Los crímenes de la corrupción
07 junio 2009
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No es irresponsable, ni siquiera es aventurado suponer que el origen remoto de la tragedia de Hermosillo, en que anteayer murieron 35 niños y por lo menos 20 más están en riesgo, gravemente lesionados, es la corrupción.La guardería ABC en que ocurrió el estrujante desastre era un establecimiento subrogado por el Instituto Mexicano del Seguro Social.
La ley permite a ese organismo hacer que particulares presenten servicios que no está en condiciones de ofrecer directamente, ya sea por falta de recursos materiales o humanos, o por no agrandar la plantilla laboral.
La subrogación se basa en contratos que deben licitarse o asignarse directamente, y cuyo resultado asegure que las prestaciones a los derechohabientes se ofrezcan en forma adecuada.
En el caso de la guardería incendiada anteayer posiblemente se actuó ilegalmente, situación que debe establecer con claridad la indagación ordenada por el Presidente de la república, amén de la que en el fuero común emprendan las autoridades de Sonora. Sólo de ese modo se explica la aceptación de que el local donde debían prestarse cuidados y resguardo a niños de muy escasa edad, que requieren instalaciones y trato profesional, haya sido antes una maquiladora y se haya conservado la estructura metálica de una nave industrial.
La ubicación en una zona fabril era asimismo inadecuada y parece estar en la causa inmediata de la tragedia, pues la quemazón se habría iniciado en un taller adjunto.
Las informaciones iniciales indican que la guardería no contaba con sistema alguno de prevención y seguridad.
De no ser por la pronta actuación de vecinos voluntarios, la dimensión del negro acontecimiento hubiera sido mucho mayor, pues las paredes pudieron venirse abajo aplastándolo todo.
A lo largo de los años no han dejado de expresarse denuncias por manejos inadecuados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Si bien es posible identificar en esa iniciativa la defensa y promoción de su propio interés mercantil, no puede dejar de señalarse que las Farmacias Similares, el gran negocio de Víctor González Torres, el doctor Simi, comenzó su Movimiento nacional contra la corrupción a partir de sus tratos con el IMSS, signados por ese vicio ancestral y en apariencia inextirpable.
La gravedad de la corrupción en ciertas zonas de la administración pública, y del IMSS en particular, pone en riesgo la vida y la salud de las personas.
Hace no mucho, cuando todavía estaba Juan Molinar Horcasitas al frente de ese instituto, se abrió una licitación internacional en que se permitió a los postores no probar que contaban con las instalaciones correspondientes, sino comprometerse a construirlas en caso de ganar el concurso.
Esa decisión, ha insistido Alberto Barranco Chavarría, "colocaba en peligro la vida de 4 mil 500 pacientes en opción de hemodiálisis interdiaria para sobrevivir", El Universal, 3 de junio.
Quizá Molinar Horcasitas halló obstáculos en el Seguro Social que no pudo remover.
Tal vez le ocurre lo mismo en la Secretaría de Comunicaciones, algunas de cuyas áreas están minadas por decisiones del ex Secretario Luis Téllez, llevado a presidir la Bolsa Mexicana de Valores por algunos de los sujetos que presuntamente él regulaba desde la SCT.
Justamente en los días de enero en que estallaba, todavía en privado entonces, el conflicto con Purificación Carpinteyro, Téllez designó director de aeronátuca civil a Héctor González Weeks.
El nuevo funcionario poseía experiencia en el ramo, desde la operación empresarial. Pero su trayectoria no era la mejor.
Había trabajado en Cintra, el consorcio que agrupó a Mexicana y Aeroméxico, y en Aerolitoral.
Su desempeño más reciente, sin embargo, había ocurrido en Aerolíneas Mesoamericanas, Alma, que tuvo que suspender sus operaciones por quebrantos financieros apenas en noviembre de 2008, sólo unas semanas antes de su paso al sector público.
A González Weeks le ha tocado, en este semestre al frente de la aviación civil, enfrentar la enésima crisis de esa industria.
Además de sus problemas estructurales, nunca resueltos, el aerotransporte de pasajeros se ha encarecido por diversos factores, como el alza en el precio de los combustibles, que las empresas buscan paliar disminuyendo el costo de su mano de obra, al punto de buscar la eliminación del contrato colectivo de trabajo, como pretendió Mexicana.
De nuevo la fusión de las grandes líneas aparece en el horizonte inmediato como una solución al menos temporal de sus dificultades, agravadas en las semanas recientes por la crisis sanitaria.
