La recesión que siguió a la devaluación de 1994 empobrece a la mayoría de los mexicanos: crea un desempleo nunca visto en el país y escribe una de las páginas más negras de la corrupción en México.

""

Gilberto Yáñez

El 19 de diciembre se cumplieron 10 años de la devaluación de 1994, que inició la crisis económica más difícil que ha enfrentado México desde la Guerra Civil (1913-1929). La recesión que siguió a la devaluación empobreció a la mayoría de los mexicanos porque creó un desempleo nunca visto en el país, destruyó el ahorro de todos, quebró a casi todos los bancos y a muchos de los deudores bancarios y escribió una de las páginas más negras de la corrupción en México. Decenas de miles de mexicanos perdieron sus casas y sus departamentos, adquiridos con créditos hipotecarios cuyos intereses se multiplicaron por 4 ó por 5, haciendo imposible su pago. Miles de empresas quebraron por la imposibilidad de pagar sus créditos bancarios y como problema final, ahora tenemos una deuda interna adicionada en cuando menos 500 mil millones de pesos, importe hasta ahora del rescate bancario y del rescate carretero, con sus respectivos intereses. La cantidad exacta no la conocemos, porque el Gobierno federal y el Banco de México se empeñan en ocultarla. El Gobierno de Ernesto Zedillo ocultó dolosamente a la opinión pública los detalles del rescate bancario, porque pensó que dispondría de tiempo para regularizar la situación ilegal derivada del problema, consistente en la falta de autorización previa del Congreso. La pérdida de la mayoría de votos en la Cámara de Diputados en la elección intermedia de 1997 impidió a Zedillo hacer uso de la mayoría del PRI que antes tenía y el problema de la ilegalidad del rescate bancario quedó sin solución. Lamentablemente, Vicente Fox no ha tenido la elemental decencia de reunir la información correcta y darla a conocer a los mexicanos, lo cual lo convierte sin necesidad en cómplice encubridor de la corrupción mayor que México haya padecido en toda su historia. Muchas empresas extranjeras y algunas mexicanas compraron los créditos de las empresas mexicanas, pagando 5 ó 10 centavos por cada peso, en operaciones que primero el Fobaproa y después el IPAB han formalizado, sin pensar en la posibilidad de ofrecer directamente a los deudores bancarios sus adeudos a los precios a los que se vendieron a coyotes y especuladores, principalmente extranjeros. Entre 1995 y 1996, la Secretaría de Hacienda firmó pagarés a favor de los bancos que sobrevivieron la crisis, en pago del monto de la cartera de créditos a cargo de las empresas deudoras bancarias. Dichos pagarés se vencen a partir de 2005, pero a Hacienda y al Presidente Zedillo se les olvidó cumplir con el requisito constitucional para la contratación de deuda pública, que es el indispensable permiso previo del Congreso. Consecuentemente, la deuda no autorizada por el Congreso es ilegal y el Gobierno federal no está obligado a pagarla, además de que los acuerdos con los bancos se hicieron comprando los créditos y pagando a los bancos alrededor del 80 por ciento del valor de los créditos, con lo cual el Gobierno federal resultó acreedor de los deudores bancarios, salvó a varios bancos de la quiebra y después vendió dichos créditos a coyotes y buitres financieros, obteniendo un precio ridículo del 5 o 10 por ciento del valor de cada crédito, con lo cual se creó una pérdida para el Gobierno federal que pagaremos todos los contribuyentes y nuestros hijos y nietos en los próximos 50 ó 60 años, cuando menos. Es verdad que ese rescate bancario salvó a los depositantes y ahorradores bancarios de la pérdida de sus ahorros, lo que significó una importante protección que el Gobierno federal hizo a favor de los ahorradores, pero hay expertos que afirman que debió buscarse, conjuntamente con los diputados y senadores, abiertamente, una solución a la crisis financiera y bancaria, en lugar de hacer las cosas a escondidas, ilegalmente, porque al salvar a los depositantes bancarios, el gobierno en realidad rescató a los accionistas de los bancos que pudieron sobrevivir a la devaluación y a la falta de pago de los créditos otorgados a la industria y al comercio. Es un problema complejo, pero aparentemente, según los expertos en cuestiones financieras, el gobierno optó por el camino más caro y con mayor posibilidad de corrupción. Por una parte, la deuda es ilegal, porque el Congreso nunca autorizó esa deuda pública, ni que se contratara en condiciones tan ruinosas para el Gobierno federal, con intereses excesivos y sin control de los créditos que se recibieron a cambio del rescate. Por otro lado, los ganadores fueron los oportunistas intermediarios que compraron barato al Fobaproa y al IPAB los créditos a cargo de los deudores de la banca y cobraron a esos deudores cuando menos el principal del adeudo, por lo que obtuvieron una ganancia impropia, condimentada por la corrupción. Pero el drama es que ninguna de las decisiones del Gobierno federal ayudaron a los deudores de los bancos, a quienes se dejó a merced de la voracidad de los coyotes financieros, quienes les quitaron casas y empresas durante los primeros 5 años de la crisis. Las dos preguntas obligadas