es, probablemente, uno de los mayores esfuerzos de la sociedad civil mexicana después de 1968 en inyectar vitalidad, imaginación, dignidad y propuesta a la vida pública del País.
Emilio Álvarez Icaza, ex Ombudsman de la Ciudad de México, declaró a la revista Proceso, del pasado 5 de junio, sobre la Caravana de la Paz que impulsa este movimiento:
"Como este movimiento está en construcciónha implicado un ejercicio de mucha capacidad para dialogar. Ha habido necesidad de que entendamos dónde estamos parados y de ver que el diálogo y la tolerancia son ante todo un valor".
"Por fortuna, los participantes en la caravana asumieron (que ésta) es una gran oportunidad para la sociedad civil y un emplazamiento al Estado. El solo hecho de emplazar al Estado por la seguridad es significativo".
El movimiento ciudadano, dicen sus dirigentes, buscará forzar a la clase política que se disputará el poder federal en 2012 a responder a las exigencias de la sociedad que van a brotar del pacto ciudadano que se firmará en Ciudad Juárez el próximo 10 de junio.
Este movimiento, retomando la idea de sociedad civil que plantea el intelectual italiano Antonio Gramsci, en voz de Sicilia plantea con claridad el papel de la ciudadanía en la reconstrucción y conducción del Estado:
"Lo que este movimiento está debatiendo es el espacio de la sociedad dentro del Estado; por eso no aceptamos ni acompañamos la idea de que el Estado solo es Gobierno y que el Gobierno solo es federal y solo se centra en el Ejecutivo. No, esta es una consecuencia de nuestra herencia del caudillismo o presi