Las circunstancias siguen adversas para el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Obsesionado por sus decisiones populistas, descuidó la vigilancia sobre la legalidad de sus actos y cometió el grave error de incumplir una orden de suspensión de

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Gilberto Yáñez

Los problemas de López Obrador Las circunstancias siguen adversas para el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Obsesionado por sus decisiones populistas, descuidó la vigilancia sobre la legalidad de sus actos y cometió el grave error de incumplir una orden de suspensión de actividades ordenada por un tribunal de Amparo, lo que permitió a la Procuraduría General de Justicia promover por orden de un juez federal, una acción penal por el desacato, para lo cual debe solicitarse a la Cámara de Diputados el desafuero del funcionario acusado. La realidad es que hay una acusación penal que debe tramitarse, previo procedimiento de desafuero. Quien alguna vez, en una de sus reuniones matutinas con la prensa, se calificara a sí mismo como "indestructible", por no tener "cola que le pisen", se colocó en el camino más vulnerable de todos los que transitan los políticos que encabezan las encuestas de preferencia popular, como es caer en la ilegalidad, en este caso por desobedecer una orden de un tribunal de Amparo. A pesar de ser abogado y de tener algunos distinguidos abogados como sus asesores, Agustín Ortiz Pinchetti, entre otros, Andrés Manuel López Obrador, cometió un error elemental que los jefes de Gobierno del DF deben cuidar con esmero, como alcaldes de la gran ciudad capital: no incurrir en desacato de órdenes del Poder Judicial Federal. Desde la época del arbitrario pero inteligente Ernesto P. Uruchurtu, el más soberbio de todos los que han gobernado el DF, la regla fundamental era no buscarle pleitos a la Suprema Corte, porque era darse topes con la pared. Uruchurtu mantenía un equipo de abogados encargado exclusivamente de vigilar el cumplimiento de todos los amparos que los ciudadanos afectados promovían por cientos en contra del entonces Jefe del Departamento del Distrito Federal, precisamente por sus órdenes arbitrarias e ilegales. Nunca incurrió en desacato, a pesar de que acostumbraba aprovechar la noche para abrir nuevas vialidades en terrenos privados sin expropiarlos o para destruir construcciones que le estorbaban para sus planes, pero tuvo siempre la precaución de respetar las órdenes de Amparo. Nunca se le conocieron actos de corrupción y siempre mostró indiferencia a la posibilidad de ser candidato del PRI a Presidente, sabedor de que su carácter autoritario lo hacía insoportable y por ello, no podía ser un buen candidato. Su buena estrella declinó cuando su soberbia le impulsó a desobedecer al Presidente Díaz Ordaz, quien lo cesó con la misma rapidez como Uruchurtu actuaba ilegalmente en contra de los ciudadanos del DF. Pero nunca incumplió una resolución de Amparo, porque sabía que era un pleito que nunca podría ganar, por la evidente ilegalidad del funcionario que incurre en desacato de un Amparo, la falta más grave prevista por la Ley de Amparo. AMLO se dejó llevar por su soberbia y porque su juventud le impidió conocer la interesante historia de Uruchurtu y de su cuidadosa y prudente relación con el Poder Judicial Federal. Su falta de experiencia como gobernante y como autoridad en general, le negó a AMLO la posibilidad de aprender lo que todo político que desea seguir siéndolo aprende desde el principio de su carrera: nunca pretender engañar al Poder Judicial Federal, porque éste tiene armas que pueden destruir la carrera política de cualquiera. Acostumbrado a organizar marchas tumultuarias y mítines desordenados durante su juventud dentro del PRI, AMLO confundió la selva tropical y la impunidad de Tabasco con la complejidad de la capital del país, que obliga a los políticos con poder, sobre todo cuando se es parte de la oposición, a ser respetuosos de los derechos de los demás o a aceptar las consecuencias. En la larga era del PRI, el Poder Judicial Federal siempre fue implacable en contra de los funcionarios de segundo o inferior nivel, aunque nunca con el Presidente de la República, porque a éste lo protege la Constitución. Pretendía la Suprema Corte demostrar una independencia que en la realidad no existía, aplicando la ley sin demora en contra de los funcionarios importantes, pero de segundo nivel. Por eso era durante décadas una regla importante nunca desacatar las decisiones del Poder Judicial. A pesar de que estamos en un régimen distinto al del PRI, con un campo mayor para la democracia y las competencias electorales sin la mano negra de la autoridad, AMLO olvidó que un funcionario respaldado por un partido de oposición debe ser doblemente prudente y cuidadoso, porque cualquier error será usado en su contra necesariamente, sin clemencia ni lástima. Eso ocurre en todos los países que han logrado el juego democrático que permite que partidos de oposición lleguen al poder. Cuando Clinton decidió aprovechar las retozonas oportunidades que la joven Lewinski le ofrecía generosamente, hizo a un lado la prudencia y estuvo a punto de perder la Presidencia, por olvidar que un secreto entre dos ya no es secreto, cuando hay otro partido político que espera un error para hacer un escándalo y quitar votos y respaldo popular al funcionario en el poder. El problema de Clinton fue mentir a una autoridad judicial. Franklin D. Roosevelt perdió el apoyo de casi todos los legisladores de su partido político con mayoría en el Congreso, porque pretendió usarlos y aumentar con un cambio legislativo