ahora son: ¿debe pagar el Gobierno federal los pagarés suscritos ilegalmente por un subsecretario de Hacienda por órdenes del Presidente Ernesto Zedillo y de Guillermo Ortiz Martínez, entonces Secretario de Hacienda? ¿Debe pagar el Gobierno federal una deuda pública contratada en medio de una evidente corrupción y sin obtener la autorización previa del Congreso, requisito constitucional indispensable para la validez de todo empréstito? Existe una corriente de opinión que sugiere que el Presidente Fox ponga la solución en manos del Congreso, para evitar que le explote una bomba que no fue creada por esta administración, sino por la ilegalidad del rescate bancario realizado por Ernesto Zedillo. El Poder Ejecutivo no tiene la facultad constitucional para regularizar una problema tan grave como es la ilegalidad de toda la deuda pública creada por el rescate bancario y por el rescate carretero, que también tiene tintes de corrupción indelebles. Sólo el Congreso puede solucionar el problema, tomando en cuenta la necesidad de mantener la confianza del sector financiero internacional, pero también de lograr la regularización de una situación ilegal que no puede continuar sin enderezarse. La solución debe aprobarse abiertamente, a la luz de la opinión pública, buscándose la forma menos dañina de legalizar una grave ilegalidad imputable a Ernesto Zedillo, no a Vicente Fox. Otra corriente de opinión, muy drástica y peligrosa, propuesta por los legisladores del PRD, recomienda no pagar a los bancos los pagarés suscritos por un funcionario de Hacienda sin facultades que ni siquiera el Presidente tenía, como es crear deuda pública sin la previa autorización del Congreso. Según esta opinión, el Gobierno del Presidente Fox debe obligar a los bancos a renegociar las condiciones de pago de los pagarés de la deuda del rescate bancario, porque desde el principio fue ilegal y los dueños de los bancos lo sabían y aceptaron coludirse con Zedillo en buscar una solución inmediata que les favorecía, pero sin cumplir los requisitos constitucionales exigidos para la creación de deuda pública. Ahora el PRI tiene más diputados y senadores que los otros partidos políticos y debe afrontar la necesidad de solucionar el problema financiero más grave que tiene el Gobierno federal en este momento. Si la solución que se proponga es razonable, seguramente los legisladores del PAN darán su voto favorable. La única consecuencia positiva del caos financiero que siguió a la devaluación de diciembre de 1994, fue la inconformidad de los ciudadanos, quienes votaron en contra del PRI en las elecciones intermedias de 1997 y también en la elección presidencial de 2000, que llevó a Vicente Fox a Los Pinos. Como ha sucedido en muchos países, el desempleo y la pobreza que resultan de los problemas económicos causados por las guerras o los cataclismos naturales, en México los electores reaccionaron en contra de quienes causaron el desplome económico del país, agravado en nuestro caso porque no hemos tenido ni guerras, ni fenómenos naturales, que produjeran la destrucción de nuestra economía. Lo que tuvimos en México, especialmente a partir de 1970, fueron políticos codiciosos, engolosinados por la corrupción, que endeudaron al país para realizar negocios ilícitos y multimillonarios en perjuicio de la economía nacional. Desde Echeverría hasta Zedillo, los problemas económicos de México han sido causados por la corrupción, que ha sido posible por la sumisión de los legisladores al Presidente, gran jefe durante más de medio siglo de un grupo muy numeroso de políticos que buscó sólo su enriquecimiento a costa de la economía del país. Como sucedió en Argentina en los últimos 20 años, en México durante 30 años el país fue saqueado y empobrecido por el endeudamiento y por las devaluaciones, que redujeron el valor de nuestra moneda a tal grado que en 1970 pagábamos 12.50 pesos por un dólar y ahora pagamos 11 mil 300 pesos. Ese empobrecimiento no puede pasar inadvertido para los electores. Los que eran de clase media y ahora pertenecen a la clase proletaria, como los maestros de escuela empleados por el Gobierno federal y por los gobiernos estatales, con ingresos suficientes sólo para sobrevivir, han visto reducirse su nivel de vida y su capacidad de educar a sus hijos, sin posibilidad inmediata de mejorar su situación económica. Por todas estas terribles experiencias de los últimos 10 años, es importante recordar que el daño fue causado por los gobiernos del PRI, por los presidentes del PRI y por los legisladores federales del PRI, con ayuda de los gobernadores del PRI y por los legisladores locales y alcaldes del PRI. Esto debemos recordarlo los votantes siempre. Mientras los ciudadanos electores sigan la corriente frívola de votar sin meditar sobre la importancia de su voto, sin darse cuenta de que somos nosotros mismos quienes decidimos sobre el futuro de nuestras ciudades, de nuestro Estado y de nuestro país, seguiremos soportando sistemas autoritarios que en otros países desaparecieron hace muchas décadas, porque los ciudadanos se dieron cuenta de que tenemos los gobiernos que nos merecemos, porque nadie es responsable de nuestro propio voto, sino nosotros mismos.