Se prevé asimismo el que se unan las empresas nuevas de bajo costo, Interjet y Volaris, cuyos propietarios, Miguel Alemán y Pedro Aspe, tuvieron presencia en el sector público y en la política, lo que al parecer podría otorgarles alguna ventaja sobre otras aerolíneas.
Esta última afirmación se deriva de las aireaciones externadas por Eduardo Morales Mega, propietario de Aviacsa, la empresa que esta semana derrotó el intento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de mantenerla en tierra.
El 2 de junio una orden de la SCT paralizó las actividades de esa aerolínea, que ha perseverado en el dificultoso campo de la aviación civil desde que fue creada en los años setenta por el gobierno del doctor Manuel Velasco Suárez para suplir la falta de servicio aéreo de las grandes líneas a Chiapas.
Después de varias visitas de verificación a sus condiciones de seguridad, la última de las cuales termino el 29 de mayo, la autoridad determinó el martes siguiente la suspensión de los vuelos que realiza la flota de 25 aparatos de Aviacsa.
La decisión, según la empresa puesta en práctica antes de que se cumpliera el plazo de cinco días, se entiende que hábiles, para enmendar las deficiencias señaladas por la SCT, dejó en tierra a cientos de pasajeros que con razón mostraron su irritación con la aerolínea, que vendió boletos para fechas en que podría haber estado paralizada.
Viajeros y aerolínea sufrieron pérdidas por una decisión que un juez federal consideró infundada, según lo declaró al otorgar la suspensión provisional que permitió a Aviacsa reemprender sus vuelos el viernes por la noche.
La Secretaría de Comunicaciones, aun antes de emprender las acciones legales correspondientes, solicitar la revisión del amparo y presentar una queja ante el Consejo de la judicatura, embistió contra el juez que echó abajo su decisión.
El director jurídico de la SCT, Gerardo Sánchez Henkel, hizo notar que el juez actúa en Ciudad Valles, "donde ni siquiera hay aeropuerto", como si eso tuviera que ver con el conflicto legal y ha otorgado la reapertura de giros negros en Monterrey.
Sánchez Henkel llegó al extremo de responsabilizar al juzgador por los accidentes que puedan ocurrir a la empresa amparada.
Sánchez Henkel estuvo en las noticias por otro asunto, presumiblemente causado por la corrupción de personal jurídico a sus órdenes.
Quince abogados de su dependencia están suspendidos y sujetos a una investigación porque probablemente actuaron con desidia en beneficio de Iusacell, el consorcio telefónico de Ricardo Salinas Pliego.
Esa empresa obtuvo la suspensión provisional en un juicio ante el Tribunal de justicia fiscal y administrativa contra la resolución de la SCT de licitar 2 bandas del espectro de telefonía móvil.
La Unidad de asuntos jurídicos debía impedir que la provisional se convirtiera en suspensión definitiva, pero los abogados encargados de hacerlo practicaron el tortuguismo y el término para iniciar el recurso estuvo a punto de vencer.
De no haberse iniciado la segunda instancia, Iusacell continuaría en posibilidad de seguir arrendando sus propias bandas, lo que le representa millones de pesos.
De allí que se presuma que los abogados en cuestión no actuaron por ineptitud sino porque se les aceitó la mano.
Sorprende por ello que el secretario Molinar Horcasitas haya exculpado de antemano a la empresa de Salinas Pliego, asegurando que la indagación se limita a establecer la responsabilidad de los funcionarios en entredicho.
Si se trata de cohecho, cabe tanta responsabilidad al que mata la vaca como a quien tiene la pata.
La importancia de denunciar públicamente la corrupción quedó probada con la renuncia de un funcionario de PEMEX, causada por una información de Reforma a la que habremos de referirnos.
El pasado presente.
El 4 de junio de 1969, el jueves se cumplieron 40 años de la tragedia, un avión de la Compañía Mexicana de Aviación se precipitó contra un pico en la sierra que rodea a Monterrey, a donde llegaba poco después de las 8 de la mañana, procedente de la Ciudad de México.
Entre los pasajeros, en que se hallaban un alto funcionario del Gobierno federal, Raúl Chapa Zárate, director de tránsito en la SCT y el astro del tenis Rafael Osuna, El pelón, figuraban de modo sobresaliente el licenciado Carlos Alberto Madrazo Becerra y su esposa la señora Graciela Pintado.
