La venta en las calles es producto de la deshonestidad de las autoridades y en algunos casos, del abuso de los mismos comerciantes informales

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Gilberto Yáñez

En una reciente reunión de amigos, comentamos el problema que afecta a todas las ciudades de México y en especial a las ciudades de Sinaloa. Todos los días encontramos cientos de vendedores ambulantes y limosneros que pretenden obtener su ingreso en la vía pública. Por ejemplo, en la plaza principal de Mazatlán, frente a las oficinas municipales, se instalan todos los días cuando menos 20 boleros que atienden a sus clientes durante las mañanas solamente, porque por las tardes la asistencia de personas es mínima porque las oficinas del Municipio están cerradas. Lo que podría ser una plaza agradable, con bancas ubicadas bajo la sombra de viejos laureles de la India, se ha convertido en un mercado de aseo de zapatos y de venta de golosinas y juguetes infantiles. Es verdad que eso ocurre en muchas otras ciudades del país, pero también es verdad que -comparaciones odiosas- en muchas otras, las plazas lucen limpias, propicias para que los turistas y personas retiradas descansen frente a edificios que en nuestro país generalmente son históricos. Dicho de otro modo, en Sinaloa no tenemos autoridades que cuando menos, mantengan a los vendedores ambulantes y comerciantes de la calle -porque eso son, comerciantes ilegales- fuera de las zonas públicas que deben ser para disfrute de los sinaloenses y de quienes nos hacen el favor de visitarnos como turistas. Tenemos malas autoridades municipales, porque en otras ciudades eso no sucede. Tanto en Culiacán como en Los Mochis y en Mazatlán, el comercio en la calle causa una imagen desagradable en los visitantes. No es justificación decir que en el Distrito Federal el problema es peor, porque simplemente se trata de un problema que existe en proporción a la población de cada ciudad cuyas autoridades permiten este desorden. Los miles de personas que caminan por las calles del centro histórico de la capital del país son un blanco perfecto para toda clase de vendedores, pero especialmente para quienes venden mercancías robadas o introducidas al país de contrabando, aunque los vendedores de comida no se quedan atrás. En los países civilizados, las autoridades no permiten el comercio en la calle. Punto. No existen excepciones, porque se parte de una premisa esencial: los comerciantes que venden en la calle no pagan impuestos, ni pagan renta de local, ni pagan a empleados con Seguro Social que a su vez pagan impuestos, pero que a pesar de todo eso y de su evidente ilegalidad, quieren abrir su negocio en la calle, precisamente en las banquetas de los comercios que sí cumplen sus obligaciones fiscales y laborales, lo cual es simplemente una competencia desleal para los comerciantes legalmente establecidos. Los mexicanos visitantes de las ciudades turísticas de todo el mundo -París, Roma, Madrid, Las Vegas, Nueva York, San Francisco- se sorprenden de no ver a ningún vendedor en las calles. Algunos edificios ubicados en avenidas muy importantes, con muchos peatones, rentan parte de la banqueta a personas que venden flores o algún tipo de comida, pero son rentas muy altas y por regla general se pretende que atraigan asistentes a la planta baja de los edificios que sin los visitantes, estaría vacía. Pero son vendedores que ocupan parte de la propiedad del propietario arrendador y no de la parte de la banqueta que pertenece a la ciudad, con autorización previa de las autoridades, especialmente por el elemento estético o decorativo del negocio de la persona que invertirá en la empresa, aunque sea para vender comida rápida, en donde un café cuesta el doble que en un restaurante. Mis amigos y yo concluimos que el comercio ambulante es producto de la corrupción de las autoridades municipales. Por una parte, los municipios en México cobran "derecho de piso" a los vendedores de la calle, por lo que son cómplices de la ilegalidad y de la competencia ilegal a los comerciantes establecidos y pagadores de impuestos. Las autoridades municipales tienen un incentivo económico para que existan más comerciantes en la calle que el mes anterior, porque se obtiene un ingreso mayor. El problema es que la autorización para vender en la calle se otorga con un "premio" para la autoridad que autoriza y además, la persona que cobra el "derecho de piso" tiene ingresos adicionales muy superiores a su sueldo, porque no hay posibilidad de control por el Municipio. La segunda conclusión a la que llegamos mis amigos y yo es que por el elemento de corrupción, las autoridades municipales descuidan la vigilancia de las banquetas y calles del centro de las ciudades, con lo que se produce un caos vial por las personas que estacionan sus vehículos en lugares prohibidos o simplemente en segunda fila, si la calle es suficientemente amplia, como sucede todos los días frente a bancos y empresas con muchos visitantes. Los "inspectores" de los municipios no se preocupan de evitar que existan comerciantes en la calle, sino sólo que paguen el "derecho de piso" respectivo y la autoridad municipal sólo se preocupa por el ingreso que produce el comercio callejero, en lugar de hacer su trabajo de ordenar la circulación de los vehículos y peatones y propiciar la vigilancia de la policía en el centro de la ciudad. Alguno de mis amigos comentaba que era evidente que los empleados municipales obtenían ingresos ilícitos por el comercio ambulante, porque los permisos se otorgan sin ningún requisito. El mito de que los pobres y desvalidos son los vendedores en la calle es algo que tal vez fue cierto en el pasado, pero que ahora se ha convertido en un buen negocio para el comerciante ambulante y también para la autoridad que le otorga el permiso