Los colonos señalaron que es la sexta ocasión en que agentes fronterizos lanzan bombas lacrimógenas a territorio mexicano

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Geovanni Osuna

Cuando los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos lanzaron gases lacrimógenos contra los habitantes de la colonia popular Libertad, ubicada en lo que se conoce como la parte baja de Tijuana, limítrofe con San Diego, se configuró un delito extra muros, una muestra del poco o nulo respeto al Derecho Internacional que tiene el vecino del norte.
Los colonos señalaron que es la sexta ocasión en que agentes fronterizos lanzan bombas lacrimógenas a territorio mexicano con el argumento de cuidar su integridad y responder así a las agresiones, pedradas, de que presuntamente son objeto.
La delegación regional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos abrió una queja en noviembre pasado por considerar que este tipo de situaciones ponen en peligro no sólo la salud sino el patrimonio de los colonos que viven en las inmediaciones de la garita de Tijuana.
La Secretaría de Relaciones Exteriores manifestó en un comunicado que el gobierno de México emprenderá una investigación exhaustiva sobre estos hechos que han afectado las viviendas de residentes mexicanos en la frontera, con la finalidad de, sobre esa base, tomar las medidas que sean pertinentes.
Pero siendo honestos, la falta de cooperación de Estados Unidos no permitirá atender a los asuntos relacionados con la frontera y, en un clima agresión unilateral, estas acciones son, además de inútiles, inaceptables. Nada puede hacerse ante una política discriminatoria hacia un país, entiéndase ciudadanos, considerados inferiores.
Entonces, haciendo nuestro mea culpa, ¿cuánto se hace para mejorar las condiciones internas de México que permitan que exista una mejor calidad de vida?
Por ejemplo, la reforma laboral que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha bautizado ahora como iniciativa de los sectores contempla nuevas modalidades de contratos individuales de trabajo, para que se establezca contratación por temporada o a prueba; esquemas para que los patrones y empleados puedan convenir la ampliación de la jornada diaria (qué ironía) y cambios en la operación de las juntas de conciliación y arbitraje para que, por ejemplo, se reduzca de 90 a 45 días el plazo para que caduquen los juicios laborales.
En este proyecto se plantea la simplificación de las obligaciones patronales en materia de capacitación y adiestramiento; el establecimiento del banco de horas y la modificación de la jornada diaria de trabajo por acuerdo entre patrones y trabajadores; suprimir el escalafón ciego e impulsar la multihabilidad de los empleados para que puedan realizar varias funciones, dizque como medidas para incrementar la productividad y la competitividad del país.
Asimismo se señala que para que una organización pueda depositar su contrato colectivo de trabajo deberá presentar su registro otorgado por las autoridades, o no lo podrá hacer, y que el registro de los sindicatos puede cancelarse por no proporcionar informes a las autoridades respecto de su actuación y por no informar cada seis meses de altas y bajas de sus miembros.
¿Acaso no hay muchos, y no exclusivamente en la frontera, que no sólo les llueven bombas, sino sobre mojado? Pensemos también en nuestra propia frontera Sur, de qué manera tratamos nosotros a los migrantes.
Recientemente la comisionada del Instituto Nacional de Migración, Cecilia Romero, reconoció la participación del Ejército Mexicano en los para detener indocumentados centroamericanos, aunque justificó este involucramiento como un apoyo al organismo que se tiene contemplado en la legislación.
Romero señaló que de acuerdo con las disposiciones legales, únicamente el personal del INM puede participar en la detención de personas para revisar su situación migratoria, y en aquellos casos en los que participan miembros del Ejército o elementos de otras corporaciones policiacas están obligados a notificar de inmediato a la autoridad migratoria.
Sin embargo, más allá de las responsabilidades que jamás recaerán en los "responsables". No hay seguridad ni certeza jurídica para los más desvalidos. ¿Se puede encontrar un término entre las nuevas realidades sociales que englobe esta debacle ante la búsqueda de la gente trabajadora?
Ante tanta adversidad existen actualmente contextos laborales que favorecen el acoso moral, ámbitos en los que no solo propician un acoso y una mala organización sino que, en éstos escenarios cobran mayor importancia las prácticas de dirección de empresas, corrupción en todos los ámbitos, prácticas que son más que poco claras, son francamente perversas y que constituyen a su vez una especie de autorización implícita a las conductas perversas individuales.
Esta es la realidad que nos compete. Las conductas desarrolladas por ciertas personas propiciadas por envidia, celos, rivalidad, hacia otras personas que suelen ser las víctimas, tratando de infundirles a éstas miedo, baja autoestima, inadaptabilidad, aislamiento, sentimientos de desvalorización, con la única finalidad de que tarde o temprano estas personas renuncien a su trabajo o les priven de sus legítimas aspiraciones, y el escenario perfecto para este tipo de personas es el trabajo, un pretexto ideal para el ataque personal.
El hecho de que los valores de nuestra sociedad hayan cambiado ha posibilitado este tipo de comportamiento. No se puede vender los principios. No podemos exigir sin dar. Hoy como ayer la gente se desplaza, va de un lado a otro, para poder tener una vida mejor. Al menos exijamos el derecho a un trabajo digno para compatriotas y también para los extranjeros que buscan una oportunidad en nuestro país.