De ese modo violento, que ahora su hijo Roberto considera un crimen de Estado, sin afanarse en probarlo, concluyó la vida de uno de los políticos más significativos del sistema de poder que rigió a México durante la mayor parte del Siglo 20.
Madrazo, que vivió una existencia azarosa entre triunfos y fracasos pudo haber anticipado la transformación de ese sistema 20 años antes de que buscara el mismo objetivo Cuauhtémoc Cárdenas, que sí arrostró la empresa de construir un movimiento que caminara en esa dirección.
Madrazo nació en Villahermosa, cuando todavía se llamaba San Juan Bautista, denominación que le fue cambiada por los aires jacobinos de Tomás Garrido Canabal, el mismo que para no acudir al santoral católico bautizó a uno de sus hijos como Triunfo de la Verdadera Libertad.
Educado en ese ambiente, muy joven se trasladó a la Ciudad de México, donde se convirtió en dirigente del movimiento radical que pretendía encaminar al socialismo a la Revolución mexicana.
Se le señaló como partícipe en una balacera que las brigadas rojas, el grupo de choque del garridismo, emprendieron contra fieles que salían de misa dominical en el centro de Coyoacán. Ante la vaguedad de los señalamientos, no se le siguió proceso por ese acontecimiento, que sin embargo se asoció a su carrera. Vinculado al ala izquierda del cardenismo, fue secretario particular del Jefe del Gobierno central Javier Rojo Gómez, quien lo impulsó a una diputación federal en 1943.
No se trataba sólo de la carrera política de un joven prometedor. Rojo Gómez se alistaba desde entonces para ser candidato presidencial del Partido de la Revolución Mexicana, y con ello recuperar la línea de acción emprendida por Lázaro Cárdenas, que había entrado en receso, eso al menos creían los seguidores del Tata, con la presidencia moderada del general Manuel Ávila Camacho.
Emplazar algunas de sus piezas en la Cámara de diputados era crucial para el regente de la Ciudad de México.
También lo percibió así el secretario de Gobernación Miguel Alemán, que se percató del intento de Rojo Gómez y resolvió neutralizarlo.
Tomó la decisión después de comprobar que Madrazo se había convertido en líder de la fracción revolucionaria de la Cámara, capaz de destituir al presidente de la mesa directiva, Herminio Ahumada, yerno de José Vasconcelos y valido del Presidente Ávila Camacho, por lo cual encarnaba la corriente anticardenista del régimen.
Se montó una maniobra contra Madrazo, que arrastró a 2 legisladores más: Sacramento Joffre y Jorge Téllez Vargas.
Se le acusó de hacer negocio con los permisos para trabajadores temporales en Estados Unidos que en efecto manejaban los diputados como parte de su servicio a los electores.
Cayeron presos aun sin ser desaforados, quedaron de ese modo inhabilitados para trabajar políticamente a favor de Rojo Gómez y se hundieron cuando en 1945 el PRM proclamó su candidato a Miguel Alemán Valdés.
Poco después Madrazo aceptó una tarea pública de escasa monta, la dirección de la escuela nacional de bibliotecarios, refugio burocrático desde donde esperó el advenimiento del Gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, de quien obtuvo autorización para volver a la política.
El General Miguel Orrico de los Llanos, Gobernador de Tabasco, un militar sin experiencia política lo admitió como su consejero y no tuvo empacho en que fuera su sucesor, circunstancia favorecida por la temprana opción de Madrazo por Adolfo López Mateos.
Entre 1958 y 1964, la energía acumulada del tabasqueño se manifestó en la transformación de su estado, al que modernizó sin alteración de su vocación agropecuaria.
La construcción de presas y de caminos dio a Tabasco una identidad nueva, más vinculada a la del resto de la república.
Muy difundido el éxito de su obra constructiva, Madrazo fue invitado en 1964 por Gustavo Díaz Ordaz a dirigir el Departamento del Distrito Federal.
Pero a última hora el flamante Presidente cambió de planes e hizo al tabasqueño líder del PRI, donde surgieron las naturales contradicciones entre el autoritarismo presidencial y las nociones de apertura que alentaban ya en el ex Gobernador.
Expulsado del mando priista, Madrazo pretendido fundar un nuevo partido, en una iniciativa que fue bien recibida sobre todo en ambientes juveniles. Pero no se resolvió a dar el paso definitivo.