Los conductores se estacionan en lugares prohibidos, rebasan los límites de velocidad

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Gilberto Yáñez

En los últimos treinta años, la población y el número de vehículos en las ciudades de Sinaloa ha aumentado notoriamente. Sin embargo, las autoridades municipales y estatales y sobre todo, los legisladores, nada han hecho para mejorar la circulación urbana y regular a los conductores incumplidos de las escasas reglas de tránsito que tenemos, propias del Sinaloa de los años 50.
Todos los conductores se estacionan en lugares prohibidos, rebasan los límites de velocidad y demuestran un desprecio enfermizo en contra de los peatones, a quienes consideran hormigas que molestan en su camino.
Sólo en Culiacán existe una calle principal en la cual no se permite el estacionamiento y aunque durante muchos años fuimos testigos de que los conductores hacían lo que querían sin sanción alguna, parece que ahora la Obregón ya es una avenida adecuada al tránsito vehicular que padece nuestra capital.
En el resto del estado, las autoridades municipales, ahora preocupadas por las cuentas que los ciudadanos les haremos de sus omisiones y errores, dejan sus escritorios sin darse cuenta del abandono en que tuvieron durante sus tres últimos años, el problema creciente de la vialidad urbana.
Recordemos que ahora, desde hace cuando menos 255 años, el tránsito de vehículos y personas en nuestras ciudades es un asunto municipal, en lo que se refiere a la aplicación de las normas legales aprobadas por el Congreso estatal. Por su parte, las autoridades estatales tienen la responsabilidad de organizar y mantener el censo vehicular y de licencias para conducir, para lo cual expiden las costosas e inútiles dobles placas para los vehículos, así como la tarjeta de circulación y las licencias para los conductores. Pero son las autoridades municipales quienes deben aplicar la ley y el reglamento de tránsito, así como sancionar a los infractores.
El primer problema evidente es la falta de policías de tránsito suficientes para vigilar y ordenar el tránsito urbano. La demostrada limitada capacidad intelectual de los alcaldes y sus subalternos, utilizada para los altos niveles de la política de rancho que practican, les impide darse cuenta de que en todo el mundo, los sueldos de los policías se pagan con las infracciones de tránsito que se aplican a los incumplidos, así como con el pago de los derechos por placas y licencias para conducir.
Por supuesto, en el mundo civilizado no existen como en el próspero México, dos tipos de policías: tránsito y preventiva, a cual más de las dos de incapaces para realizar su labor con eficacia, porque los sueldos que reciben son insuficientes y hasta ofensivos y porque las autoridades se empeñan en eludir el problema más grave del país.
Obviamente, tener dos policías implica un doble gasto administrativo que según los policías de Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa con los que he platicado, es un gasto que ellos no pueden pagar, porque no son ricos como México, según comentan con ironía. El problema es que esta ridícula costumbre nuestra de tener dos policías nació desde hace muchos años, probablemente como una reacción promocional poco inteligente a la llegada de la era del automóvil en el Distrito Federal, de donde la copiamos como changos, como era nuestra costumbre durante toda la larga era del PRI.
Pero además del gasto adicional que significa tener doble clase de policías, resulta que ello produce una obvia consecuencia: los policías preventivos no vigilan el cumplimiento de las reglas de tránsito y los policías de tránsito no se atreven a intervenir en problemas de incumplimiento del Bando de Policía, mucho menos en casos graves de delincuentes robando comercios o a ciudadanos en la calle.
Gastamos más, con menores resultados que quienes hacen las cosas bien, con una sola policía que debe ser eficaz y al servicio de los ciudadanos.
Entre paréntesis, gastar en dos placas para cada vehículo es algo que desaparece en los países civilizados, en donde el ahorro administrativo es importante. Una placa atrás es suficiente. Los delincuentes lo primero que hacen es quitarle las placas al vehículo robado que utilizan en sus delitos. Nada aporta el gasto de las dos placas y ese dinero podría ser usado en mejorar los sueldos de los policías.
En segundo lugar, nuestras autoridades municipales sinaloenses tienen aparentemente una fobia especial a cumplir su obligación de regular la circulación de vehículos y personas en las calles de nuestras ciudades.
Aparentemente, la consideran un asunto denigrante y sucio, poco importante, indigno de su valiosa atención, cuando en la realidad es un problema que tiene una especial cercanía con los ciudadanos, porque quien no es conductor de vehículos es peatón y sufre la falta de vigilancia que ha alcanzado niveles de burla a los ciudadanos, que dicho sea de paso, somos también electores.