en 1936 el número de jueces de la Suprema Corte, para lograr una mayoría favorable en ese tribunal que decidiera favorablemente los juicios contra las nuevas leyes del "Big Deal", cuya constitucionalidad era discutida ante el Poder Judicial por los afectados. Ese error le costó a Roosevelt no poder obtener la aprobación de ninguna ley importante, después de su fallido intento de "rellenar" la Suprema Corte con jueces amigos y complacientes, no obstante su gran popularidad. Richard Nixon se vio obligado a renunciar, al probarse que había mentido al Congreso en declaraciones bajo juramento, relativas al espionaje ordenado por el mismo Presidente para vigilar a sus oponentes políticos. AMLO no estuvo a la altura de la importancia de su cargo público. Al ser acusado, primero negó haber desacatado la orden del juez federal que le ordenó suspender los trabajos de construcción de una calle en terrenos de particulares. Si no había desacato, no había nada que temer. Pero la PGR presentó a la Cámara de Diputados pruebas de que a pesar de la orden judicial, los trabajos continuaron y entonces AMLO adujo que todo es una acción política en su contra, otro complot más, tendiente a impedirle ser candidato presidencial en 2000, lo cual es evidente, pero una acción siempre válida en el mundo complicado de la política, en el cual los errores no se perdonan, se aprovechan. Si AMLO desacató una orden judicial, como parece ser, los partidos políticos contrarios al suyo disfrutarán la oportunidad de deshacerse del candidato más peligroso para el 2006 y lo empujarán hasta el 2012, con la esperanza fundada de que para entonces las circunstancias políticas del país lo hagan menos peligroso. Si sus partidarios le han perdonado a AMLO los pecados de corrupción de sus subordinados, descubiertos ante el público de la televisión por los videos expuestos una y otra vez a todas horas del día, sus oponentes no le perdonarán el error de no haber cumplido una orden judicial de Amparo que no podía darse el lujo de desobedecer. A pesar de la reciente condena penal a Carlos Ímaz, uno de sus funcionarios más cercanos y afines, sorprendido por los videos de los sobornos, la opinión pública sigue a favor de AMLO, tal vez para seguir recibiendo los beneficios que éste ha repartido a manos llenas, al fin que se trata de dinero del Gobierno. Los diputados del PRI y del PAN probablemente no dejarán pasar la oportunidad de sacarlo del camino hacia Los Pinos en 2006, quitándole el fuero constitucional que le protege contra el proceso penal que le ha preparado la PGR, con lo cual quedará impedido para ser candidato, pero con apego a la ley que AMLO descuidó obedecer. Es importante recordar que AMLO no desaprovechó la oportunidad que se le presentó para sacar del PRD y de la competencia política a Rosario Robles, cuando se demostró que la ex Jefa de Gobierno del DF sucumbió gustosa a los susurros románticos de un contratista que sobornaba a altos funcionarios del DF para obtener los contratos de obra pública que le permitían ser un magnate de las obras públicas y del futbol, con avión privado y amante influyente. Al retirar su apoyo a la señora Robles, AMLO le demostró que los errores políticos se pagan de inmediato, cuando se descubren y se hacen públicos. El error y descuido del soborno-seducción aceptado por Rosario Robles fue su entierro político, de la misma manera como puede ser el de AMLO su error de incumplir una orden judicial que estaba obligado a cumplir. La estrategia actual de AMLO es ya desesperada, aunque astuta. Pretende que la opinión pública perciba su proceso de desafuero como una maniobra política sucia en su contra, que debe ser eliminada por eso, por ser sucia y malintencionada y porque él, la "esperanza" de la ciudad desahuciada, puede ser el cambio que el país espera, para crear en todo el país un proyecto distinto de gobierno, pero cuyas características, explicadas el domingo en su discurso en el gran mitin en el Zócalo capitalino, son medidas populistas que implican un mayor gasto público sin respaldo fiscal, al estilo Luis Echeverría. La gran marcha hasta el corazón de la gran ciudad, muy concurrida, probablemente en nada afectará a la posibilidad de su desafuero. Lo que los diputados discutirán y decidirán en septiembre, será si existen pruebas que justifiquen que el Jefe de Gobierno del DF sea procesado, para lo cual debe quitársele la protección de su fuero. Ya será responsabilidad de un juez federal decidir si es culpable de desacato a una orden judicial de Amparo o si no hay pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad. Dicho de otro modo, los diputados sólo deben decidir si existen elementos que justifiquen el proceso penal en contra de AMLO o si las pruebas aportadas por la PGR son insuficientes para presumir el desacato. Es difícil que la mayoría de los diputados niegue el desafuero solicitado por la PGR, tomando en cuenta que el PRD tiene pocos diputados y en cambio, el PRI y el PAN tienen holgada mayoría y se supone que tienen intenciones de deshacerse de un rival político que casi con seguridad ganaría a cualquiera de sus posibles oponentes en la elección de 2006, en la cual Roberto Madrazo, actual dirigente del PRI, espera ser el candidato de su partido, a pesar de tener sólo un 30 por ciento de la preferencia del público encuestado, contra el 60 por ciento de la preferencia expresada a favor de AMLO. La gran marcha del domingo indica que sí hubo desacato a la orden de Amparo, ya que en caso contrario no habría peligro, ni de desafuero, ni de sentencia condenatoria. El "rayo de esperanza" se encuentra en una peligrosa tormenta.