Las concesiones del transporte deben eliminarse

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Gilberto Yáñez

Durante la larga era el PRI, especialmente hace 60-70 años, los gobiernos federal y los estatales crearon el sistema de concesiones a los taxis y transporte público de pasajeros, urbano o foráneo, para controlar a los concesionarios y convertirlos en sirvientes del PRI. En Mazatlán, durante varias décadas, los concesionarios de los taxis y autobuses urbanos eran los choferes propietarios, quienes los manejaban y en el caso de los taxis, conocían a su clientela y sus clientes le tenían confianza, aún para enviar paquetes y mensajes a otras personas cuyos domicilios eran lejanos. Posteriormente, el sistema degeneró y los concesionarios eran empresarios con varios vehículos, que empleaban a choferes a cambio de una cantidad fija diaria, más el pago de la gasolina del vehículo.
Ahora los empresarios retan al Gobierno estatal e imponen las tarifas que desean. Este nuevo sistema propició una dependencia y una relación de corrupción con los funcionarios públicos estatales, quienes a cambio de otorgar múltiples concesiones para el transporte público recibían compensaciones, regalos y sobornos. Esto lo sabe todo sinaloense que lee periódicos, escucha noticias o platica con los taxistas y con los usuarios del servicio.
Ahora, los taxis y transportistas urbanos de pasajeros son empresas que dependen del Gobierno estatal para su funcionamiento, pero saben que existe una relación de beneficio mutuo con la autoridad estatal. Yo te autorizo los vehículos que me pidas, pero estás obligado a prestarme servicios de transporte cuando se requiera para actos de gobierno o partidarios. Dicho de otro modo, el sistema originalmente bien intencionado se prostituyó, lo que produjo como obligada consecuencia el mal servicio y el abuso de los transportistas y sus choferes al público usuario del servicio, quien sabe que es inútil protestar por los abusos, porque la autoridad estatal está interesada en conservar la dependencia del concesionario, cuando sea requerido.
Durante su campaña electoral, el entonces candidato Mario López Valdez ofreció cambiar la relación autoridad-ciudadanos, para mejorar la convivencia y los servicios públicos. "El gobierno del cambio". Ese ofrecimiento a los votantes y no otra cosa le permitió ganar la elección. Uno de los principales problemas del atraso de Sinaloa es el transporte público, autobuses y taxis y en Mazatlán también las "pulmonías" y las "bronquitis" y en el resto del estado los abusos de los concesionarios que pretenden evitar a los constructores y empresarios la compra y uso de sus propios vehículos, para que estén obligados a contratar los servicios de los transportistas empresarios protegidos por el Gobierno estatal.
En Mazatlán, desde hace cuando menos 20 años, los constructores y empresarios rechazaron la absurda intención de los transportistas y no existe problema para que cualquier empresa tenga su propios vehículos, como ocurre en todo el mundo civilizado. La autoridad estatal ha presionado a los empresarios del norte del estado para que acepten las ridículas pretensiones de los transportistas, quienes deben entender que las calles no son de su propiedad ni de las autoridades y que cada empresa tiene el derecho de transportar sus productos sin necesidad de verse obligada a pagar por ello por el abuso combinado de los sindicatos del transporte -que en realidad son empresas- y la autoridad estatal.
El último bloqueo de un transporte turístico contratado por la empresa naviera que llegó a Mazatlán hace una semana, puede ser la ridícula causa de que los barcos de turismo dejen de arribar a Mazatlán. El incumplimiento del Gobierno estatal de modernizar el sistema de transporte público sería el directo responsable de esa tragedia para los prestadores de servicios turísticos en general y sobre todo para los transportistas turísticos, cuyos vehículos especializados cuestan dos o tres millones de pesos cada uno. Un vehículo turístico fue detenido por varias "pulmonías", cuyos choferes pretenden competir con un servicio moderno, seguro, adecuado para el turismo.
¿Qué se requiere para que el Gobierno estatal decida eliminar las nocivas concesiones y autorice a quien lo desee la prestación de servicios turísticos o de transporte en general, siempre y cuando garantice los daños a los usuarios y a terceros, la seguridad del pasajero o de la carga y la prestación de un servicio turístico que los taxis y sus similares no pueden ofrecer. ¿Debe Sinaloa mantener el sistema arcaico y corrupto de las concesiones del servicio de transporte urbano, cuando el Gobierno federal está ya otorgando a los transportistas nacionales de carga y de pasajeros los permisos que requieran para la modernización de su servicio público. Más empleos, más vehículos vendidos, mejor servicio a los turistas con vehículos especiales y adecuados. Modernidad y rechazo del atraso, del abuso y de la corrupción.
Lo que en el pasado sirvió para controlar a los transportistas al servicio del PRI y del Gobierno estatal, debe cambiar, modernizarse y eliminar la corrupción y las influencias con regalo. En muchos servicios al público Sinaloa está atrasado. Modernizar el transporte urbano y turístico ayudaría a atraer turistas. Solo se necesita voluntad para cumplir el principal ofrecimiento de campaña. El candidato empeñó su palabra. Ahora debe cumplirla.