para realizar su lucrativa actividad. Si no fuera un buen negocio, nadie lo haría. En Mazatlán, una persona es propietaria de 30 "carretas" para la venta de tacos, que arrienda a otras tantas personas, quienes le pagan una cantidad diaria por el uso de la carreta y también por el producto listo para venderse. El problema llegó a convertirse recientemente en un gran escándalo en Mazatlán, en Semana Santa. Sorpresivamente, aparecieron en el nuevo malecón de la avenida del Mar muchos vendedores ambulantes, algunos con amparos promovidos en contra del desalojo por parte de la autoridad, pero otros tenían permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, lo cual es increíble, pero así fue publicado por todos los periódicos de Mazatlán, incluyendo Noroeste. Las autoridades municipales entrevistadas por los reporteros dijeron que ellos no habían otorgado ningún permiso y que no pretendían hacerlo, pero que no podían evitar que una dependencia federal los otorgara, aunque la ilegalidad de los permisos de la Semarnat es evidente: el malecón es parte de la ciudad y ninguna autoridad federal tiene la facultad de autorizar el arrendamiento ilegal de una banqueta de una avenida de la ciudad, que no otra cosa es el nuevo malecón. No hay relación entre el cuidado del medio ambiente y la campaña contra la contaminación, que es la principal función de la Semarnat y la venta de permisos para vender en la calle. Promover un juicio de Amparo en contra del posible desalojo por la autoridad municipal es un truco muy viejo de los vendedores ambulantes y que es muy difícil eliminar, porque requeriría restringir el juicio de Amparo en perjuicio de los ciudadanos en general. El truco consiste en promover un Amparo afirmando al juez federal en la demanda de Amparo que la autoridad municipal pretende desalojar ilegalmente al solicitante del Amparo de un lugar que ha ocupado desde hace tiempo, lo cual, por supuesto es una mentira o que dicho posible desalojo ilegal le impide al quejoso realizar una actividad lícita, lo cual es también mentira. El juez federal otorga la suspensión provisional en contra del supuesto desalojo ilegal y esa orden de suspensión permite al solicitante vender en la calle durante los días del Carnaval o de Semana Santa, sin que la autoridad municipal pueda desalojarlo. Cuando se demuestra que el solicitante no tenía derecho a ocupar la calle y que además no cumplió con los requisitos municipales, el solicitante del Amparo ya no es localizable, lo que elimina la posibilidad de que el juez federal le imponga una multa. Algunas personas compasivas e ingenuas justifican la presencia de los comerciantes en las calles diciendo que es el producto del desempleo y de la pobreza. Los sociólogos que han estudiado ese problema desde hace muchos años explican que el comercio en las calles es producto de la corrupción de las autoridades y en algunos casos, del abuso de los mismos comerciantes ambulantes, agrupados en asociaciones afiliadas al PRI que por medio de corrupción logran obtener permisos de la autoridad o se instalan impunemente sin permiso alguno. Es la historia cotidiana del Distrito Federal y de muchas otras ciudades del país, entre ellas todas las de Sinaloa. También explican los expertos que gran parte del problema es también la falta de educación e información de los compradores de productos ilegales o de alimentos que se venden en las calles, con un riesgo muy alto para la salud de los consumidores. Los vendedores venden porque hay compradores para sus productos. Si no hubiera compradores no habría comercio en las calles de la ciudades. Si los productos son ilegales, sin garantía, frecuentemente defectuosos, pero baratos, hay personas poco inteligentes que los compran, a pesar del riesgo de perder su dinero, sólo porque tienen una marca famosa, aunque es evidente que se tata de una copia ilegal, sin la calidad a la que está obligado un fabricante que otorga la garantía del producto. Si el taco o la torta que compra el atrevido consumidor en la calle contiene una mezcla de ingredientes de origen desconocido, pero tiene también salsas picantes que son sabrosas y que disfrazan la falta de calidad de los ingredientes, son argumentos que no desaniman a los miles de compradores de alimentos contaminados que día con día compran esos productos peligrosos en las ciudades de Sinaloa y de todo el país. Cualquier médico nos puede informar de la inútil campaña permanente que las autoridades sanitarias federales y locales del país y los mismos médicos realizan para educar a los mexicanos en general y a los sinaloenses en particular, de los peligros que implica la compra de alimentos en la calle, en una zona tropical, con humedad superior al 50 por ciento y temperaturas que exceden los 25 grados centígrados durante casi todo el año. Es inútil. Los mexicanos buscan emociones fuertes y una de ellas es el peligro mortal que implica la compra de alimentos en la calle y la posibilidad de que lo comprado en la calle sea inservible. Tampoco importa a los mexicanos que su gusto por comprar en la calle es una causa evidente de corrupción . No importa que se cause una mala imagen de la ciudad, al fin que son los turistas quienes compran lo que los vendedores ambulantes venden en el malecón de Mazatlán. No interesa si las plazas del país están invadidas por limpiadores de zapatos y por vendedores de todo tipo de mercancías. Es preferible que los inspectores municipales sigan haciendo negocio y que la autoridad municipal siga teniendo ganancias ilegales por otorgar los permisos para vender en la calle. Finalmente, si la Semarnat regala o vende los permisos para el comercio en el malecón, es mejor dejar que haga negocio también y se rompa el monopolio de las autoridades municipales. ¿El país y nuestra ciudad? Eso no tiene la menor importancia.