La propuesta de Calderón pretende mejorar la gobernabilidad (al concentrar más las curules en las fueras mayoritarias) a costa de la representatividad, lo cual no es precisamente la vía más democrática. Si prevalece la idea de reducir el núme

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Melissa Sánchez

Aunque en las entrevistas a los medios masivos de comunicación el Presidente electo, Felipe Calderón, reitera su disposición a construir mayorías estables en el Congreso y, eventualmente, integrar un Gobierno de coalición, los hechos parecen contradecir sus palabras, pues el envío de su agenda legislativa la semana pasada no corresponde a la ruta que él se planteó para la integración de un Gobierno de coalición.
El 12 de noviembre de 2005, en el programa Diálogos por México, Felipe Calderón señaló enfático: "...si el 3 de julio yo no tengo mayoría en el Congreso de la Unión... yo desde ese día estaré construyendo un programa de gobierno que ya no será del PAN o de Felipe Calderón, sino será un programa que yo negocie con legisladores o con partidos políticos, de manera tal que tenga una mayoría que sustente de manera estable este programa.
"Y ese será Gobierno de coalición. Y si no basta negociar el programa, estoy dispuesto si es necesario a compartir una parte de la responsabilidad de gobernar, siempre y cuando que quién me acompañé en el gobierno sea honesto, sea capaz, pero también traiga sus votos bajo el brazo".
Y exactamente la misma idea expresa en su libro "El Reto de México", en el quinto capítulo, "Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable", en la página 107: "Sin la mayoría moderna de las urnas, es necesario entonces la integración de "Un Gobierno de coalición".
"Esto es un gobierno sustentado en el acuerdo de dos o más partidos para formar una mayoría en el Congreso e impulsar una agenda común de gobierno".
Sin embargo, la agenda legislativa que Josefina Vázquez Mota entregó a dirigentes y legisladores de distintos partidos políticos la semana pasada, es única y exclusivamente la propuesta de Felipe Calderón, no una agenda común de gobierno. Y la vía de entregarla abiertamente a todos los partidos y a los medios de comunicación, no parece ser la mejor opción para construir un programa común.
Antes de seguir adelante vale la pena aclarar algunos conceptos, que al menos en los documentos y entrevistas Calderón parece tener claros, pero que muchas veces se confunden. Particularmente, las diferencias entre gabinete plural, multipartidista y Gobierno de coalición.
El primero, es la integración en el gabinete de personas de distintas corrientes ideológicas y de pensamiento, no necesariamente con militancia partidista; el segundo, implica la designación de secretarios que militan en otros partidos políticos, lo que no necesariamente asegura la pluralidad del gabinete; y, finalmente, la tercera involucra la inclusión de Secretarios de otros partidos y corrientes ideológicas y la construcción de un programa de gobierno incluyente y representativo de la diversidad presente en el gabinete.
Y hasta hoy las señales emanadas del equipo de transición del Presidente electo y de sus propias acciones muestran que se avanza más hacia la construcción de un gabinete multipartidista, pero no plural y mucho menos de coalición.
De acuerdo a las informaciones difundidas en los medios masivos de comunicación, los militantes priistas que frecuentan al Presidente electo son ex funcionarios del Gobierno de Ernesto Zedillo (Genaro Borrego, Liévano Sáenz, Carlos Ruiz Sacristán y Luis Téllez, entre otros), que difícilmente alguien podrá defender que representan una corriente ideológica distinta a la de los panistas. Son parte de la tecnocracia tricolor que hoy está dispuesta a sumarse a un gobierno blanquiazul justamente por la identidad y concordancia entre ellos.
Además lo ideal sería que la posibilidad de construir un Gobierno de coalición estuviese reflejada de alguna manera en alguna propuesta legislativa, a través de la ratificación del gabinete por parte del Senado o alguna figura similar, sin embargo, de acuerdo a las propuestas que se conocen a través de los medios masivos de comunicación, no aparece por ningún lado.
Así mismo, al menos en lo referente al funcionamiento de los distintos órganos de gobierno, no parece ser una propuesta integral ni muy democrática. Aparentemente no aborda una revisión del actual régimen presidencial ni los diversos mecanismos que regulan la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo o la incorporación de nuevos instrumentos de participación ciudadana en los asuntos públicos.
Una de las propuestas más difundidas es la reducción de legisladores plurinominales, que normalmente es bien recibida por la ciudadanía, principalmente por la desinformación reinante al respecto, así como, la pésima imagen que tienen los legisladores en la comunidad y su impacto en el presupuesto federal, que por cierto es relativamente menor, pero muy significativo en un país con tantas carencias como México.
Vale la pena revisar por separado la eliminación de los senadores de lista nacional, es decir, los únicos realmente electos por la vía plurinominal y la disminución del número de diputados plurinominales.
La primera se justifica en la medida en que en realidad no afectan mayormente la representatividad en dicha Cámara y, en cambio, sí obligaron a replantear la razón de ser de la "Cámara del federalismo", en el que un elemento central es la igualdad de legisladores por entidad federativa, lo cual se vino abajo con la lista nacional.
En este caso la representación de las minorías se asegura con la integración de los senadores de primera minoría, que representarían la tercera parte de los 96 senadores.
Sin embargo, en el caso de la Cámara de Diputados, sí se afecta en forma importante la representatividad y se mantiene la integración de las listas en manos de las dirigencias partidistas.
Los sistemas electorales de mayoría simple buscan estrechar la relación entre electores y elegidos, pero tienden a sobre representar a los partidos mayoritarios y subrepresentar a los minoritarios; en cambio, los sistemas de representación proporcional traducen con mayor fidelidad los votos en asientos en la Cámara, por lo mismo, tienden a representar mejor la diversidad de una sociedad, pero disminuyen la relación entre votantes y votados.
Justamente para tratar de potenciar las ventajas de cada uno de los sistemas y atenuar sus desventajas es que en México se estableció un sistema mixto.
La propuesta de Calderón pretende mejorar la gobernabilidad (al concentrar más las curules en las fueras mayoritarias) a costa de la representatividad, lo cual no es precisamente la vía más democrática. Si prevalece la idea de reducir el número de legisladores, la ruta que permitiría mejorar la representatividad y empoderar al ciudadano, sería reducir el número de distritos electorales a sólo 200, mantener los 200 diputados plurinominales, buscar la proporcionalidad pura (porcentaje de votación igual a porcentaje de diputados) y establecer las listas plurinominales abiertas, en las cuales el partido decide a quien registra, pero el elector decide el orden que les corresponde y, por ende, quienes llegan a la Cámara.
Sin duda un adecuado complemento es la reelección de legisladores, sin embargo, en este caso pudiera ampliarse a los de representación proporcional y no sólo a los de mayoría relativa. Y además las reformas no pueden limitarse a estos dos puntos, pues es igualmente indispensable revisar la Ley Orgánica del Congreso y los mecanismos de interacción entre el Legislativo y el Ejecutivo, que en los últimos años han sido el origen de varios conflictos (el veto al presupuesto de 2005, entre otros).
Así parece olvidarse la idea del Gobierno de coalición y tampoco aparece el compromiso que el panista hizo en el segundo debate: "...el eje de la reforma del Estado que propongo tiene como centro darte más poder a ti ciudadano". Ni Gobierno de coalición ni reforma del Estado ni poder al ciudadano, al menos en esta primera agenda legislativa que circuló Felipe Calderón.