'Las bolitas son para robar'

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MAYRA ZAZUETA

Cuando se juntan varias personas para "secretearse", quienes los miran les gritan que "las bolitas son para robar". Advierten con dicha sentencia que las cosas deben decirse y discutirse sin subterfugios ni secretos.
Sin duda esa expresión del habla popular es aplicable a la actitud de los legisladores del Congreso del Estado, que se hacen "bolita" y se cierran para que nadie pueda ser testigo de lo que discuten ni de cómo votan y aprueban leyes o modificaciones a las mismas.
En las últimas semanas se ha discutido sobremanera el tema de los nuevos hospitales, cuyos contratos de construcción se han adjudicado ya, y de manera no muy clara, a empresas ligadas estrechamente con políticos muy influyentes, como el Presidente Enrique Peña Nieto, el ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, y Olegario Vázquez Raña, gente a su vez de las confianzas del ex Presidente Luis Echeverría Álvarez.
Por si eso fuera poco, el Gobernador Mario López Valdez envió al Congreso una iniciativa de reforma a los decretos 976 y 977 para afectar hasta el 25 por ciento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, de manera que sirva como garantía de pago a favor de los desarrolladores que construirán y operarán los hospitales general de Culiacán y Mazatlán.
A pesar de las argumentaciones por parte de empresarios, profesionistas y diversos organismos gremiales, en el sentido de que no deben comprometerse los recursos públicos de la manera en la que lo propone la iniciativa del Gobernador, los legisladores de las comisiones unidas de Hacienda, Salud y Planeación, decidieron llevar la discusión y análisis de este polémico asunto "en lo oscurito".
Si bien decidieron postergar para enero la elaboración y presentación de un dictamen respecto a la iniciativa malovista, la forma en que procedieron, impidiendo que la sociedad pudiera atestiguar su actuación, abre aún más las puertas a la sospecha de que no se está actuando correctamente.
En el reglamento que norma la actuación del Congreso se establece ciertamente que las sesiones podrán ser públicas, secretas, ordinarias, extraordinarias y solemnes, y en ese sentido puede argumentarse que la sesión en la que habría de discutirse el asunto de los nuevos hospitales no tenía por qué abrirse al público, sin embargo el propio reglamento advierte que "habrá sesión pública extraordinaria cuando lo juzgue conveniente el presidente del Congreso".
Dada la gran inquietud que existe en torno al mencionado tema, ¿no era acaso conveniente y necesario que se permitiera el acceso a los ciudadanos a la sesión?
En días previos miembros de diversos organismos, como la Coparmex, Parlamento Ciudadano y Congreso Abierto de Sinaloa, lanzaron una convocatoria a través de las redes sociales para asistir a la sesión en la que las comisiones legislativas referidas habrían de discutir el tema, sin embargo toparon con pared. Los lindísimos diputados, acatando seguramente las instrucciones llegadas desde el Palacio de Gobierno, decidieron impedirles el acceso.
¿Acaso el recinto oficial no es llamado también Salón de Sesiones Públicas del Palacio Legislativo? ¿Si es público, por qué entonces se impide el acceso a los ciudadanos?
¿La cerrazón de los diputados tiene que ver con la advertencia que les hicieron hace poco más de dos semanas un grupo de empresarios en el sentido de que estarían muy pen­dientes de la forma en que abordaría el Congreso este tema?
Legisladores del PRI y del PAN se reunieron el 3 del presente mes con miembros de la Coparmex, quienes les advirtieron que es muy riesgoso conceder garantías millonarias a las empresas que desarrollarán los nuevos hospitales gene­rales en Culiacán y Mazatlán, que por ser proyectos muy costosos constituiría otra grave carga para las finanzas del Gobierno de Sinaloa.
En la referida reunión, el Diputado Francisco Solano Urías, del PAN, dejó en claro que al discutir el asunto de los hospitales se velaría por el interés de los sinaloenses.
"No estamos aquí en contra de los intereses de la sociedad, ¡por el amor de Dios!", manifestó indignado.
Si los diputados dicen velar por el interés de los sinaloenses, ¿por qué entonces se impidió el acceso a ciudadanos interesados en que no se comprometieran los recursos del erario más allá de lo necesario y lo recomendable?
¿Temían acaso que los ciudadanos que buscaban estar presentes en la sesión legislativa se comportaran de manera inadecuada?
No, los conocen y saben que son ciudadanos respetuosos de las leyes y de las personas. Lo que querían los diputados era discutir el asunto en lo oscurito, sin testigos.
Esto nos lleva a la expresión popular que titula este artículo. Ciertamente nuestros diputados no se reunieron en secreto para planear un asalto, pero la manera en que discuten y legislan, de espaldas a la sociedad, sí constituye un asalto, un robo, una burla a los ciudadanos, al coartarles el derecho de audiencia a quienes querían estar presentes en la discusión de un tema tan polémico.
Lamentable papel el de nuestros mal llamados representantes populares, que no vacilan en darle la espalda a la ciudadanía y acatan sin chistar las instrucciones del titular de otro poder, el Ejecutivo.
¿Esa es la clase de independencia y equilibrio de poderes de que se vanaglorian?


jdiaz@noroeste.com