Cuando en Mazatlán tuvimos la primera administración del PAN, todos en el Puerto esperábamos que por fin tendríamos orden en las ciudades y mejoría evidente en el servicio de seguridad pública.
Algo se logró, en honor a la verdad muy poco, pero los problemas de tránsito fueron probablemente considerados denigrantes para el primero y después para los tres alcaldes del PAN que hemos tenido en Mazatlán. Nadie quiere saber nada de tránsito y los del PRI que se han intercalado como alcaldes han incurrido en el mismo desprecio por la seguridad vial de los peatones y conductores. En resumen, no les interesa, a pesar de su importancia y de la observación y reprobación vigilante y constante de los ciudadanos.
Una observación breve de lo que hacen los policías de tránsito, nos enseña los trucos de que se valen para aumentar su magro salario. Se colocan en los cruceros importantes, en donde no faltan señoras descuidadas que se pasan la luz amarilla del semáforo o de plano la roja, por platicar con sus amigas con el teléfono celular. Diez minutos después, el policía despide a la señora con un gesto de condescendencia y se guarda en su bolsillo el billete que la extorsión le dejó.
Otra costumbre de ejercicio frecuente en Mazatlán por los policías de tránsito es esconderse detrás de una de las palmeras del paseo costero y esperar sólo unos pocos minutos para que alguien pase a velocidad superior a 40 kilómetros por hora, que es el límite muy discutible pero obligatorio. Esa vigilancia especial es más redituable y con menos espectadores que en los cruceros del centro de la ciudad.
La estrategia del conductor veloz y culpable de la infracción de tránsito, pero con experiencia, es igualmente astuta: reconocer su culpa y aceptar con notorio arrepentimiento que el policía le quite una placa por su grave proceder, ya que no trae consigo la tarjeta de circulación.
Como ello implica perder mucho tiempo en el cual de policía de tránsito perdería también a cuatro o cinco clientes correlones, invariablemente el policía magnánimamente amonesta al conductor compungido y le conmina a no exceder en el futuro los límites de velocidad establecidos, pero lo despacha rápidamente sin quitarle la placa y sin infracción, para pescar a otro ingenuo y veloz conductor.
El resultado de la legendaria corrupción de los policías de tránsito es terrible: inculca en los ciudadanos la noción de que es mejor corromper y corromperse que sufrir una infracción de tránsito y pagar la multa respectiva.
El fraude a la ley, la impunidad del incumplimiento de la norma obligatoria, crea en los ciudadanos la costumbre de recurrir a la corrupción para evitar las consecuencias de nuestros malos e ilegales actos, que frecuentemente se repite en casos graves de accidentes de tránsito, en donde hay muertos o heridos graves, pero cuyos culpables nunca son castigados porque tuvieron el cuidado de sobornar al policía de tránsito que elaboró el reporte del accidente.
La impunidad y la corrupción que la acompaña son una enfermedad social grave que lamentablemente en México tenemos ya como epidemia sin control. Esa corrupción no requiere necesariamente que haya una entrega de dinero a la autoridad, sino también el intercambio de influencias y encubrimientos que distorsiona la convivencia social.
El ejemplo más claro es el desorden que desde hace décadas persiste en Mazatlán, con la operación de vehículos adecuados para turismo por una parte, los vehículos que hacen el servicio del aeropuerto a la ciudad, por otra parte, y en un tercer grupo, los taxis de la ciudad, que se empeñan en tener un monopolio que en alguna forma lo propician los defectos de la ley, redactada para controlar a los choferes y dueños de taxis organizados en su sindicato, para que en la siguiente elección voten a favor del PRI.
Gobernador tras gobernador han evitado solucionar el problema como se ha hecho en todos los países civilizados: los taxis de la ciudad no pueden prestar el servicio de turismo porque se requieren vehículos amplios, cómodos, con aire acondicionado, autobuses y vehículos especiales que los taxistas locales no tienen, porque sólo ofrecen vehículos diminutos, incómodos e inútiles para transportar a personas acostumbradas a otros servicios adecuados a los turistas de todo el mundo civilizado.
La libertad regulada de la prestación de servicios de transporte es la única solución que permite proporcionar a los turistas un servicio adecuado. Las concesiones, permisos y autorizaciones exclusivas que esconden un monopolio que propicia el mal servicio, dañan a los turistas, a los hoteleros y a los mismos taxistas que prestan un servicio urbano que los turisteros no pueden ni quieren proporcionar.
Todos los funcionarios responsables de poner orden a la violencia que ha desatado la impunidad de los taxistas fingen amnesia y rehúsan cumplir con su obligación de ordenar los servicios de turismo y de transporte urbano. Por supuesto, ningún Alcalde, de ningún partido político, quiere enfrentar el problema como debe ser: aplicando la ley y buscando reformarla cuando sea necesario, si acaso los legisladores locales se deciden a trabajar algún día.
Otra queja muy frecuente de conductores y peatones por igual, es la falta de autoridad para evitar la circulación ilegal de los usuarios de bicicletas.
Sin placas, sin luces, sin vergüenza y sin preocupaciones por su propia seguridad y la de los conductores que frecuentemente están a punto de atropellarlos, los ciclistas en todas las ciudades de todo el estado se han convertido en un problema importante que las autoridades insisten en soslayar, probablemente porque forma parte del problema general que es el tránsito urbano y que les produce urticaria.
Circular en sentido contrario, incumplir las reglas de los semáforos, transportar carga inadecuada o arriesgar la vida de niños, son ejemplos diarios del caos en que las autoridades han convertido el tránsito urbano de vehículos y bicicletas, ahora aumentado notablemente con la asombrosa multiplicación de motocicletas, que diariamente en Sinaloa cobran vidas de jóvenes que olvidan que una moto es una invitación al desastre.
Antonio Caso enseñaba que la imitación es la base del progreso. Con un poco de imaginación y si se toman la molestia de visitar algunas de las ciudades que han superado en México y en otros países el problema urbano y el tránsito de personas y de vehículos, nuestras autoridades municipales y estatales podrían perder lo aldeano y empezar a pensar en solucionar un problema que afecta su imagen pública mucho más de lo que ellos piensan. Jóvenes mujeres en motonetas que circularan fácilmente por el centro de las ciudades infraccionando a los conductores que incumplen las restricciones de estacionamiento, es un primer paso para encontrar soluciones prácticas para un problema complejo pero evidente.
Otro paso es obligar a todos los empleados y funcionarios de los municipios y del gobierno estatal a respetar las reglas y señales de tránsito o perder su empleo. Ser empleado municipal o estatal parece conferir a una persona en Sinaloa una patente de impunidad que se ejerce estacionando su vehículo en lugares prohibidos, sin importar las consecuencias. Las administraciones municipales que empiezan el próximo primero de enero están a tiempo para diseñar y aplicar reglas elementales de vigilancia y cumplimiento del reglamento de tránsito que han dejado de ser aplicados en Sinaloa.
Es indispensable prohibir el estacionamiento en ambas aceras de las calles estrechas de las ciudades y ya es también tiempo de eliminar el estacionamiento en las calles y avenidas cuya vialidad debe estar libre para el tránsito expedito de vehículos.
Renovar a los policías de tránsito corruptos con mujeres jóvenes adecuadamente capacitadas, ha dado muy buen resultado en otras ciudades. Está comprobado que las mujeres son más resistentes a la corrosión de la corrupción. Una computadora que lleve el control de las infracciones y una persona que cobre y embargue a propietarios de vehículos que no paguen a tiempo su multa, produce efectos mágicos.
Pero todo programa de acciones de gobierno requiere de un elemento indispensable: tener interés en solucionar el problema y tener interés en mejorar el servicio público de seguridad pública, del cual el tránsito y la seguridad peatonal son elementos indispensables. Obligar a los propietarios de lotes y edificios a reparar las banquetas es algo elemental que nunca se les ha ocurrido a muestras autoridades municipales.
Los turistas extranjeros que visitan Mazatlán se quejan de las banquetas rotas o a desnivel, a pesar que es obligación de los propietarios mantener las banquetas en condiciones de seguridad razonables. El contraste de sus autoridades de su país de origen, interesadas en el bienestar de los gobernados y el notorio desinterés de nuestras autoridades, no puede ser más contrastante.
El problema del tránsito urbano en las ciudades de Sinaloa es tan grave, que un Alcalde inteligente que empieza su período puede realizar un trabajo rápido y positivo haciendo frente al problema y buscando soluciones prácticas y eficaces que hagan evidente que hay interés en mejorar el caos que ahora tenemos.
El capital político que representa es evidente. Sólo hace falta tener voluntad y un poco de inteligencia para aprovechar la oportunidad de demostrar que se trabaja por mejorar un añejo problema que tiene solución y que en Sinaloa ha sido abandonado durante décadas por incapacidad administrativa.